Feminismo, género, derechos de las mujeres e igualdad son algunos de los términos clave de la campaña electoral de este 23J. En los últimos meses estos conceptos han sido capitalizados por las formaciones de izquierda, convertidos en arma arrojadiza por la extrema derecha o utilizados como moneda de cambio en el caso del PP.

Tras desbancar a otros partidos en los comicios del 28M, el PP ha logrado gobernar en solitario en 30 municipios de más de 50.000 habitantes. En uno de ellos, Alcobendas (Madrid), los populares han suprimido la concejalía de Igualdad, que ha pasado a integrarse en una bajo el nombre de "Familia y Bienestar Social". En el resto, los de Feijóo han mantenido viva esta área de gobierno.

Está por ver si el Ayuntamiento de Valencia se suma a esta tendencia o si, por el contrario, acabará suprimiendo Igualdad. Según ha informado a Público el departamento de prensa del Ayuntamiento, el diseño del organigrama municipal será presentado en un pleno la semana que viene, aunque no ha aclarado si finalmente dotará a la localidad de una concejalía de Igualdad.

En otros 20 municipios el PP ha logrado el gobierno gracias al apoyo de Vox, que a cambio ha asumido, entre otras, las competencias (que no concejalías) de Medio Ambiente, Familias e incluso de Igualdad, como ha ocurrido en Calvià (Mallorca). En la mitad de estas localidades de más de 50.000 habitantes (es decir, en 10 de ellas) el bipartito ha suprimido las concejalías de Igualdad.

Esto es lo que ha ocurrido en Valladolid, Burgos, Toledo, Talavera de la Reina (Toledo), Orihuela (Murcia), Molina de Segura (Murcia), San Vicente del Raspeig (Alicante), Ponferrada (León), Huelva y Gijón (Asturias).

En este último municipio, el gobierno está dirigido por un tripartito formado por el PP, Foro de Asturias y Vox, quienes también han suprimido Igualdad del organigrama pero han mantenido la Dirección General de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Un análisis realizado por elDiario.es, que ampliaba los municipios hasta los 40.000 habitantes, también contabilizó que el PP suprimía las concejalías de igualdad en una de cada tres ocasiones en las que formaba gobierno con Vox.

De esta manera, en la era de los pactos de gobierno, Igualdad se ha convertido en moneda de cambio. Su presencia o supresión entre las áreas de gobierno da pistas de la relevancia que cada formación da a esta competencia en sus gobiernos y deja entrever profundas diferencias entre las formas de entender la sociedad y sus problemáticas.

Independientemente de la estrategia por la que hayan optado los alcaldes populares, a escala nacional es posible que, si el PP lograra conformar gobierno, suprimiría el Ministerio de Igualdad, de la que todavía es titular Irene Montero. Así lo anunció el mes pasado el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

Competencias asociadas a Igualdad

Es habitual que con la llegada de un nuevo partido a cualquier gobierno se reestructure el organigrama. Esto incluye las áreas relativas a Igualdad. Así se evidencia en los municipios en los que un alcalde o alcaldesa del PP ha asumido la vara de mando sin pactar su gobierno con otras formaciones.

Igualdad suele incluirse dentro de áreas de gobierno que abarcan derechos sociales. Así, suele ir de la mano de materias como educación, mayores, juventud o inmigración. De los 30 municipios de más de 50.000 habitantes en los que acaba de aterrizar el PP, en 13 comparte departamento con estas competencias.

En algunos casos, se engloba bajo títulos más generales, como la concejalía de Igualdad y Personas de Albacete o Acción Social y Mujer, de Elche (Alicante).

Una de las aleaciones más comunes en los gobiernos populares es la suma de Igualdad y Familias dentro de la misma área. Según el análisis de Público, han sido cuatro las concejalías de municipios de más de 50.000 habitantes en las que el PP gobierna solo en las que ambas materias aparecen conjuntamente: Cádiz, A Coruña, Jaén y Sevilla.

La aparición de Familia en los organigramas del PP es habitual, pero no exclusiva de los gobiernos conservadores. También el PSOE ha utilizado esta fórmula en alguna ocasión. Es el caso del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, en cuya última legislatura se engarzaron Igualdad, Diversidad y Familias, bajo el timón de la socialista Rebeca Peral Casado.

