BUCAREST.- Nicoleta nunca pensó que sería tan paciente. O que tendría tanta rabia. Una rabia que le ha llevado a soportar ocho horas de espera a 10 grados bajo cero frente al Ayuntamiento de Bucarest. "Llevo aquí desde las ocho de la mañana, a ver si el alcalde me hace caso", se queja. Congelada de frío, va dando tumbos como una pelota por los cálidos pasillos de las instituciones. Nicoleta es una de las desahuciadas del número 50 de la calle Vulturilor, en el centro de la ciudad. Junto a dos mujeres más de la comunidad, pelea por entregarle al alcalde el último informe sobre su situación: casi cien almas llevan cuatro meses viviendo en la acera.

"Lo peor no es el frío, sino que no nos hagan caso", comenta. Primero sufrieron los golpes de la Policía el día del desahucio, luego la indiferencia de las autoridades y ahora los resfriados de los niños. A las cinco de la tarde todavía siguen delante del Ayuntamiento. "Nos congelaremos delante de ellos. Tal vez así nos vean", dice enojada. Pero no reciben respuesta.

Unas cien personas llevan cuatro meses viviendo en la calle desde que fueron desahuciados

Nicoleta y sus compañeras regresan a casa, una especie de campamento en la calle. Viven en tiendas baratas, resguardadas del frío y la nieve por bolsas de plástico. Los colchones y mantas están colocados sobre antiguas ruedas de coches, que hacen de somier. Algunos han construido unas barracas de madera en las que meten sus "casas" de bolsa.

El invierno de la capital rumana no se apiada de ellos. A veces las temperaturas rozan los veinte grados bajo cero. Su vida social gira en torno a una hoguera encendida en medio de la acera, que hace de estufa. Los adultos conversan y los niños, que acaban de llegar de la escuela, alborotan alrededor del fuego. En este gélido comedor no ha habido árbol de Navidad.

Los vecinos les echan una mano de vez en cuando. Les dejan bañar a los niños en su casa y los acogen los días más fríos. "No tenemos problemas con los vecinos. Unos nos ayudan, otros nos critican, otros nos insultan. Lo normal. Nuestro caso es único en Rumanía, porque somos la única comunidad de desahuciados que ha resistido tantos meses en la calle. Aquí ningún político no se nos ha acercado a preguntar: ‘Oye, ¿cómo vives ahí con este frío?’ No hay dinero para pisos de protección, pero sí para construir una catedral de millones de euros con nuestro dinero..." 

"No hay dinero para pisos de protección, pero sí para construir una catedral de millones de euros con nuestro dinero...", se quejan

Las bajas temperaturas hacen que uno deje de sentir los pies si no se coloca junto a la hoguera. Entre otras tantas penurias, el frío es el enemigo más temido de la comunidad. A pesar de todo, quieren seguir una vida normal: los niños van a la escuela y los padres al trabajo. Los deberes se hacen al calor y la luz de la hoguera. Dentro, en la tienda, se guardan mantas, colchones y cuelga incluso un pequeño espejo. "Por la noche nos amontonamos como fideos, uno al lado de otro, y así nos calentamos", explica la madre de Nicoleta. Una de las hermanas mayores barre delante de la casa.

Otro enemigo de la comunidad es la corta memoria del alcalde. "Tras dos días de espera, finalmente hemos visto al alcalde. No sabía que ya habíamos entregado las solicitudes para los pisos hace meses", cuenta Nicoleta. Ella vive en una tienda con su marido y un niño de 2 años.

La solución propuesta por los servicios sociales fue un centro para mujeres maltratadas para las madres y los niños, y el albergue municipal para los hombres. "Pero yo no soy mujer maltratada, soy desahuciada, se han equivocado de casilla", cuenta una de las chicas. "Íbamos a recibir dinero para pagar un alquiler durante seis meses. ¿Y luego qué? Sois unos desahuciados con ínfulas, nos dijeron, porque no habéis aceptado ninguna alternativa", prosigue. Las peticiones de los desahuciados llegaron hasta el primer ministro Victor Ponta, pero no tuvieron eco. En el Ayuntamiento el diálogo duró un segundo: "¿Trabajáis? Sí. Entonces, a pagar alquiler".

Primera semilla de la especulación inmobiliaria 

Los desahuciados de Vulturilor proceden de inmuebles que han sido devueltos a los antiguos propietarios. Hasta 1989, estas viviendas eran propiedad del Estado: el Gobierno los nacionalizó y fueron habitados por distintas familias. En 1995, la ley de la retrocesión de las propiedades hizo que estas viviendas retornaran a las manos de los que habían sido sus propietarios a principios de siglo. En muchos casos, habían fallecido o ya no vivían en el país. Lo que dio pie a que, desde los archivos, se gestaran un buen número de falsos dueños que sembraron la primera semilla de la especulación inmobiliaria.

