Este artículo se publicó hace 13 años.
El primer ministro tunecino promete cambios democráticos
Ghanuchi anunciará el lunes un Gobierno de unidad con presencia de la oposición
El primer ministro tunecino, Mohamed Ghanuchi, compareció de nuevo en la televisión nacional para anunciar que el lunes se conocerá la composición del nuevo gobierno de unidad, en el que estará incluida la oposición legal del país, un Ejecutivo del que dijo que "abrirá una nueva página en la historia de Túnez".
Aunque el pueblo sigue con cautela cualquier paso dado por los colaboradores de Ben Alí que han asumido el poder, la oposición del país parece estar obteniendo respuesta a alguna de sus demandas, como la de ampliar el periodo transitorio hasta las elecciones.
En la reunión que los líderes de las tres formaciones de la oposición legal mantuvieron ayer con el primer ministro, Ghanuchi se comprometió a que estos partidos tendrán seis meses, y no dos como se había anunciado, para preparar los comicios, precisó a Público Halim Meddeb, que ejerce de portavoz del Partido Democrático Progresista (PDP). En las elecciones, habrá además observadores internacionales.
El Ejecutivo incluirá a "personalidades independientes de todas las sensibilidades"
"El Gobierno estará compuesto por la Reagrupación Constitucional Democrática [el partido de Ben Alí], el PDP, el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades y el movimiento Ettajdid", aclaró Meddeb.
Otra novedad será, precisó el portavoz, que el Ejecutivo incluirá a "personalidades independientes de todas las sensibilidades", sin que se cierre la puerta a algún islamista moderado.
Los tres partidos, de los que sólo Ettajdid tiene ahora representación parlamentaria, han luchado también por que se legalice a todos las formaciones políticas que lo han solicitado. Un extremo en el que también ha habido "un compromiso" por parte del primer ministro, según Meddeb. Lo que no queda claro es si entre esos partidos que se va a legalizar estará también el islamista más que moderado, moderadísimo, En Nahda, ilegalizado en 1991. Una cuestión en la que ni siquiera en la oposición hay consenso.
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