Desde hace casi un año, la abogada mexicana Ana Katiria Suárez Castro vive en España. No lo hace por voluntad propia. Lo hace para salvar su vida. Durante ocho años vivió día a día bajo protección policial en su país natal.   

Hace unos meses tuvo que abandonar México, huyendo de la persecución por parte de hombres con mucho poder y de las constantes amenazas de muerte. Desde hace unos 15 años, Suárez Castro se dedica a la defensa de mujeres víctimas de violencias machistas ante un sistema de justicia que denuncia como "corrupto, patriarcal y misógino".

Aunque en México se han producido avances legales y judiciales, la letrada explica que el principal problema sigue siendo la existencia de una amplia base de servidores públicos que provocan una “infección sistémica” en las instituciones que deberían impartir justicia. Defensora acérrima de la necesidad de medidas de reparación que dignifiquen a las víctimas, afirma que cuando una mujer denuncia la violencia machista y es asesinada, “el Estado (el mexicano y el de cualquier otro lugar del mundo) debería ser considerado como corresponsable del feminicidio”.

El caso Yakiri Rubio destapó la podredumbre  

En 2013, una joven de 20 años denunció ante las autoridades haber sido violada por dos individuos que la secuestraron a punta de navaja y la llevaron a un motel donde abusaron de ella y le provocaron serias heridas con el arma. En su intento de defenderse consiguió herir en el cuello al agresor que se había quedado en la habitación del hotel con ella, cortándole la yugular, y huir del lugar donde había sido violada. Corrió hasta encontrar a una patrulla y denunció los hechos. Pero en un abrir y cerrar de ojos pasó de ser víctima a ser acusada de “homicidio calificado” (matar a una persona con circunstancias que agravan la pena). Los violadores eran los hermanos Miguel Ángel y Luis Omar Ramírez Anaya. El primero de ellos murió desangrado en las inmediaciones de la fiscalía, que lindaba con su casa.

“El caso de Yakiri es el ejemplo de la discriminación por orientación sexual, por estatus económico y educativo. Es un caso donde se objetivizó a una víctima y se la criminalizó para que el Gobierno se llevara los aplausos por haber resuelto un caso sin haber realizado una investigación ni aplicado la perspectiva de género”, explica.

Ana K. Suárez: "Los estados deberían ser corresponsables de un feminicidio cuando una mujer pide ayuda"

“Descubrí que se ocultaron y se fabricaron pruebas. Resultó que los agresores eran vecinos pared con pared con la Fiscalía desde hacía 25 años. Encontramos mensajes en los que se acreditaba el narco-menudeo por parte de estos dos individuos al personal de la propia Fiscalía. También aportamos pruebas que demostraban que la primera llamada al 911 [número de emergencias] había sido de un transeúnte que vio al occiso [persona muerta de forma violenta] frente a la entrada del estacionamiento de la fiscalía. Porque allí es donde muere, no en su casa, como afirmó su hermano”.

La Policía no sólo movió el cuerpo de Miguel Ángel del lugar en el que murió hasta su casa, sino que además, le infligieron al cadáver 14 puñaladas en diversas partes del cuerpo. “Se trataba de heridas de imposible ejecución por parte de una niña de 1,60 de estatura contra un sujeto de 1,85, que pesaba 90 kilos y que era físico culturista. Tener 14 puñaladas era mecánicamente imposible y lo acredité. Pero la fiscalía se dedicó a fabricarle pruebas, afirmando que Yakiri y su violador tenían una relación pasional, cuando en realidad Yakiri era lesbiana. También la acusaban de ser narco-menudista. Las autoridades presentaron el caso como si hubieran salvado a la sociedad de esta mujer mala. Pero en realidad se trataba de un compadrazgo de lealtades misóginas entre los agresores y la propia Policía. Así es como te das cuenta del poco valor que un sistema tan infectado de esta misoginia le da a la vida y el cuerpo de una mujer. Lo que a mí me motivaba a seguir es que la vida de Yakiri no valía menos que la mía, pero tampoco menos que la de un servidor público”.

