El arresto de dos soldados israelíes a mediados de julio en el festival de música electrónica Tomorrowland, celebrado en Bélgica, ha supuesto un hito en la creciente presión de la sociedad civil para que Israel rinda cuentas por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza. Si en 2024 la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de defensa, Yoav Gallat, ahora las denuncias han descendido a través de la estructura militar para alcanzar a los mandos del Ejército por las decisiones que toman en el campo de batalla y a los soldados de menor rango por los actos y abusos cometidos.

Muchas de estas querellas son presentadas por la Fundación Hind Rajab, que persigue crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza y, en menor medida, por la Global Legal Action Network (GLAN), que amplía estas denuncias a ámbitos como la justicia ambiental o los abusos cometidos por grandes empresas en conflictos armados. La estrategia de estas organizaciones es ambiciosa. Consiste en presentar varias denuncias contra los sospechosos en países signatarios del Estatuto de Roma y que apliquen de forma efectiva la jurisdicción universal en su territorio.

A día de hoy, unos 125 Estados han firmado y ratificado el Estatuto de Roma, entre los cuáles se encuentra España. Con ello se comprometieron a apoyar la creación de la CPI y a aceptar su jurisdicción en sus territorios. A efectos prácticos, esto supone la colaboración de sus instituciones con la CPI para investigar y juzgar delitos muy graves, como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El documento, además, delimita en qué consisten dichos delitos, sus condenas, y en base a qué pruebas, pueden ser juzgados. Israel y EEUU, pese a firmar dicho acuerdo en 1998, no llegaron a ratificarlo, de modo que no aceptan la jurisdicción del Alto Tribunal en sus territorios.

Los crímenes contra la humanidad también pueden ser juzgados en aquellos países que reconozcan estos delitos dentro de su código penal y que apliquen de forma efectiva la jurisdicción universal. Este principio permite a un país investigar y juzgar estos crímenes a pesar de que no se hayan cometido en su territorio y aunque ni los acusados ni las víctimas sean sus ciudadanos.

Fue la aplicación de este principio lo que permitió la detención de los dos soldados israelíes en Bélgica. Tras conocerse que ambos se encontraban en el festival de música Tomorrowland –agitando entre el público una bandera de la unidad del ejército a la que pertenecen–, la organización Global Legal Action Network (GLAN) y la Fundación Hind Rajad (HRF), hicieron un llamamiento público para que las autoridades belgas los detuvieran. Las denunciantes interpelaron a la obligación legal del país europeo de tomar cartas en el asunto como firmante de la Convención sobre el genocidio de 1948, del Estatuto de Roma y en cumplimiento de su propia legislación penal. Las peticiones surtieron efecto: los soldados sospechosos de cometer crímenes de guerra fueron arrestados e interrogados por la policía belga. Al día siguiente, volvieron a Israel. 

El caso sienta precedentes para que otros países que aplican la jurisdicción universal en su territorio procedan igual. Pudo haberlo hecho Portugal durante la visita al país del francotirador israelí Dani Adonya Adega, este verano. El militar ha sido investigado por la HRF por el asesinato de civiles en la Franja de Gaza durante el corto alto al fuego que tuvo lugar a principios de año. El silencio del país luso da a entender que lo dejó escapar. En cambio, Chipre aún está a tiempo de seguir los pasos de Bélgica. Según informó la HRF en la mañana del 25 de julio, el paracaidista Tameer Mulla, a quién acusan de haber cometido crímenes de guerra, se encuentra en la isla desde el 18 de este mes.

En los últimos meses, la Fundación Hind Rajab ha comenzado a estudiar una nueva vía para llevar ante los tribunales a los sospechosos de cometer crímenes graves contra los palestinos. En un mensaje difundido en su cuenta de X en octubre de 2024, confirmó que habían presentado denuncias contra soldados israelíes en aquellos países en los que los investigados tienen doble nacionalidad. "La impunidad debe terminar en todas partes", afirmaron. De momento, no ha trascendido si algunas de estas denuncias se han admitido a trámite. En cambio, sí se han conocido los avances en la investigación de uno de los crímenes de guerra que más impacto tuvieron fuera de la Franja de Gaza, y que fue la razón por la que se creó la Fundación: el asesinato de Hind Rajab y su familia.

El crimen que conmocionó al mundo, en manos de la CPI  

Hind Rajad era el nombre de una niña palestina de cinco años asesinada por el Ejército de Israel el 24 de enero de 2024. El coche en el que se desplazaba junto a su familia fue atacado por un tanque israelí. La niña fue la última en fallecer. Sus últimos momentos de vida quedaron registrados en la llamada que hizo a la Media Luna Roja. Las agónicas horas que pasó aferrada al teléfono se convirtieron en un símbolo de la matanza injustificada de civiles en la Franja de Gaza. A finales de julio de 2025, la cifra de niñas y niños palestinos asesinados a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asciende a 17.000. No se incluyen aquí los fallecimientos por las consecuencias de la guerra, como enfermedades no tratadas o falta de alimento.

Varias investigaciones independientes han tratado de esclarecer los hechos que acabaron con la vida de Rajab. El medio SkyNews realizó un estudio de las imágenes satelitales del lugar del ataque y concluyó que las FDI dispararon deliberadamente contra el coche en el que se encontraba la niña y su familia, como también lo hicieron contra la ambulancia de la Media Luna Roja que se dirigía al lugar de los hechos pese a que las autoridades israelíes le habían dado luz verde para pasar.

Otras dos investigaciones, una de la organización Forensic Architecture y otra de Earshot, demostraron que el tanque israelí había disparado unas 300 balas a menos de 20 metros del coche en el que viajaba Rajab. Ambos estudios concluyeron que era muy probable que el francotirador que mató a la familia supiera que en el coche había niños.