"Solo en Bucarest, en 2014, se contabilizaron alrededor de 15.000 nuevas peticiones para una vivienda de protección"

Los perdedores fueron los que habitaban aquellas viviendas, consideradas públicas hasta la ley de 1995. En teoría, la ley prevé que tras el desahucio, la persona reciba otra vivienda pública, de protección social. Pero la realidad es que los desahuciados se quedan sin casa.

"Los Ayuntamientos han resuelto menos del 5% de los casos. Solo en Bucarest, en 2014, se contabilizaron alrededor de 15.000 nuevas peticiones para una vivienda de protección. La mayoría proceden de los desahuciados", explica Veda Popovici, del Frente Común por el Derecho a la Vivienda.

No existen estadísticas oficiales, pero se estima que decenas de miles de rumanos han sido víctimas de desahucios por la retrocesión de las viviendas públicas a sus antiguos propietarios, sin recibir alternativa alguna. "Muchas personas tienen unos ingresos precarios, o pertenecen a la comunidad rom, y así hay una doble marginalización", cuenta Popovici.

"La dimensión del desprecio que han padecido las personas desahuciadas es inmensa. Y tienen miedo"

A fecha de hoy, la palabra desahucio, antes desconocida, se ha puesto de moda. "La dimensión del desprecio que han padecido las personas desahuciadas es inmensa. Y tienen miedo. Además, existe un consenso forzado sobre la necesidad de arreglar los errores del régimen anterior, con lo cual, se devuelve la propiedad y, con la excusa del consenso, se ocultan estas agresiones", añade.

No obstante, la comunidad de Vulturilor prosigue en su resistencia. Quieren permanecer en la calle, indiferentes ante las condiciones climáticas, hasta que consigan que la ley de 1995 también se cumpla para los perjudicados. Es decir, hasta que consigan un piso. Inspirados en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con la que tienen contactos, el Frente por la Vivienda de Rumanía quiere dar visibilidad a estos miles de desahuciados que no existen para las autoridades rumanas y que son víctimas invisibles de la transición del comunismo al capitalismo.

La otra “comunidad” del lujo

La otra cara de la ley de 1995 son los guetos ricos de Bucarest. "Antes sólo podías tener un piso tuyo. A partir de los años noventa, se inició la especulación", comentan los activistas del Frente. La retrocesión de inmuebles y terrenos a los antiguos propietarios propició el origen de una burbuja inmobiliaria, sobre todo en las grandes ciudades.

Antes de la crisis, los precios de los pisos y los terrenos llegaron a multiplicarse más de diez veces en solo siete años

En el norte de Bucarest, zona de nuevos barrios residenciales de chalés, un agente inmobiliario explica con orgullo cómo funcionan los servicios de vigilancia y las barreras instaladas para entrar en estas cárceles de lujo. "Esto es una comunidad. Vigilancia, porteros, tienes tranquilidad cuando te vas de vacaciones..." 

Una "comunidad" muy diferente de la de Vulturilor. Antes de la crisis, los precios de los pisos y los terrenos llegaron a multiplicarse más de diez veces en solo siete años. Los alrededores de Bucarest eran un carrusel de la recalificación de terrenos agrícolas para construcción. "La bomba de la recalificación de terrenos se produjo entre 2004 y 2007, antes de la entrada en la UE. Entre tres intermediarios, el precio del m2 subía siete veces de media. A eso hay que sumar la subida del promotor", comenta el agente.

Los esquemas eran idénticos: el inversor local adquiría a un bajo precio los terrenos de los campesinos. Estos se recalificaban y se ofrecían a otros inversores, nacionales o extranjeros. A su vez, los así llamados pisos "comunistas", en edificios con fachadas repintadas y aisladas a nivel térmico, multiplicaron sus precios y se volvieron inalcanzables para los jóvenes.

"Hay miles de viviendas nuevas vacías y miles de personas en la calle. ¿Dónde está la justicia ahora?"

Las hipotecas se firman a 20 o 40 años. "Nadie te da un crédito por ser guapo. Los que no tienen un trabajo estable viven de alquiler, porque la mayoría de los bancos pide un contrato indefinido", explica el agente inmobiliario.

Con los bajos salarios, los jóvenes no pueden optar ni al crédito, ni al alquiler. Un estudio publicado por la Fundación Friedrich Ebert en 2014, recoge que un 50% de los jóvenes rumanos mayores de 18 años vive con sus padres, y un 40% quiere emigrar. Desde el Frente Común por el Derecho a la Vivienda tienen claro que su principal meta es que la vivienda vuelva a ser un derecho: "Hay miles de viviendas nuevas vacías y miles de personas en la calle. ¿Dónde está la justicia ahora?", se pregunta Veda.