Polonia, Bielorrusia y otros hechos que han tambaleado los pilares europeos en 2021

La Unión Europea (UE) no desactiva el 'modo crisis' que lastra sus últimos años. Las tensiones internas y externas que se agolpan en el seno comunitario recuerdan al viejo continente que los problemas sin resolver siempre regresan.

En este año que termina, ha habido varios momentos que han agitado y han puesto a prueba los pilares de la Europa comunitaria.

El 'Polexit' legal

Si el 2020 fue el año en el que se consumó el Brexit, el 2021 pasará a la historia como el que vio nacer el Polexit legal. Es decir, la salida de facto de Polonia de uno de los principios sagrados del proyecto europeo: la supremacía de la Justicia europea sobre cualquier corte y Constitución nacional. Fiel a las advertencias que llevaba vociferando desde hacía meses, el Tribunal Constitucional polaco –a instancias del Gobierno ultraconservador del Partido Ley y Justicia (PiS)- declaró los artículos 1 y 19 de los tratados europeos incompatibles con su Carta Magna, desatando una crisis constitucional sin precedentes.

Polonia no va abandonar el bloque comunitario por intereses económicos, sociales y políticos

La medida ha supuesto un huracán en el seno judicial y existencial del proyecto europeo. Algunos países ya habían mantenido en el pasado un pulso con Luxemburgo, pero nunca nadie había ido tan lejos contra la considerada columna vertebral de la integración y la cohesión europea. La propia Alemania retó a la Justicia europea por el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo. Pero la disputa ya ha quedado enterrada después de que la Comisión Europea cerrase a comienzos de diciembre el procedimiento de infracción.

No es el caso de Varsovia, que se resiste a dar marcha atrás enfrentando consecuencias políticas, económicas y jurídicas de envergadura. "La sentencia pone en tela de juicio los cimientos de la UE. No vamos a tolerar que se pongan en riesgo nuestros valores comunes", respondió Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Polonia no va abandonar el bloque comunitario por intereses económicos, sociales y políticos. Y la UE no puede expulsar a un miembro de su club. No tiene herramientas para ello, ni tampoco apetito. Pero sí cuenta con instrumentos punitivos que pueden costar a las arcas polacas multas millonarias. Con la decisión del Constitucional polaco, la tensión entre Bruselas y Varsovia llegó a un nuevo mínimo histórico. Ante la contundente respuesta –dialéctica, eso sí- de los aliados europeos, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, advirtió de una posible "tercera Guerra Mundial".

La batalla judicial que enfrenta a ambos no es nueva. Se remonta a 2015, con el aterrizaje del PiS en el Gobierno. Su principal objetivo y obsesión era y es desmontar el sistema judicial, empeñado en que estaba ocupado por magistrados procedentes de la era comunista. Procedió así a una reforma que según la Justicia europea deja la separación de poderes y la independencia judicial en el país heridas de muerte. La desobediencia le cuesta, de momento, a Polonia un millón de euros diario.

El pulso entre ambos será una de las patatas calientes del próximo año. Aunque hay visos de apaciguamiento. El recién estrenado canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron se han propuesto como uno de sus objetivos devolver a la potencia del Este a la vía del diálogo y la cordura.

Ley anti-LGTBi húngara

La purga polaca solo contó con un apoyo explícito: el de la Hungría de Víktor Orbán. El tándem iliberal europeo se encuentra bajo el Artículo 7 de los Tratados, el mecanismo conocido como botón nuclear que busca salvaguardar los valores y derechos fundamentales de ataques internos. Varsovia y Budapest han transitado caminos paralelos contra las minorías como refugiados, personas sin techo, colectivo LGTBi y en contra los derechos de las mujeres. Si varias localidades polacas decretaron zonas libres de LGTBi, el Fidesz de Orbán sacó adelante una medida que penaliza hablar de homosexualidad en colegios o lugares públicos.

Polonia es la quinta potencia del bloque y las conversaciones con el PiS estarán en marcha al menos hasta 2023

La nueva ley húngara anti-LGTBi desató gran indignación en la UE porque ataca directamente a la esencia del proyecto europeo: la unidad en la diversidad. El holandés Mark Rutte invitó a Orbán a salirse del club si no era capaz de respetar los derechos europeos comunes en los márgenes de la cumbre europea de junio. El belga Alexander de Croo reconoció que su homólogo húngaro no se esperaba una reacción tan dura. Una semana después de que la controvertida legislación entrase en vigor, la Comisión Europea inició el proceso sancionador, que se suma en el TJUE a los números dosieres que acumula Budapest por vulnerar los derechos comunitarios.

Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena en la que el PP español –a excepción de Esteban González Pons- se abstuvo. "Esta ley es una vergüenza que viola la dignidad humana, la igualdad y el respeto por los derechos humanos", declaró Von der Leyen. La respuesta del resto de líderes, incluido el español Pedro Sánchez, fue más severa que la articulada contra Polonia. Y no es arbitrario. Polonia es la quinta potencia del bloque y las conversaciones con el PiS estarán en marcha al menos hasta 2023. La situación política es diferente en Hungría: el país afronta unos comicios la próxima primavera en los que por primera vez en doce años, una oposición unida puede disputar el liderazgo a Víktor Orbán.

Tensiones fronterizas

Bruselas encuadra lo ocurrido en la frontera europea en los desafíos de nuevas guerras híbridas del siglo XXI

El uso de migrantes como instrumentos para extorsionar a la UE comenzó en el arranque de 2020 a manos de Turquía. Se replicó con la crisis ceutí y se materializó este verano bajo la batuta del bielorruso Alexander Lukasehnko. Los europeos consideran que el conocido como último dictador de Europa orquestó una campaña "cruel, inhumana y despiadada" para empujar a miles de personas a las fronteras europeas prometiéndoles "un sueño falso" que se ha convertido en un infierno para muchos de ellos. Desde hace meses, unas 2.000 personas se encuentran atrapadas en la frontera que separa al país de Polonia, Letonia y Lituania, siendo víctimas de un conflicto político que ha derivado en una crisis humanitaria.

Bruselas encuadra lo ocurrido en la frontera europea en los desafíos de nuevas guerras híbridas del siglo XXI. Celebra que Minsk que no ha alcanzado su objetivo de chantajear, dividir y desestabilizar el bloque comunitario. Unas intenciones que también achaca a Rusia, el gran valedor del régimen bielorruso. La UE cierra este año y afronta el que está por venir con tambores de guerra sobre las fronteras ucranianas. El despliegue de unos 100.000 efectivos rusos en torno al Donbás reavivan los temores de la anexión de Crimea en 2014. Y recuerdan a los europeos que las crisis sin resolver siempre terminan regresando.

Afganistán

Fue la crisis del verano. La rapidez y contundencia con la que los talibanes tomaron el control de Kabul, consumando su regreso al poder 15 años después, pilló a medio mundo por sorpresa. También a las tropas internacionales, que se vieron abocadas a una retirada precipitada y criticada tras 20 años de intervención militar, en torno a la que ha sido la misión más longeva de la OTAN. Los europeos constataron aquí su fuerte dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa.

Eran los norteamericanos los que tenían la llave y el control el aeropuerto de la capital. Y, por tanto, los que lideraron la evacuación. Los países europeos maniobraron de forma individual, a excepción de los funcionarios comunitarios repatriados por el Servicio Europeo de Acción Exterior comandado por el español Josep Borrell.

El drama inicial en el país centroasiático dejó dos lecciones principales en Bruselas: el deseo de soltar la tutela de Washington y reducir su dependencia y el apetito para depositar el embrión hacia una suerte de fuerza militar europea capaz de desplegarse en situaciones extraordinarias y urgentes como la acontecida en Afganistán.

Las nuevas variantes

España y Portugal se sitúan en torno al 80% de población inoculada, otros como Rumanía o Bulgaria no superan el 40%

El inicio del verano estuvo precedido por la implosión de la variante delta. El de la época navideña tiene nombre de ómicron, que será la dominante en el Viejo Continente ya en enero. Las nuevas variantes del coronavirus dejan a la UE, por segundo año consecutivo, como epicentro global de la crisis sanitaria. La UE ha conseguido encauzar un año que arrancó con muchos dolores de cabeza por el retraso de las farmacéuticas, especialmente de AstraZeneca, y por las posteriores informaciones sobre supuestos efectos secundarios adversos.

Doce meses después, el bloque comunitario con cinco vacunas aprobadas.

La última, la norteamericana Novavax. Ha exportado 1.400 millones de dosis a 150 países y cuenta con el 67% de sus ciudadanos con la pauta completa. Pero la falta de coordinación entre los Veintisiete, constatada en la última cumbre europea, y sus diferentes escenarios epidemiológicos amenazan con lastrar la recuperación económica post-pandémica y crear el caldo de cultivo de un regreso a la normalidad a dos velocidades.

Mientras algunos países como España o Portugal se sitúan en torno al 80% de población inoculada, otros como Rumanía o Bulgaria no superan la barrera del 40%. Además, la llamada europea a la solidaridad internacional ha quedado por empañada por su constante oposición a la liberación de patentes.

Así, la UE aborda el nuevo año con los antiguos retos que se agolpan dentro y fuera de sus fronteras. Las crisis sobre el Estado de Derecho, las tensiones en su vecindad, la consolidación de un régimen anti-mujeres en Afganistán que ha salido de la órbita mediática o la situación inacabable de la pandemia continuarán en lo más alto de la agenda comunitaria en 2022.