Pese a que las autoridades militares israelíes aseguraron que investigarían el caso, no ha trascendido ninguna información sobre los avances de estas pesquisas. Fue con el objetivo de esquivar la impunidad, localizar a los asesinos de la familia y denunciar crímenes similares que en marzo de 2024 se creó en Bélgica la Fundación Hind Rajad. Desde entonces, Israel ha arremetido contra su director y secretario general, Dyab Abou Jahjah y Karim Hassoun, por su afinidad con el grupo armado libanés Hezbolá, considerado terrorista por Tel Aviv, Washington y Bruselas.

El pasado mes de mayo, la Fundación anunció que habían identificado al comandante del batallón responsable del ataque en el que Hind Rajad fue asesinada: el teniente coronel de la 401º Brigada Acorazada, Beni Aharon. La HRF denunció al coronel ante la CPI por la supuesta comisión de crímenes de guerra y solicitó a su fiscalía que emitiera una orden de detención contra él. De momento, se desconoce si la CPI ha admitido a trámite la denuncia. En el caso de que aceptara investigar estos hechos, cualquier país que haya ratificado el Estatuto de Roma, podría detener e interrogar a Aharon si pisa su territorio, tal y como hizo Bélgica con los dos soldados que asistieron al festival Tomorrowland.

Sin embargo, ya existe el precedente de un país que ha eludido esta responsabilidad: Hungría. El pasado mes de marzo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contra quién existe una orden de detención internacional interpuesta por la CPI, viajó a Budapest en visita oficial. Hungría, como firmante del Estatuto de Roma debía haber detenido al dirigente israelí en su territorio. En cambio, el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Víktor Orbán, ignoró este mandato.

Otras denuncias en la CPI

El Alto Tribunal también tiene en su poder las denuncias que la Fundación presentó contra otros altos mandos del ejército israelí. Uno de los más famosos es Yehuda Vach, un general de brigada considerado como un hombre leal a Netanyahu. La Fundación Hind Rajab presentó ante la fiscalía de la CPI dos informes en los que, aseguran, incluyeron pruebas sobre los presuntos crímenes cometidos por Vach. Entre ellos, la aplicación de una "zona de muerte" ilegal en el Corredor Netzarim, en Gaza, en el que los francotiradores bajo su mando habrían disparado contra civiles, incluídos niños.

Según la organización, "la denuncia se basaba en poderes notariales obtenidos de las familias de dos niños palestinos que fueron ejecutados sumariamente por las tropas de Vach. Las pruebas incluían grabaciones de vídeo geolocalizadas, testimonios de supervivientes, comunicaciones interceptadas y patrones de conducta corroborados por la división bajo su mando".

Además, se le acusa de tomar partido en la demolición de un hospital y de ser uno de los principales responsables de la matanza sistemática de civiles en los puntos de distribución de ayuda humanitaria entre mayo y junio, así como de la masacre de Tel al-Sultan, en la que 15 trabajadores humanitarios –incluido personal de la agencia de Naciones Unidas, UNRWA– fueron asesinados.

 Denuncias en tribunales nacionales con jurisdicción universal  

Las de Beni Aharon y Yehuda Vach son sólo algunas de las muchas querellas que, de acuerdo a la página web de la organización, han presentado contra centenares de altos cargos del gobierno y del ejército de Israel. Además de los países firmantes del Estatuto de Roma, la HRF ha hecho de los países que aplican la jurisdicción universal unos de sus principales campos de batalla. Varios países de América Latina han resultado ser tierra fértil para estas denuncias. Los casos llevados a la justicia de Perú, Argentina o Brasil, son ejemplo de ello. 

El pasado mes de junio, el Ministerio Fiscal de Perú abrió una investigación formal por genocidio contra un soldado israelí –se desconoce el nombre– a raíz de las evidencias presentadas por la Fundación. En Argentina, la HRF presentó una denuncia contra el soldado Amit Nechmya, del Batallón Rotem de la Brigada Givati por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Según la denuncia, Nechmya utilizó a prisioneros palestinos como escudos humanos en la Franja de Gaza, saqueó viviendas de civiles y campos de refugiados, desplazó forzosamente a la población palestina de sus territorios y destruyó infraestructuras civiles.

En enero de 2025, Nechmya fue visto en Nepal de vacaciones. La Fundación solicitó entonces a las autoridades del país que lo detuvieran y lo extraditaran a Argentina, donde se encuentra abierta su causa. La petición no tuvo éxito y Nechmya volvió a Israel.

HRF también terminó recurriendo a la jurisdicción argentina en el caso del soldado Yuval Vagdani. El miembro de las FDI viajó de vacaciones a Brasil a finales del año pasado. Tras conocer esta información, HRF presentó una denuncia penal contra Vagdani en el país latinoamerican por la destrucción de viviendas y otros bienes de civiles en Gaza, lo que, según el artículo 8 del Estatuto de Roma, constituye un crímen de guerra. El Tribunal Federal de Brasil pidió a la policía investigar la denuncia. Como firmante del Estatuto de Roma, el gigante sudamericano podía abrir diligencias en su país contra un ciudadano extranjero por crímenes contra la humanidad, como así hizo. Esto obligó a Vagdani, siempre según HRF, a acortar sus vacaciones en Brasil y viajar apresuradamente hasta Argentina. Allí, la organización presentó otra denuncia penal, por los mismos motivos, contra Vagdani, quien finalmente viajó hacia Israel.

Un tweet de HRF aseguró que otros muchos soldados israelíes con presuntos crímenes a sus espaldas, han estado viajando por Europa de vacaciones. Entre sus destinos, aseguran, también se encontraba España.