De Orbán a Draghi: los impuestos a las grandes compañías son ya la norma en Europa

Se trata del mayor "populismo en material fiscal de Europa", ha asegurado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, poco después de que Pedro Sánchez anunciase la doble tributación sobre empresas energéticas y a los bancos para hacer frente a la ola de inflación récord que sacude a toda Europa a raíz de la guerra en Ucrania. Una medida, sin embargo, cada vez más generalizada en el grueso de la UE y lanzada por gobiernos de todos los cortes políticos.

Las compañías energéticas se posicionan como una de las grandes beneficiadas de estas crisis. La Agencia Internacional de Energía cifra en unos 200.000 millones de euros los beneficios que estas firmas podrían sumar en sus arcas este año debido al incremento de los precios del gas, el petróleo o el carbón. Un aumento que está haciendo para los más vulnerables muy complicado llegar a finales de mes, llenar la cesta de la compra y poner las lavadoras.

"Se habla a menudo de beneficios caídos del cielo. No hay tales, los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos", aseguraba Sánchez durante la primera jornada del discurso sobre el estado de la nación en el que anunció la puesta en marcha para los próximos dos años de un impuesto excepcional sobre los beneficios de la banca y energética que espera recaudar unos 7.000 millones de euros.

Las medidas de España se han mirado en el espejo italiano. El país liderado por el tecnócrata Mario Draghi –que en plena crisis financiera de 2012 pronunció el emblemático whatever it takes para salvar el euro cuando estaba al frente del BCE– ya marcó el camino hace unas semanas incrementando el gravamen de las compañías energéticas del 10 al 25%. El Ejecutivo de corte liberal en Roma busca con ello recaudar hasta 11.000 millones de euros, que están llamados a redirigirse a medidas de apoyo sobre las capas más bajas.

La Agencia Internacional de Energía cifra en unos 200.000 millones de euros los beneficios de estas compañías

Disposiciones de este tipo son cada vez más populares y están más extendidas en el seno de una Europa con un nivel de precios inédito en las últimas décadas. Inflación es la palabra del momento en suelo comunitario. Los precios aumentaron en la UE un 7,8% en marzo, poco después de la guerra, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Cada Gobierno europeo, desde los liderados por fuerzas ultraderechistas hasta las progresistas, está maniobrando para hacer frente a un presente y futuro que se presenta sombrío en la arena económica. Términos como recesión o racionamiento cada vez resuenan con más fuerza.

La Francia del liberal Emmanuel Macron ha mostrado su intención de nacionalizar la eléctrica EFD. La Grecia del conservador Kyriakos Mitsotakis se encamina a endurecer la fiscalidad de eléctricas y petroleras con un impuesto del 90% para ayudar a los consumidores que más están sufriendo. Atenas calcula que estas compañías están obteniendo ganancias por valor de unos 590 millones de euros.

En el otro lado del canal de La Mancha, una de las últimas medidas del denostado Boris Johnson, del Partico Conservador, fue hacer lo propio con un impuesto del 25% a las petroleras, un paso que había sido recelada por las bancada tory poco antes. La medida está acompañada por una compensación del 80% para aquellas que reviertan sus ganancias en la isla. La Bélgica liberal de Alexander de Croo también ha mostrado su intención de encauzar un camino que comenzó a abrir antes ya de la guerra Rumanía con unas tasas del 80% sobre los beneficios de las empresas productoras.

Los países de la UE se preparan así para unos meses muy complicados, en los que previsiblemente el precio de los hidrocarburos continuará su tendencia ascendente anticipando unos meses de otoño e invierno duros y fríos en el Viejo Continente. Este mismo miércoles, el gigante Gazprom ha asegurado que no puede garantizar el suministro de gas que llega a Europa a través del Nord Stream I y Bruselas se prepara ya para un corte total.

Vox se opone; pero no sus aliados en Europa

Entretanto, de regreso a España la medida ha levantado polvo en los partidos del arco parlamentario. Mientras está siendo muy aplaudida por las formaciones de izquierda, PP y Ciudadanos se han quedado atrapados en la ambivalencia, sin discursos claros y empantanados en presionar al Ejecutivo con el discurso de ETA.

Quien sí se ha mostrado abiertamente en contra es la ultraderecha de Vox. No obstante, los Gobiernos simpatizantes de los de Santiago Abascal en Hungría y Polonia cuentan otra historia. Una de las primeras medidas del ultraconservador Partido Ley y Justicia (PiS) de Polonia –aliado en Vox en la Eurocámara– al aterrizar en el poder en 2015 fue imponer un impuesto sobre los bancos para financiar medidas en materia social. Una medida que se extendió por una decena de países europeos tras la crisis financiera de 2008.

PiS en Polonia y Fidesz en Hungrían han adoptado medidas contra las energéticas

El otro inspirador de la formación verde es el Fidesz de Víktor Orbán. Las fueras de extrema derecha europeas como Vox, PiS, Fidesz, la Liga o Reagrupación Nacional suman meses de negociaciones para unirse en crear una nueva familia política europea. Discrepancias en torno principalmente al enfoque de las relaciones con Rusia han imposibilitado que lleguen a buen puerto. Pero los de Orbán tampoco han sido una excepción a la hora de tomar medidas fiscales sobre grandes compañías para capear el temporal financiero que se cierne sobre Europa. El primer ministro magiar, máxima representación del iliberalismo en la UE, anunció en mayo impuestos extraordinarios por valor de unos 200 millones de euros a empresas energéticas, bancos y aerolíneas entre otros sectores.

Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, si bien ha celebrado la medida, ha enfatizado la necesidad de establecer un impuesto a las grandes corporaciones que cotizan en bolso y que cuentan con "beneficios muy importantes". La UE ha acariciado la creación de un impuesto mínimo de sociedades del 15%, que podría generar en suelo comunitario entre 50.000 y 70.000 millones de euros en ingresos fiscales. Sin embargo, Budapest está vetando esta medida, que debe ser adoptada por unanimidad de los Veintisiete.