Este artículo se publicó hace 11 años.
La ONU urge a Israel a desmantelar sus colonias en Palestina
Una comisión de Naciones Unidas denuncia que la política de asentamientos del Ejecutivo hebreo constituye un crimen de guerra y viola los derechos de los palestinos
Las colonias de Israel en territorio palestino constituyen un crimen de guerra. Así de claro habla un equipo de investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La comisión internacional, auspiciada por la ONU, ha denunciado que la política de asentamientos israelí viola la Cuarta Convención de Ginebra y, con ello, los derechos de la población palestina.
"Estos crímenes corresponden de lleno a las provisiones legales del artículo 8 del estatuto de la Corte Penal Internacional, que es el de crímenes de guerra", explicó la jurista francesa Christiane Chanet, presidenta de la comisión que investiga el impacto de los asentamientos israelíes. Las colonias, según los expertos de la ONU, "están posibilitando una anexión progresiva que impide el establecimiento de un Estado palestino intercomunicado y viable, socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y discrimina de forma sistemática a la población, algo que ocurre a diario".
La comisión de la ONU exige a Israel que ponga fin "sin condiciones" a su política de asentamientos
"Transferir a su propia población a un territorio ocupado va contra el derecho a la libre determinación y si estamos ante un mapa vemos como los asentamientos rompen la continuidad de la tierra palestina", indicó Chanet en una rueda de prensa. Ante ello, el equipo de investigación, aprobado en marzo de 2012 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exige que "Israel debe, en cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, poner fin a toda su política de asentamientos sin condiciones".
Unas 250 colonias judías han sido levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967, con o sin autorización oficial, y se calcula que hay 520.000 colonos que residen allí. Según el informe, en la última década la población de colonos creció a un ritmo anual mucho más alto (5,3%) que la población en Israel (1,8%).
Chanet recalcó que los asentamientos "han sido establecidos y desarrollados en beneficio exclusivo de los judíos israelíes", y que su existencia reposa "en un sistema de total segregación entre los colonos y la población (palestina) local". Recordó que esos asentamientos implican que los palestinos tienen restringida su libertad de movimiento, pierden el acceso a los recursos naturales, sufren la demolición de sus viviendas y la destrucción de árboles.
Entre las especies que desaparecen están los olivos, que por generaciones han constituido la principal fuente de ingresos para muchas familias palestinas. Todo ello ocurre con "el total conocimiento y complacencia del gobierno", dijo la presidenta de la comisión. "Las autoridades (israelíes) tienen el pleno control de la planificación de las colonias y eso es obvio para todos", agregó.
Naciones Unidas calcula que hay 520.000 colonos en Cisjordania y Jerusalén Este
El grupo, que completan las juristas Asma Jahangir (Pakistán) y Unity Dow (Botsuana), ha denunciado asimismo la total falta de cooperación de Israel con sus investigaciones, cuyo Gobierno les ha negado cualquier autorización para entrar en los territorios palestinos. Eso obligó a las tres juristas a realizar parte de su trabajo desde Jordania, donde pudieron entrevistarse con abogados, funcionarios, diplomáticos y, sobre todo, personas que han sufrido directamente por la construcción de los asentamientos, como la confiscación de tierras, daños a sus medios de vida -incluidos los olivos- y agresiones por parte de colonos judíos, indica el documento.
Las Convenciones de Ginebra de 1949 prohíben el traslado de población civil a territorios ocupados y su contravención, recuerda el informe, podría considerarse crimen de guerra y entrar, por tanto, en las competencias de la Corte Penal Internacional. Por ello, según el texto, la posible ratificación del Estatuto de Roma, por el que se rige el CPI, por parte de Palestina -recientemente reconocida como Estado obsvervador no miembro por parte de la Asamblea General de la ONU- "podría conducir a un proceso de rendición de cuentas por las graves violaciones de Derechos Humanos y las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del derecho a la justicia para las víctimas".
El pasado mes de diciembre, Palestina acusó a Israel en una carta dirigida a Naciones Unidas de estar planificando nuevos "crímenes de guerra" mediante la expansión de los asentamientos. Tras la decisión de la Asamblea General de reconocer a Palestina, Israel anunció la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este, dos territorios que deberían constituir, junto con la Franja de Gaza, el futuro Estado independiente palestino.
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