Jair Bolsonaro y su equipo se han dado toda la prisa que han podido para que su controvertida reforma de la seguridad social pasara la criba del Congreso Nacional antes del 14 de junio, pero el calendario se les ha echado encima y esa es la fecha marcada para la primera huelga general convocada contra las medidas de su gobierno. Han pasado tan solo cinco meses y medio de legislatura.

El Ejecutivo no consigue convencer a los diputados, todavía en fase de Comisión Especial de Reforma de la Seguridad Social –antes de cerrar definitivamente el texto que será votado en la Cámara baja–, de todos los puntos del documento. Poco o nada se habló sobre este tema durante la campaña electoral del año pasado, conscientes todos los candidatos de que tratarlo en mítines y debates era adentrarse en arenas movedizas. En las 81 páginas del programa con el que Bolsonaro se presentó a las elecciones, solo una mencionaba esta reforma, resumiéndolo en que "la gran novedad será la introducción de un sistema de cuentas individuales de capitalización", sin mayores explicaciones.

A la hora de la verdad, resultó que la reforma de la seguridad social era la principal arma de Bolsonaro y su ministro de economía, Paulo Guedes, para asegurar las cuentas públicas durante los próximos años y la capacidad económica de hacer frente a todos sus proyectos. La cifra mágica del ahorro que maneja y repite Guedes, esa que se obtendrá después de apretar el cinturón a los trabajadores, es la de un billón de reales. El mensaje gubernamental es que sin reforma de la seguridad social, no hay nada. Después de la reforma, vendrá todo lo demás.

Como era de esperar, la mayoría de la clase política asume la necesidad de una actualización, pero no todo el mundo está de acuerdo en las formas. En el sistema político brasileño, los diputados y senadores que tienen que aprobar medidas como esta, han sido votados individualmente por sus electores –listas abiertas–, han sido elegidos y deben justificar su elección, formando parte además de diferentes bancadas y grupos parlamentarios, algunos de los cuales se le están atragantando al nuevo mandatario a la hora de negociar.

Bolsonaro y Guedes se reparten el tiempo y las misiones. El primero se ha reunido esta semana con la mayor patronal de Brasil, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), mientras que el segundo ha intentado seguir acercando posturas con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (del partido Demócratas), clave en todo este enredo y cada vez con más focos sobre él.

Bolsonaro ha aprovechado la semana de la huelga para participar en un encuentro empresarial con la principal patronal del país, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP). Rovena Rosa

La propuesta de Guedes y Bolsonaro "pretende poner fin al sistema solidario de la seguridad social, perjudicando a la población económicamente más vulnerable", indica en una nota pública de apoyo a la huelga la Associação Juízes para a Democracia (Jueces para la Democracia). "La capitalización propuesta pretende recoger la contribución del trabajador para un ahorro individual", continúa el texto, "que servirá para costear su propia jubilación, exonerando al Estado y al empleador del pago de sus actuales contrapartidas". Este detalle, en un país en el cual treinta y siete millones de personas trabajan en la informalidad –sin contrato, sin cotización–, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, significa dejar a mucha gente atrás.

Otro de los puntos que resaltan desde Juízes para a Democracia, aparte de la informalidad laboral, es la pésima calidad del empleo ofertado, teniendo en cuenta que únicamente podrán optar a la jubilación integral, al cien por cien, los trabajadores que acumulen cuarenta años cotizados: "Lo cual impide que aquellos contratados de forma precaria (tercerizados, temporales, intermitentes) por autorización de la reforma laboral, puedan obtener el beneficio".

La gran unión sindical del primero de mayo 

Los sindicatos llevan calentando motores desde el primero de mayo, día en el que se anunció la huelga general, encabezados por dos organizaciones políticamente distantes, que nunca habían estado tan unidas: la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Força Sindical. Manejan previsiones optimistas. En la ciudad de São Paulo, motor económico del país, se espera que los servicios de transporte se vean afectados en gran medida, después de que los sindicatos de trabajadores del metro, de autobuses y del sistema ferroviario hayan anunciado que secundan el paro.

Eso sí, están amenazados por dos resoluciones judiciales que han fijado servicios mínimos de un 80% de media. Tal y como ha transmitido el General Otávio Rêgo Barros, portavoz del presidente Jair Bolsonaro, "la Presidencia de la República, por medio del gabinete de seguridad institucional, se coloca a disposición de los estados que sufran eventualmente los impactos de esta acción para no vernos sobrepasados y mantener a la sociedad en las mejores condiciones posibles".

Desde los sindicatos se realizan los últimos esfuerzos de movilización de cara al viernes. El presidente de la Central Única de Trabajadores, Vagner Freitas, ha recalcado que: "La huelga general es de todos. Este viernes día 14 no se va a trabajar, es día de quedarse en casa, día de cruzar los brazos y decir que no aceptamos ataques a nuestros derechos". Miguel Torres, presidente de Força Sindical, ha añadido que, al contrario de lo que viene anunciando el Gobierno de Bolsonaro, "si la reforma es aprobada, los privilegios continuarán".

Esta huelga general, a pesar de todas las razones que ha ofrecido Bolsonaro a los sindicatos para convocarla con sus antipopulares medidas, tendrá un tope de seguimiento, que ronda el cincuenta por ciento de la población, y que esta marcado por la división social que define a Brasil en el ultimo lustro. Un seguimiento por encima de esa cifra podría considerarse un éxito, ya que certificaría que parte de los votantes del líder ultraderechista están comenzando a arrepentirse de haberle colocado al frente de la nación.

Se espera que los seguidores de Bolsonaro, a través de las redes sociales, ejerzan de contrapunto apoyando al presidente, que despedirá el viernes y la tan esperada jornada de respuesta social en el estadio de Morumbi (São Paulo). Allí tendrá lugar la inauguración de la Copa América 2019, con el partido que enfrenta a las selecciones de Brasil y Bolivia.