El Tribunal de Cuentas griego considera que los recortes adicionales a las pensiones acordados entre el Gobierno y los acreedores para el año 2019 son inconstitucionales y contrarios a la Convención Europea de Derechos Humanos, según fuentes judiciales citadas este miércoles por los medios locales.

Se trata de las medidas que el Gobierno se ha comprometido a aplicar para el periodo posterior al programa de rescate, que forman parte de leyes que serán sometidas a votación parlamentaria el próximo día 18. De la aprobación de esta ley escoba, que incluye además subidas fiscales y más de 80 medidas de índole varia, depende el desembolso del próximo tramo del rescate, por unos 7.000 millones de euros.

Según el Tribunal de Cuentas, los recortes de las pensiones principal y las auxiliares son inconstitucionales y contravienen el Protocolo Adicional a la Convención Europea de Derechos Humanos.

El Tribunal considera además que la parte fiscal del paquete legal, con aumentos de la presión tributaria a partir de 2020, incumple la legislación griega por no haberse presentado en esta corte sin un estudio actuarial previo.

El Ejecutivo todavía no ha reaccionado oficialmente al dictamen, pero círculos gubernamentales citados por los medios señalaron que las consideraciones de este tribunal no son vinculantes y recordaron que ya se pronunció en un sentido similar el año pasado, cuando se realizó el anterior recorte de pensiones.