La Fiscalía de Ragusa (Italia) ha notificado el cierre de la investigación preliminar a la ONG española Proactiva Open Arms y ha confirmado los delitos por favorecer la inmigración ilegal, además de añadir el de violencia contra la jefa de misión de la ONG Ana Isabel Montes y el capitán del barco Marc Reig.

La investigación comenzó a principios de año tras el rescate por parte del barco de Open Arms de 218 inmigrantes en el Mediterráneo Central y su negativa de entregarlos a la Guardia Costera de Libia ni de atracar en un puerto maltés.

En el auto de conclusión de las investigaciones, al que ha tenido acceso Efe, se confirma la investigación a Anabel Montes, que era la jefa de la misión en aquella ocasión y al capitán del barco que estuvo inmovilizado por orden de la magistratura durante algunas semanas en el puerto de Pozzallo (Sicilia).

Ahora los investigados tendrán 20 días para adjuntar nueva documentación tras la que los fiscales de Ragusa, Fabio D'Anna y Santo Fornasier pedirán ante un juez el cierre del caso o el envío a juicio.

Los fiscales están determinados a pedir el enjuiciamiento, según la defensa de la ONG española

Según la abogada Rosa Lo Faro, que asiste a Reig, los fiscales están determinados a pedir el enjuiciamiento como prueba que han añadido a las acusaciones "el delito de violencia".

Según el auto, el supuesto delito de "violencia" se justifica porque ambos "no tuvieron en cuenta las instrucciones dadas por el IMRCC (Centro de Coordinación) de Roma" de no intervenir en un rescate, y que incluso al final lo hicieron y, además, subieron al barco a los rescatados en otro evento.

Añade el auto que, a pesar de lo solicitado por las autoridades italianas y españolas, no solicitaron a las autoridades maltesas que les autorizaran a desembarcar o les indicaran un puerto seguro, tras lo que decidieron dirigirse a las aguas territoriales italianas "lo que obligaba a otorgarles el ingreso en un puerto territorial italiano".

La fiscalía confirma el delito de favorecer "la entrada en territorio italiano de 216 ciudadanos extracomunitarios".

"De nuevo acusados por la Justicia italiana de favorecer el tráfico de personas y violencia privada contra el Ministerio del Interior. Aún no acabo de comprenderlo. ¿Sería esta la violencia privada contra el ministro del Interior para los fiscales de Ragusa?", escribió en Twitter el director de la ONG, Oscar Camps, que incluyó imágenes de rescates en el Mediterráneo.

En abril de este año, el juez instructor de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, ordenó liberar al barco de la ONG y rechazó la orden de incautación confirmada el 27 de marzo por la fiscalía de Ragusa. Mientras, la investigación continuó para los dos miembros de Open Arms.

En aquel auto, el juez motivaba su decisión al afirmar que "no existe un puerto seguro en Libia" y que prueba de ello es "el persistente cuadro político interno y conflictivo, a pesar del reconocimiento internacional al gobierno de Fayez al Serraj".

Asimismo añadía que es conocida la "reticencia de las autoridades maltesas para cooperar con las peticiones de ayuda" al justificar por qué la ONG decidió no comunicar con Malta tras el rescate de los 218 inmigrantes.