JERUSALÉN.- Los palestinos han dado por terminada la negociación directa con Israel, el patronazgo de Estados Unidos y el recurso al Consejo de Seguridad de la ONU. A partir de ahora, el conflicto más arraigado de Oriente Próximo se someterá a la Corte Penal Internacional, donde el presidente Mahmud Abás espera obtener lo que no ha conseguido mediante el diálogo.

Un equipo de juristas palestinos y ocho juristas internacionales, incluidos israelíes, han comenzado a reunir el material que piensan llevar a La Haya a partir del 1 de abril, cuando Palestina se integrará en la CPI según acaba de confirmar el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Los juristas trabajan en dos líneas: denunciar los asentamientos judíos en los territorios ocupados y denunciar la última guerra de Gaza, en la que murieron unos 2.200 palestinos, la inmensa mayoría civiles, según el cómputo de las agencias de la ONU.

Los palestinos creen que el asunto más importante y urgente son los asentamientos y confían en que la CPI ponga freno a la imparable expansión que Israel lleva a cabo aprovechando las supuestas “negociaciones de paz” de las últimas dos décadas para crear sobre el terreno una situación prácticamente irreversible.

Según el Estatuto de Roma, la norma fundacional de la CPI, este tribunal debe perseguir el desplazamiento de población de la potencia ocupante a la zona ocupada por considerarlo un “crimen de guerra”.

Israel y Estados Unidos, que no han firmado el Estatuto de Roma, han puesto en marcha una campaña de presiones para frenar las denuncias. Israel ha congelado la transferencia de más de 100 millones de euros que recauda en impuestos en nombre de los palestinos, un dinero que la Autoridad Palestina precisa para pagar los salarios.

Washington, por su parte, ha dicho que Palestina no es un Estado con jurisdicción y por lo tanto no tiene derecho a integrarse en el Estatuto de Roma. Los americanos han adelantado que tratarán de impedir esa integración, aunque no han precisado cómo, y esperan que el Congreso suspenda su ayuda anual a los palestinos de 440 millones de dólares.

En Ramala dicen que sus primeras denuncias se referirán a sucesos ocurridos a partir del 13 de junio de 2014, la víspera de la última guerra de Gaza, pero no descartan ampliar el espacio temporal más adelante.

“Nos tomamos el tema muy en serio y tenemos un consejo para los israelíes: quien esté preocupado por sentarse en el banquillo de la CPI que no cometa crímenes. Además, la CPI les dará todas las garantías y los acusados no podrán alegar indefensión”, comenta un responsable palestino en Ramala.

Según Shawan Yabarin, director de Al Haqq, una ONG de derechos humanos, los juristas están trabajando para denunciar a Israel por atacar deliberadamente a civiles en sus casas, en los colegios de las Naciones Unidas y en las calles.

Se denunciará a los responsables israelíes, especialmente a los ministros que formaron parte del ‘gabinete de seguridad’, por autorizar 5.000 salidas de cazas y helicópteros para bombardear la Franja en los 50 días que duró la operación Margen Protector, así como a los responsables militares que autorizaron los bombardeos por tierra, mar y aire, así como a los ministros que han autorizado la expansión colonial en los territorios ocupados.

Se espera que la CPI recabe información no solo de la Autoridad Palestina y de Israel –aunque lo más probable es que Israel no colabore–, sino también de decenas de ONG internacionales que trabajan habitualmente en Cisjordania y en la Franja de Gaza, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

Los palestinos también denunciarán a los cuatro ministros israelíes que residen en los territorios ocupados, incluido el titular de Exteriores, Avigdor Lieberman, que vive en la colonia de Nokdim.

En Ramala esperan que estas denuncias modifiquen radicalmente la naturaleza del conflicto y lo conviertan en un conflicto judicial e internacional. Algunos expertos han indicado que la CPI podría necesitar alrededor de cuatro años para pronunciarse sobre las denuncias.

Los dirigentes palestinos confían en que las denuncias alteren la vida cotidiana de los responsables israelíes, impidiéndoles viajar a cualquier país del mundo por temor a ser detenidos, aunque añaden que Estados Unidos será sin ninguna duda una excepción que seguirá permitiendo los viajes de los dirigentes israelíes.

Algunos juristas han observado que la CPI no se interesa por casos que previamente han sido abordados en tribunales locales, lo que según algunos expertos explica por qué en las últimas semanas el ejército israelí ha abierto decenas de investigaciones sobre lo ocurrido en la guerra de Gaza con el fin de neutralizar posibles denuncias en los foros internacionales.

Además, los palestinos creen que Israel responderá de la misma manera, bien directamente o bien a través de grupos pantalla en el exterior. Así, esperan que se presenten denuncias contra los líderes de Hamás que autorizaron el disparo de cohetes contra Israel, y contra el mismo presidente Abás por haber firmado un acuerdo de reconciliación con Hamás en abril último.