En términos de políticas de género, el proyecto de ley Ómnibus presentado por el Ejecutivo pretende borrar del mapa político y social a las mujeres y las diversidades. No solo porque echa por tierra las leyes que han sido grandes conquistas de los movimientos feministas, como la ley de paridad, o las degrada a ser algo completamente distinto de sus objetivos originales como la Ley Micaela y la Ley de los Mil días, sino porque pretende suplantar el paradigma con el que abordar cuestiones vinculadas a los derechos de las mujeres y diversidades en el marco de una sociedad estructuralmente desigual por otro en el que no existen brechas de género, las mujeres son reconocidas sólo en tanto madres y víctimas, las diversidades no existen, pero sí tienen entidad los "niños por nacer".

"Todo está puesto en debate", asegura la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, en diálogo con Página/12. Se pretende anular todo lo conseguido en materia de derechos y empezar de cero, de forma "autoritaria y anticonstitucional", plantea a su vez el Colectivo #Niunamenos.

Esta agrupación repudia la Ley Ómnibus en general y desglosa los problemas en términos de género. Más allá de analizarla sectorialmente, señala que hay que entender que hay un espíritu general que está ya en la introducción: la idea de tener todo el poder público para el Ejecutivo. "Nosotras evaluamos que hay un intento de reforma constitucional de facto y además una primera señal clarísima de autoritarismo", dice a este diario Luci Cavallero, integrante de #Niunamenos. "La operación es clara: concentrar el poder en el Ejecutivo para favorecer corporaciones y avanzar en derogar regulaciones que amparan a distintos sectores de la sociedad frente a las acciones de esas corporaciones", añade.

Díaz, a cargo del único Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades que quedó en pie en el país, se muestra preocupada en particular por "la idea de quitar facultades legislativas por cuatro años. Eso es un problema porque suma un poder que no tiene con el voto popular". Por otro lado, subraya la perspectiva conservadora en relación a los derechos de mujeres y diversidades.

La (des) institucionalidad de las políticas de género

Para la ministra el problema empezó con "la desjerarquización del Ministerio de Mujeres… no solo lo convierten en subsecretaría sino que además reducen el enfoque exclusivamente a la atención de la violencia contra las mujeres y a un reconocimiento nada más que de la violencia familiar". Luego, en el propio campo de la violencia, "esta propuesta de ley es mucho más restrictiva que nuestra ley de violencia y la Convención de Belem do Para. Y aborda a las mujeres sólo en tanto víctimas, algo que había pasado en el macrismo, y no como sujetos plenos de derechos afectadas por desigualdades estructurales en la sociedad en distintos campos", explica.

En este contexto en que, según la mirada del Ejecutivo, la discriminación de género no existe, la agenda de los feminismos y las diversidades fue particularmente atacada por el proyecto. ¿Qué concepción del lugar de las mujeres y diversidades en la sociedad acarrea? "Es una ley que obviamente no nombra la brecha salarial, la desigualdad, más bien intenta reforzar el rol de madres de las mujeres, renaturalizar el rol de las mujeres y borrar de cuajo la idea de diversidad y disidencia sexual. Hay una remoralización a través de la figura de las madres, eso obviamente lo podemos ver en la modificación de la Ley de los Mil Días, donde se elimina toda referencia a diversidad de género y la figura de 'persona gestante', que era un debate muy importante que se dio en el Congreso en relación a que hay maternidades travestis trans, son gestantes y están incluidas en la ley de aborto. La incorporación de 'hijo por nacer' y 'vida desde la concepción' es una señal de alerta clarísima en términos de cómo retrocede en las legislaciones ganadas en las calles y consensuadas en el Congreso como es la de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Nosotras leemos que hay un primer avance contra esa legislación que luego se podrá completar derogando la ley de aborto o afectando muy claramente esa legislación", apunta Cavallero.

"En lugar de hablar de la 'gestación', que es un término científico, hablan de la 'concepción', que es término moral. Y tomando definiciones tutelares de las mujeres embarazadas. Podemos leer lo que subyace detrás de esto, que si pueden retrotraerían la legalidad del aborto. No avanzaron en ese punto pero está claro que van en ese camino ya que restringen el derecho que nos garantiza el actual Código Penal. Y además muestra la incoherencia político-ideológica porque aparece el super liberalismo para todos los órdenes de la vida pero cuando son los derechos de las mujeres, son tutelares, ahí viene el control. Es una incoherencia muy fuerte", remarca Díaz.

Ley de los Mil Días

En relación a la Ley de los Mil Días, Sandra Tirado, ex secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, que tuvo a cargo la aplicación de la ley desde su sanción, recuerda que la esta ley se sancionó por unanimidad en ambas cámaras del Congreso hace tres años, de la mano de la Ley de IVE y que garantiza el acompañamiento del Estado en el caso de las mujeres y personas gestantes que quieren seguir con su embarazo. Explica que ya desde el primer artículo, el proyecto de ley Ómnibus modifica las y los destinatarios de los objetivos de la ley: "La ley actual habla de 'embarazadas y personas con capacidad de gestar' y después dice 'niños y niñas durante los primeros 3 años' y este proyecto dice solo 'niños' y 'desde la concepción'. Ahí vemos el cambio de mirada". "Al poner el niño desde el momento de la concepción genera un choque con la ley de IVE, deberá ser analizado. Volvemos a toda la discusión que tuvimos en 2018 y en 2020 y eso claramente es un retroceso", agrega.

