Este artículo se publicó hace 3 años.
Matanza de los JesuitasEl Supremo revisa la sentencia por la matanza de los jesuitas en El Salvador
El excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, fue condenado a 133 años y cuatro meses de prisión como responsable de los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.
Madrid-Actualizado a
El Tribunal Supremo revisa este miércoles la sentencia que condenó al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años y cuatro meses de prisión como responsable de los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.
Cinco magistrados se reúnen a primera hora para la deliberación y fallo del recurso de casación de la defensa del excoronel contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que lo condenó como responsable de haber planeado y ordenado, junto a la cúpula castrense de su país y el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), la matanza.
En el juicio, Montano se desmarcó de cualquier decisión, diseño o ejecución de los asesinatos, de los que nunca fue informado por nadie, ni por los militares ni mucho menos por Alfredo Cristiani.
Pero, los magistrados aseguran que los ocho asesinatos "fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública", quien participó en la decisión por la cual se "transmitió la orden de realizar las ejecuciones al coronel director de la Escuela Militar", Guillermo Benavides, un mando medio que es el único condenado en El Salvador.
La resolución condenó al excoronel Montano, único dirigente del alto mando enjuiciado por estos hechos en nuestro país, como autor de cinco delitos de asesinatos de carácter terrorista. Pero a sus 78 años, en silla de ruedas (era trasladado al juicio en ambulancia) y con un delicado estado de salud (diabetes y cáncer de vejiga), su horizonte en prisión es una incógnita, donde permanece desde 2017 cuando fue entregado por EEUU.
Y mientras esto sucede en España, en El Salvador la Corte Suprema ha cerrado la causa penal contra el resto de los autores intelectuales a los que señala la sentencia española, una decisión que ha recurrido la Fiscalía que, además, ha pedido la recusación de los magistrados que acordaron el archivo, dos jueces suplentes.
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