En ningún otro país del mundo la inmigración ha tenido un papel tan relevante como en el Estado de Israel. La llamada a todos los judíos del mundo para emigrar a la Palestina histórica, renombrada como Israel, se encuentra en la base misma de su creación. Pero mientras a mediados del siglo XX las nuevas generaciones de israelíes se arraigaban en el territorio de Oriente Medio, las tensiones con la población autóctona palestina y con sus vecinos árabes se acrecentaban. Despojados de sus tierras y sometidos a un régimen apartheid, la resistencia palestina tomó las armas para combatir la colonización.

Entre el canto de sirenas de la "Tierra prometida" para los judíos y los ecos del genocidio perpetrado en la Franja de Gaza por el Gobierno del –cada vez más autoritario– primer ministro, Benjamín Netanyahu (Likud), el saldo migratorio de los israelíes se inclina cada vez más hacia la emigración. De acuerdo a los últimos datos del Centre Bureau of Statistics (CBS) de Israel consultados por Público, en 2024 emigró el mayor número de israelíes del país de toda la serie histórica, iniciada en 2010: un total de 82.800 personas.

En el mismo periodo se mudaron a Israel alrededor de 24.200 personas de otras partes del mundo. Esta diferencia entre quienes llegaron a vivir a Israel –o a los territorios palestinos ocupados– y los que emigraron al extranjero, nunca había sido tan grande. El país, con una población censada de casi 10 millones de personas se redujo en aquel año en 58.600.  Desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, han salido del país 120.700 israelíes.

Un artículo del Jerusalem Post, publicado en octubre de 2024, explicaba que dicho déficit respondía, en el caso de los cristianos –la segunda población israelí más numerosa después de los judíos– a un sentimiento de marginalidad que podrían estar experimentando en la sociedad israelí "por no ser judíos". Cabe señalar que, desde su creación, el Estado de Israel vive en una suerte de guerra intermitente con los grupos nacionalistas palestinos –al principio seculares, como Fatah y posteriormente islamistas, como Hamás o la Yihad Islámica–.

Desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025 han salido de Israel 120.700 ciudadanos

La tensión constante, aunque desigual, entre las fuerzas militares israelíes y los grupos armados palestinos lleva años perpetuándose y ha alcanzado las mayores cotas de violencia durante los gobiernos del ultraderechista Benjamín Netanyahu, en el poder entre 1996 y 1999 y desde 2009 hasta la actualidad, con excepción de unos meses entre junio de 2021 y diciembre de 2022.

El último informe del CBS muestra su primer dato en 2010, lo que cubre toda la gestión de Netanyahu en el siglo XXI. Durante ese periodo, un número cada vez más grande de israelíes ha salido del país. En 2023, cuando tuvieron lugar los ataques de Hamás del 7 de octubre, la cifra de quienes se marcharon del país se disparó, superando por primera vez la barrera de las 50.000 personas. Tras la matanza, las políticas cada vez más autoritarias –censura, represión policial, continuación de la guerra ad infinitum– y genocidas del gobierno de Netanyahu han llevado a un clima cada vez más hostil dentro del país. 

Todo ello, explicó a este periódico el experto en la región y director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), Haizam Amirah, dificulta la seguridad de los israelíes en la región y aleja la normalización de las relaciones de Israel con su vecindario. De esta forma, el poder de convocatoria del proyecto migratorio israelí ha ido perdiendo fuerza frente a la realidad social del país.

¿Quién puede emigrar a Israel?

La inmigración masiva de judíos a Israel o a la Palestina histórica es conocida como la aliá. Sustentada sobre la ley del Retorno de 1950, constituye la base del sueño etnonacionalista de Theodor Herzl, considerado padre del sionismo. Esta norma, todavía vigente, facilita la migración de cualquier persona judía o de ascendencia judía a Israel. Pese a que el título de la ley apela al regreso o a la vuelta de los judíos a Israel –basándose en la referencia bíblica del exilio protagonizado por los descendientes de Moisés desde la Tierra Prometida hasta otros rincones del planeta–, quiénes pueden acogerse a ella no tienen por qué haber pisado anteriormente el territorio que Israel considera como suyo. 

La ley del Retorno se complementó poco más tarde con la de Ciudadanía, promulgada en 1952. Gracias a ella, los migrantes judíos que "retornan" pueden adquirir la nacionalidad israelí de manera casi automática. Sin embargo, quienes no puedan demostrar su judeidad deben residir durante tres años en el país y acceder a la nacionalidad a través de un examen en lengua hebrea. Desde 2003, una reforma de la ley de Ciudadanía impidió a los habitantes de Cisjordania y Gaza obtener de forma automática la ciudadanía israelí o el permiso de residencia tras contraer matrimonio con un ciudadano israelí. En la práctica, explica el historiador Ilan Pappé en su libro Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina (2024, Capitán Swing) esto significaba que los palestinos podían tener prohibido reunirse con sus cónyuges. 

Pero ¿qué significa ser "judío"? Esta es una pregunta ha sido objeto de debate para muchos pensadores del siglo XIX y XX. Irremediablemente, está relacionado con la adscripción religiosa de una persona, si bien esta no tiene por qué ser practicante. De hecho, es también una cuestión de práctica cultural y de tradición familiar. Por otro lado, para los precursores del sionismo, el judaísmo que deseaban extender en Oriente Medio tenía, además, una raíz europea. Algunos de los más importantes pensadores judíos del siglo XX, como Sigmund Freud, no comulgaban con esta idea. Como explicó el crítico cultural palestino, Edward W. Said, en la ponencia Freud y los no europeos celebrada en Londres en 2001, el padre del psicoanálisis se reconocía como judío y europeo, pese no creer que el judaismo, en tanto que identidad, tuviera una raíz europea.