Finalmente la joven fue declarada inocente de los cargos de homicidio y se decretó que había actuado en legítima defensa. “Fue una resolución timorata, a medias tintas, porque no le reconocen el derecho a la legítima defensa por haber sido violada vaginalmente, sino por las puñaladas que le habían perpetrado estos sujetos”.

La movilización social y los medios son vitales  

Tal como reconoce la abogada, el cambio en el juicio contra Yakiri no se podía haber logrado sin la amplia movilización social que despertó el caso, pero tampoco sin el apoyo de los medios de comunicación. Afirma que el papel de los medios es vital. “Yo no estaría sentada ahora aquí si no fuera gracias a los medios de comunicación valientes y con escrúpulos. Nuestra protección más grande es visibilizar lo que está ocurriendo. Porque una de las características de cualquier delito es la comisión a hurtadillas. Buscar estar oculto. Y cuando se visibiliza con responsabilidad y con verdad, no sólo se protege la vida de las víctimas y de su defensa, sino que también se le obliga al Estado a rendir cuentas. No sólo en la protección, sino también en la reparación del daño. Porque el acceso a la verdad es un derecho humano que solo nos lo da los medios de comunicación que se atreven a visibilizar este tipo de casos. Por eso, la búsqueda de la verdad y la libertad de expresión son considerados principios básicos de los derechos humanos, y esto es lo que ejerce el periodismo responsable”, afirma Suárez.

Relacionado con este tema

Podemos exige al Gobierno frenar la campaña de señalamiento de Vox contra Cristina Fallarás y reconocer la violencia política machista

El de Yakiri fue el primer caso de violencia machista al que esta abogada se enfrentó en el ejercicio de su profesión, pero no sería el último. Tras ganar el juicio, Suárez escribió un libro titulado En legítima defensa, en el que no sólo narra la odisea judicial, sino que denuncia con nombres y apellidos a los responsables de las corruptelas del sistema y denuncia la actuación de la Fiscalía. Esta publicación y su labor en defensa de las mujeres y de sus hijos e hijas está en la base de la violencia que sufre desde hace años.  

"Desde el principio que cogí este caso, sufrí dos atentados de muerte. Eso me permitió exigirle al Estado mexicano que me protegiera. Que yo estaba haciendo el trabajo en el que la fiscalía fue omisa. Y ya llevo ocho años perteneciendo al mecanismo de protección para defensores, defensoras y periodistas en mi país. No puedo decirte si esto es lo que garantiza que siga con vida, pero es una responsabilidad del Estado mexicano salvaguardar la vida de las madres buscadoras, de las defensoras de los derechos humanos y de las periodistas que denuncian vulneraciones de los derechos humanos".

Campaña de desprestigio y amenazas de muerte  

Desde que ganara el caso de Yakiri Rubio, cientos de mujeres víctimas de violencia machista y violencia institucional han solicitado sus servicios. Para muchas, la mayoría, esta labor la realiza ad honorem, sin cobrar por ello. De hecho, para hacer frente a esta avalancha, hace unos años puso en marcha una fundación llamada Voces humanizando la Justicia, que se encarga de atender a las víctimas de forma integral, desde su atención psicológica hasta la representación legal y el litigio estratégico. Suarez afirma que cerca de un 80% de los casos que defiende se hace de forma altruista, porque muchas mujeres no pueden sufragar el proceso judicial.

Pero entre los casos que representa hay también algunos hombres con mucho poder que han emprendido una campaña de desprestigio y acoso contra Suarez. “Hoy me encuentro en España, protegiendo mi vida porque hace un año y medio osé denunciar a unos hombres muy poderosos en Ciudad de México, con muchísima capacidad económica, política y de incidencia a muy alto nivel. Uno de ellos es mi primo hermano: Guillermo Sesma Suárez, director de una consultora de márketing político y que fue acusado por la fiscalía por violencia sexual, corrupción de menores y violencia familiar extrema”. Otro es Bernardo Vogel, director de Grupo Collado, la mayor acería del país, y dueño de un conglomerado de empresas. Vogel fue acusado por su exmujer Maha Schekaibán de violencia física y vicaria. Sin embargo, en un cambio de guion, un juzgado decidió apartarla de sus hijos y entregárseos al padre y la Fiscalía pide para la madre 36 años de prisión.

