ATENAS.- El Gobierno griego envió este martes al Parlamento el proyecto de ley para abordar lo que denomina la "crisis humanitaria". Su primer acto legislativo en el Parlamento se centrará en la concesión de electricidad y alimentos de forma gratuita a más de 300.000 familias griegas que sobreviven por debajo del umbral de la pobreza. 

Atenas, que obtuvo una extensión de cuatro meses en su rescate financiero de sus socios de la zona euro en febrero, ha buscado asegurar a sus prestamistas que tales medidas no cargarán el presupuesto, al mismo tiempo que le demuestra a los ciudadanos que se ajusta a sus promesas previas a la elección.

"La profunda recesión debido a las políticas de austeridad y la crisis económica en los últimos seis años tuvo un impacto social dramático", según el proyecto presentado la noche del martes.

"Este proyecto de ley apunta a abordar la crisis humanitaria a través de medidas que aseguran el acceso a los productos básicos", agregó.

Durante una reunión de gabinete de la semana pasada, el primer ministro Alexis Tsipras dijo que mejorar las condiciones de vida de los golpeados por la crisis era la "tarea principal" del Gobierno, pero reiteró que Atenas seguía comprometida con un presupuesto equilibrado.

El primer proyecto del Gobierno prevé el restablecimiento de las conexiones eléctricas en la residencia principal para finales del 2015. Los desempleados de largo plazo y las familias con niños tendrán la prioridad. 

El primer ministro, Alexis Tsipras dijo que mejorar las condiciones de vida de los golpeados por la crisis era la "tarea principal" del Gobierno

La ley prevé además, ofrecer bonos de alimentos a 300.000 personas, que recibirán cupones con los que podrán comprar comida. 

Una prestación por rentas de hasta 220 euros al mes para 30.000 familias también está incluida en el proyecto, cuyo coste total es estimado por el Gobierno es alrededor de 200 millones de euros. Según explicó el ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, se pretende financiar mediante fondos europeos y la mejora de la recaudación fiscal.

El Gobierno también quiere designar a un secretario general para que coordine y supervise a las autoridades que combaten la corrupción.