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La Justicia argentina prepara los procesamientos de Sabag y Uliarte por intentar asesinar a Cristina Fernández

La jueza y el fiscal no tienen dudas de que la mujer fue la líder política del hombre que disparó la pistola.

2/9/22 Miles de personas se congregan para protestar en Argentina contra el magnicidio fallido de Cristina Fernández de Kirchner, a 2 de septiembre de 2022.
Miles de personas se congregan para protestar en Argentina contra el magnicidio fallido de Cristina Fernández de Kirchner, a 2 de septiembre de 2022. Victoria Gesualdi / Europa Press

Este lunes comienza el procesamiento de Fernando Sabag y Brenda Uliarte, acusados de intentar asesinar a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La jueza María Eugenia Capuchetti trabaja en el texto y habrá un dictamen del fiscal Carlos Rívolo. Como ya se anticipó, la imputación será por tentativa de homicidio agravada por el uso de armas y, todo lo indica, por premeditación y alevosía.

El cargo por premeditación se debe a las pruebas de planificación y espionaje previo, mientras que la alevosía viene justificada porque, a 35 centímetros de distancia, la vicepresidenta estaba indefensa. A esto se agrega la posesión ilegal de la Bersa —la pistola utilizada— y la provisión de balas.

De todas maneras, todavía hay que esperar el texto definitivo. Por el momento, la jueza y el fiscal no tienen dudas de que Uliarte fue la líder política de Sabag, porque en su teléfono aparecen frases como "Basta de quedarse haciendo el vago. Hay que tirarle molotovs a la Casa Rosada".

"Tenemos que generar hechos, no protestas", afirma Brenda en distintos mensajes. En los próximos días estarán los resultados de la investigación sobre todos los móviles que están en poder de la Justicia argentina, así como las cámaras de seguridad. Eso podría abrir nuevas perspectivas.

Son numerosos los interrogantes en los que tienen que trabajar la jueza, el fiscal y los equipos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), organismo que depende de la Corte Suprema de Argentina, también denominada Comodoro Py.

Un punto clave es la presencia de otros integrantes del grupo en la esquina de Juncal y Uruguay el día del ataque y los días anteriores. Hay imágenes que exhiben a un tercer miembro de la banda de los copitos, pero los investigadores no están seguros de quién es.

Está claro que Sabag y Uliarte hablan con él. A primera vista, parece Nicolás Gabriel Carrizo y eso habrá que verificarlo con la localización que dan los teléfonos. Será también imperioso aclarar que otros miembros del grupo estuvieron ahí.

Hay un obstáculo en esta búsqueda. Sabag y Brenda, por ejemplo, tenían varios móviles, algunos robados. Las carcasas aparecieron en el segundo registro de la vivienda de Sabag, junto con otras partes rotas. Hay que ver si en esos días usaron esos teléfonos adicionales. Pero lo mismo vale para el resto de los integrantes del grupo: es posible que hayan entregado un móvil a Comodoro Py, pero que usaran otros.

El dato más importante que se busca es si alguien les dio dinero, no con el objetivo tal vez de matar a Cristina Fernández, sino para financiar a ese grupo violento y opositor. Sigue sin estar claro de qué vivían los que simulaban ser vendedores de copitos: Brenda vendía imágenes eróticas y Sabag cobraba 60.000 pesos (casi 420 euros) por el alquiler de una propiedad que le dejó su madre, fallecida en 2017.

Pero eso no explica el dinero con el que se movían. Como anticipó Página 12 en su edición del domingo, ni Sabag ni Uliarte tenían trabajo y pasaban horas y horas sin hacer nada. A él se le encontró pornografía infantil en el móvil y, sobre todo, imágenes de zoofilia, que —según testigos— era a lo que dedicaba más tiempo. Ella se volcó muchísimo en la política, pero también pasaba muchas horas participando en las redes y vendiendo sus fotos y vídeos.

Entre el lunes y el martes descargarán los contenidos de los teléfonos —en especial el de Brenda— y eso puede poner en marcha otras investigaciones. Habrá que ver a qué conducen. Por ahora, se cerrarán los procesamientos y se verá si la localización de los móviles suministra elementos para ordenar, por ejemplo, la detención de alguien más del grupo.

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