Así, el proyecto cambia el paradigma: niega la perspectiva de género y la suplanta por una perspectiva familiarista. ¿Cuál es el problema de este cambio y qué consecuencias puede tener en la práctica? "Donde había perspectiva de género, se habla de vínculos familiares y genera un nuevo capítulo de registro de embarazadas vulnerables y vínculos familiares, si esto siguiera su evolución habría que ver por qué ese registro. No tiene perspectiva de derechos. De hecho en el artículo 2, en el marco legal, no aparecen la ley 26061 (de los derechos de niñas, niños y adolescentes) y la 26485 (de violencia de género), que son necesarias porque justamente la Ley de los Mil Días plantea el derecho a la identidad, a la seguridad social y a vivir una vida libre de violencias. Ahí el trabajo era en relación a la violencia de género. Acá ya no aparece, acá habla de violencia familiar", aclara Tirado.

Recordemos que la Ley 26485 plantea distintos tipos y modalidades de violencia de género que van mucho más allá que la que pueda darse en el ámbito familiar y de relaciones familiares. Las últimas tipologías agregadas, por ejemplo, fueron la violencia política y la violencia digital.

Otra cuestión que no aparece en esta propuesta de modificación es el concepto de "autonomía progresiva" que les permitiría a adolescentes tomar decisiones que afectan a su cuerpo, como el acceso a una IVE, por ejemplo, sin la necesidad de la aprobación de madres, padres o adultos responsables. Esto es considerado de gravedad por las especialistas. Otro aspecto cuestionado es que deja a criterio de las provincias la adhesión a la ley, lo que también limita la actuación y monitoreo de su aplicación, así como la producción de información sanitaria valiosa como indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil, prematurez, anemia, entre otros.

Ley Micaela

Por otro lado, la Ley Micaela también fue cercenada hasta reducirla a algo muy diferente de su objetivo, que es la capacitación obligatoria en materia de género y violencia de género al personal de los tres poderes del Estado. Ahora se propone limitar la capacitación a aquellas personas que estén involucradas en la materia (que son en general quienes ya están formadas en estas cuestiones). Además, se reducen sus referencias a la violencia intrafamiliar. 

"Ahí lo que vemos es una doble operación: por un lado, esta idea de reducir la lucha del feminismo a la violencia y despegarla de las violencias económicas, por ejemplo, de otro tipo de discusiones como la autonomía económica; y, por supuesto, también acotar la lucha del movimiento feminista solamente hacia el tema de violencia hacia las mujeres y no otro tipo de identidad de género", analiza Cavallero.

En consonancia, Díaz dijo que "la reduce considerablemente en una visión que es coherente con algo que el presidente ha dicho más de una vez, que niega que exista la violencia de género, cuando solo en la provincia hay cerca de 200 mil denuncias al año. Aquí es recortado y negado cuando lo que necesitas es que los operadores del Estado en todos los niveles se capaciten para cambiar prácticas. En estos cuatro años de aplicación en la provincia se han producido cosas impresionantes, mejora la calidad de los trabajadores". La ministra asegura que en su jurisdicción la Ley Micaela va a seguir implementándose tal y como fue concebida. Las provincias tienen potestad sobre estos asuntos (aunque esto requiere siempre de presupuesto y voluntad política) y de hecho Buenos Aires tiene su propia Ley Micaela.

Ley de paridad de género

La paridad de género también desaparece con el nuevo sistema electoral que propone la ley Ómnibus. Recordemos que Argentina fue pionera en el mundo en sancionar la ley de Cupo en 1991, que exigía que las listas legislativas estuvieran compuestas al menos por un 30 por ciento de mujeres. Ese 30 por ciento se convirtió en un techo y por eso llegaron las leyes de Paridad provinciales, avanzados los años 2000, y la nacional en 2017, para garantizar el 50 por ciento de composición femenina en las listas.

Para Díaz es grave la propuesta electoral que hace Milei: "La idea de candidatos uninominales no favorece los liderazgos de las mujeres. Qué pasa con la paridad en este tipo de sistema es toda una incógnita. Y sabemos que este sistema es el que ha permitido que la participación de las mujeres crezca. El uninominal hace que los que más recursos y tiempos tienen para dedicarle a la política ganen, y en general son los varones".

"La paridad de género en el Congreso sigue siendo muy importante aunque sabemos que tiene sus límites, que haya una mujer en el Congreso no significa que defienda los intereses de las mayorías populares, pero de no estar esa ley el Congreso sería mucho más conservador y retrógrado", dice Cavallero. De aprobarse la ley Ómnibus "podríamos tener un Congreso cien por ciento de hombres —agregó—, además de eliminar las minorías electorales. Además también propone que las corporaciones puedan financiar sin límites a los partidos políticos, por lo cual empezaríamos a tener una democracia mucho más restringida donde solo podría hacer política electoral quien esté vinculado a financiamientos multimillonarios de corporaciones como vemos en el caso de La Libertad Avanza o de Juntos por el Cambio y sería muchísimo más difícil para otros partidos participar".

¿Qué hacer frente la avanzada conservadora y antiderechos? Desde #Niunamenos convocan a todo el feminismo a unirse a la próxima huelga del 24 de enero. El otro actor clave es el Congreso, que debe defender su rol y no entregar las funciones que les fueron concedidas con el voto popular. "Estamos frente a alguien que está planteando un nuevo pacto social totalitario, necesitamos que se restablezca el acuerdo democrático que se ha conseguido en estos 40 años, es con más Estado y más eficiente, y con más democracia", finalizó Díaz.