La ley de Retorno aprobada por el primer Gobierno de Israel, bajo la batuta de David Ben-Gurión, simplificó las dudas filosóficas y las redujo a una cuestión de parentesco y confesionalidad. Para esta ley, judío es quien haya nacido de una madre judía, quien se haya convertido al judaismo –y no es miembro de ninguna otra religión– y quienes estén emparentados con alguna persona judía.

Para todos ellos, las facilidades para asentarse en el país van más allá de los derechos individuales que habitualmente se logran con la adquisición de la nacionalidad en una democracia representativa. Las entidades bancarias israelíes conceden préstamos con relativa facilidad a estos nuevos ciudadanos para ayudarles a construir un hogar. Además, el Estado otorga un subsidio –Sal Klitá– durante los seis primeros meses a los recién llegados y ayudas para los estudios universitarios o escolares, entre otras dádivas. Estas facilidades para entrar y asentarse en el país de quienes cumplen los requisitos del judaísmo chocan frontalmente con quienes profesan otras religiones, han renunciado a religión judía o provienen de países árabes.

Aliá vs. migración forzada y 'apartheid'

No todos los procesos migratorios hacia el Estado de Israel nacieron de la voluntad  genuina de quienes migraron. El repasar la historia de la creación del Estado sionista, el historiador israelí Ilan Pappé –exiliado en Inglaterra desde hace décadas– explica que uno de los problemas a los que se enfrentaron los primeros dirigentes del joven país fue el déficit demográfico. Y es que, pese al desplazamiento y exterminio de la población palestina en la primera mitad del siglo XX, la Palestina histórica –parte de la cuál fue convertida después en Israel– estaba mayormente ocupada por árabes palestinos.

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Laura Anido

Tras el desmembramiento de las comunidades judías europeas durante el Holocausto, los líderes sionistas decidieron poblar el nuevo Estado de Israel con árabes judíos provenientes de los antiguos estados que conformaba el Imperio Otomano. "Antes de 1948, los dirigentes sionistas no tenían una buena opinión de los judíos árabes, a quienes consideraban, en esencia, árabes", explica Pappé. No creían que ellos pudieran "ayudar a construir un puesto avanzado europeo en el territorio de Oriente Próximo". Sin embargo, atraer los judíos que habían emigrado de Europa a Gran Bretaña o EEUU durante las dos guerras mundiales parecía más difícil: "Estaban demasiado cómodos en sus casas", afirma el historiador.

Las técnicas que los líderes sionistas aplicaron para atraer a los judíos árabes fueron muy sofisticadas. A diferencia de lo que ocurría en la Europa del siglo XIX y el XX, donde el antisemitismo se propagó entre las sociedades cristianas, en algunos territorios árabes las comunidades judías vivían en relativa paz con sus vecinos musulmanes. "Habían prosperado allí, no habían experimentado el antisemitismo y se sentían tan árabes como sus vecinos", abunda Pappé. 

Uno de estos territorios era Iraq, donde se encontraba una de las comunidades judías más antiguas del mundo. Para forzar su traslado a Israel, el Mossad llevó a cabo, entre 1940 y 1950, varias operaciones terroristas de falsa bandera contra dicha comunidad. Estos atentados han sido objeto de muchas especulaciones, si bien parece haber un consenso entre los historiadores al señalar la responsabilidad de Israel en los hechos. Paralelamente, Israel llegó a un acuerdo secreto con el primer ministro iraquí, Nuri al-Said, para que aprobara leyes que discriminaban a los judíos, situación que aprovechó para "apoderarse de sus cuantisos bienes y capitales". 

Gracias a estas hostilidades y a otras maniobras aplicadas en los territorios árabes de Oriente Medio, durante los primeros años de vida del Estado de Israel emigraron a dicho territorio unos 650.000 judíos árabes. Esto permitió ajustar el déficit demográfico a favor de los fieles de la Torá. Eso sí, los nuevos israelíes, en tanto que árabes, fueron considerados ciudadanos de segunda, ubicados en ciudades periféricas empobrecidas y con acceso a trabajos poco cualificados. Sus hijos, explica el historiador israelí, fueron educados exclusivamente en hebrero y sometidos a un severo adoctrinamiento para "desarabizarlos". A día de hoy, señala Pappé, los israelíes descendientes de aquellos judíos árabes "forman uno de los mayores bloques de votantes de los partidos conservadores en Israel" y "han demostrado ser partidarios inquebrantables del sionismo, aunque todavía no hayan conseguido la igualdad".

En cambio, ninguna de estas prácticas han sido tan discriminatorias como las que se han aplicado en los últimos años a la población palestina en Cisjordania. A finales del siglo XX el Fondo Nacional Judío, creado por Theodor Herzl para financiar el movimiento sionista y con cientos de miles de hectáreas en propiedad, prohibió las transacciones de tierras con personas no judías. En 1950, la Ley de Protección de la Vegetación hizo imposible a muchos palestinos continuar con su actividad de pastoreo y agricultura en amplias regiones de Cisjordania. Antes del inicio del genocidio y del 7 de octubre, en 2011, durante el segundo mandato de Benjamín Netanyahu, el Knéset  –parlamento de Israel- aprobó la conocida como Ley de la Nakba, que obligaba a retirar los fondos a cualquier institución que conmemorase la migración forzada de unos 700.000 palestinos tras la fundación del Estado de Israel, en 1948. En 2018, la Ley Básica del Estado-Nación Judío rebajó el estatus del árabe, promovió la expansión de los asentamientos ilegales y reivindicó Jerusalén como capital de Israel.

Estas propuestas contravienen varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, es algo que, de facto, el gobierno de Netanyahu y sus socios fundamentalistas, Sionismo Religioso y Poder Judío, ya han logrado.