Vértigo en Perú: el amargo final de Pedro Castillo

El sueño presidencial en Perú del maestro rural Pedro Castillo ha durado menos de un año y medio. Víctima de sus propios errores y, ante todo, del acoso y derribo de la derecha parlamentaria y la oligarquía limeña, el mandatario cayó ayer en el agujero negro de la política peruana que impide, desde hace al menos un lustro, la gobernabilidad del país.

Abandonado por ministros y compañeros de partido, el mandatario que se presentó a las elecciones con la etiqueta de progresista decretó el cierre de un Congreso que tenía previsto debatir un juicio político en su contra. El Tribunal Constitucional calificó la maniobra como "golpe de Estado" y Castillo fue destituido y detenido. Su número dos en el gobierno, Dina Boluarte, ha jurado el cargo de presidenta y será la primera mujer que gobierne en Perú.

La jornada de ayer fue vertiginosa en Lima. A buen seguro, Castillo añoraría en algún momento de la tarde el sosiego de su San Luis de Puña natal, en la región de Cajamarca. En la capital peruana, por contra, los acontecimientos se sucedían sin descanso. El Congreso tenía previsto debatir a primera hora de la tarde una nueva "vacancia" presidencial, una suerte de juicio político exprés al presidente surgido de las urnas. Era la tercera ocasión en la que la oposición trataba de destituir a Castillo bajo la rancia fórmula de la "incapacidad moral permanente". Los dos intentos anteriores, el último de ellos en marzo, habían fracasado.

Castillo, que juró su cargo en julio de 2021 tras derrotar a la ultraderechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de ese año, caminaba por el alambre desde hacía varias semanas. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó a mediados de octubre una denuncia constitucional contra el mandatario por asociación criminal tras las investigaciones que lo involucraban en casos de corrupción. La oposición volvió a hacer cábalas y esperó su momento. Un día antes del juicio político en el Congreso, los grupos parlamentarios que apoyaban la destitución contaban las habas y no llegaban al número mágico de los 87 votos, los dos tercios necesarios del Congreso para destituir al presidente.

En el atomizado Congreso peruano, con 13 grupos parlamentarios, la disciplina partidaria suele brillar por su ausencia cuando las cosas se ponen feas. Todos quieren preservar su escaño y para ello, la infidelidad del voto es solo un recurso más. Si la popularidad de Castillo estaba bajo mínimos, todavía está por debajo la del devaluado Parlamento peruano a los ojos de la ciudadanía. En algún momento de la mañana de ayer, las cuentas empezaron a cuadrar en las filas de la oposición.

Castillo debía acudir al Congreso para defenderse antes de que comenzara el debate y la votación. Cuando asumió que su suerte estaba echada, volvió a cometer otro error: ordenar el cierre del Parlamento, una maniobra que recordaba el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, aunque el contexto político y el perfil político y humano de ambos mandatarios no permita comparación alguna.

Abandonado por varios de sus ministros, los mandos militares y por su propio partido, Perú Libre, el anuncio de un gobierno de excepción y una remodelación del sistema judicial, con toque de queda incluido, era ya un cartucho defectuoso cuyo estruendo reverberó en el Congreso y aceleró los acontecimientos. Fue destituido con los votos no de 87 sino de 101 congresistas, una mayoría más que suficiente que demostraba la soledad del maestro rural, detenido poco después en la prefectura limeña.

El gobierno de Castillo siempre fue un juguete roto. Su promesa de reducir la pobreza en el país se quedó en papel mojado por condicionamientos externos e internos. Su inexperiencia política le jugó malas pasadas. Nombró 80 ministros y cambió cinco veces el gabinete. Las acusaciones de corrupción contra su círculo familiar y contra él mismo fueron creciendo y tomando forma conforme pasaba el tiempo. La justicia investigaba desde hace tiempo un presunto enriquecimiento ilícito del mandatario asociado a adjudicaciones de contratos públicos.

La caída de Castillo no soluciona los graves problemas que atraviesa Perú, con cinco presidentes en los últimos cinco años. A partir de ahora se abre un abismo político, o más bien se ensancha el que ya existía, de consecuencias impredecibles. La izquierda ha perdido una oportunidad histórica para transformar el país. Las disputas internas en el seno del oficialismo y, sobre todo, el juego sucio de una derecha fujimorista deseosa de retornar al poder a cualquier precio, dejan al país otra vez en manos del filibusterismo político.