Estos, y otros nombres de conocidos empresarios se han unido en una campaña de acoso y derribo contra Suárez. “Guillermo Sesma buscó a los abogados de esos otros agresores con poder y les planteó una estrategia: firmar colectivamente una denuncia en la que me acusan de extorsión. Según esto, yo buscaba a víctimas a las que les decía que pidiéramos pensiones millonarias a sus ex esposos y si no nos lo daban, nos inventábamos denuncias falsas. No han podido acreditar nada porque es todo falso, pero aprovechándose de los recursos económicos que tienen y de la infraestructura digital con la que cuentan, nos hicieron una campaña de calumnias, empapelaron la Ciudad de México con mi cara y con la de las víctimas que defendía (sus exesposas) y todo esto con el apoyo de un colectivo negacionista de la violencia de género que representa a violadores, pederastas y feminicidas y que se llama No más presos inocentes”, relata la abogada.

Relacionado con este tema

Ester Expósito relata la crueldad de la violencia vicaria en la campaña del Gobierno por el 25N

Tras tener que abandonar el país por las amenazas de muerte recibidas, Suárez se ha refugiado en España, donde ha recibido el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, Front Line Defenders, Naciones Unidas y el Observatorio de la Abogacía en Riesgo, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Nuevas formas de violencia  

En los últimos años la violencia hacia las mujeres y sus defensoras ha mutado, afirma Ana Katiria Suárez. Empieza con una campaña de mentiras, señalamientos y difamación digital, que se difunde rápidamente para saltar a la violencia física en la calle. “Un intento de cosificar a las mujeres que se atreven a alzar la voz y denunciar que les causa depresión, hostigamiento y un avasallamiento de información negativa. Llegas a tener una afectación como la que presentan las víctimas de tortura”.

En este sentido, la abogada traza un paralelismo con la campaña de hostigamiento que está viviendo la periodista y escritora Cristina Fallarás que en los últimos dos años ha publicado en sus redes sociales miles de relatos anonimizados de mujeres que narran las violencias sexuales que han sufrido. “Esta campaña demuestra que lo que quieren acallar es la voz de las víctimas de la violencia machista: que no se atrevan a hablar, porque si no les va a pasar los mismo que le está pasando a la periodista”.

Algunos cambios lentos  

El caso de Yakiri Rubio supuso un antes y un después en el tratamiento de la violencia hacia las mujeres en México e impulsó en el país reformas legales y en el propio sistema de justicia. “Se crearon leyes nuevas, como la Ley General de Víctimas, que empezaron a proporcionar medidas de protección a las mujeres y a la infancia ante la violencia machista y se avanzó en jurisprudencia”. A ello se sumó “un importante cambio a nivel político, con la elección de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta que tiene México, que es sensible a estos temas porque los ha vivido en carne propia” y el nombramiento de una nueva fiscal “que está haciendo un buen trabajo”, explica Suárez.

El principal problema, concluye la abogada, es que sigue existiendo “una amplia base de servidores públicos, desde policías, jueces, secretarios, fiscales, lo que llamo la infección sistémica, que son altamente corrompibles y que no se soluciona con cursos de sensibilización”. “Si las autoridades hacen mal su trabajo desde el principio, desde que una ciudadana pide el auxilio, tanto al sentencia del caso, como las decisiones de la Suprema Corte, va a estar infectada por estos fallos del sistema y la lucha de las defensoras de los derechos humanos se vuelve un deporte extremo”.

Por eso, concluye, es clave que el Estado asuma la responsabilidad de sus fallos, que no sólo pasa por reparar el daño. “Si una mujer denuncia las violencias que sufre y es asesinada, el Estado, tanto el Mexicano como cualquier otro, debería considerarse corresponsable del feminicidio por omisión de su deber. Por no hacer su trabajo. Porque estuvo en sus manos prever, proteger y hacer cesar el delito y no lo consideraron importante. Porque nuestro cuerpo y nuestra vida frente a la misoginia y el machismo no es relevante”.