Este fenómeno también puede apreciarse en el plano autonómico. Ya ocurrió cuando el PP se hizo con el gobierno andaluz en 2018 gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía desde entonces, creó la Consejería de Salud y Familias y puso a Jesús Aguirre al frente de la misma. Tras revalidar su cargo en 2022, reorganizó el organigrama autonómico y combinó Familias con Igualdad.

Para la activista feminista Justa Montero, la suma de Igualdad con otras concejalías "tiene unas implicaciones prácticas importantes, respecto a la dotación presupuestaria o personal, por ejemplo". Que la combinación se haga precisamente con Familia, plantea que "frente al desarrollo de derechos de los distintos sujetos, se constituya la familia como el sujeto que articula los derechos de sus componentes".

"Esto es una formulación completamente distinta a lo que permitiría garantizar todos los derechos de las mujeres, que en algunos casos pueden tener que ver con la familia, como ocurre con la conciliación, pero en otros nada que ver", reflexiona.

Según Carmen Ruiz Repullo, profesora de Sociología de la Universidad de Granada, la suma de estos dos conceptos deja entrever "una conceptualización un poco perversa y descafeinada de la igualdad".

Y es que, "cuando hablamos de políticas de igualdad no estamos hablando únicamente de conciliación, sino también de evidenciar los privilegios patriarcales que dificultan que las mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades que los hombres", demanda. Y señala: "Es de esto de lo que no se quiere hablar".

Igualdad, pero no feminismo

En Palma y Castelló de la Plana las concejalías han mutado de Feminismo a Igualdad. En el municipio valenciano Susana Fabregat ha sustituido a Verònica Ruiz, antigua edil de feminismos de Castelló. Ruiz llegó a ser una de las concejalas más conocidas de la legislatura anterior debido a las polémicas que despertaron sus medidas en cuestiones de Igualdad y derechos LGTBI.

En 2021 logró incluir entre el catálogo de libros de secundaria del municipio 32 libros de temática LGTBI+. Abogados Cristianos denunció la medida y Justicia retiró los libros hasta resolver la denuncia interpuesta por el lobby católico.

Al año siguiente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón daba la razón al Ayuntamiento. Contra esta sentencia, Abogados Cristianos reclamó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que en febrero de este año volvió a fallar a favor del Ayuntamiento.

Continente y contenido

Tener en el organigrama una consejería de iIgualdad no es sinónimo de la existencia de perspectiva feminista en las políticas públicas. "Es un mínimo, pero no lo garantiza", explica Marina, socióloga y miembro de la Asamblea Feminista Autónoma de Sevilla (AFUS).

"Que [las áreas de Igualdad] existan no es suficiente si finalmente las transformas en conciliación o recortas su presupuesto. Incluso aunque tengan una dotación presupuestaria, no significa que se haga una política de Igualdad para todas, como a las mujeres migrantes, con discapacidades o colectivos más vulnerables".

Para Justa Montero, el mero hecho de que existan concejalías de Igualdad "tiene una importancia simbólica, pero su verdadera efectividad depende de qué políticas públicas desarrollen, de qué presupuestos se doten y de cómo actúa en relación a otras concejalías". Advierte también de que las concejalías de Igualdad muchas veces sirven de cajón desastre, y que aunque una concejalía se denomine así, "puede servir para todo".

Si bien el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 por todos los grupos parlamentarios, comunidades autónomas y entidades locales, obliga a dotar de unos recursos mínimos a Igualdad u otras áreas desde las que se elaboran estrategias contra la violencia de género, algunas prácticas políticas terminan por descafeinar estas medidas. "Hay muchas maneras de gestionar la igualdad dentro de un ayuntamiento. Una de ellas es dejarla morir", afirma a Público Carmen Ruiz Repullo.

En el plano autonómico, pone como ejemplo la coeducación en Andalucía. Esta comunidad autónoma "fue la primera en diseñar un plan de coeducación en el ámbito educativo, en el año 2005", explica. "Se pusieron a disposición muchísimos recursos económicos y formativos para implementar la igualdad en las aulas, entre el profesorado y en las inspecciones educativas".

El segundo Plan Estratégico de Igualdad de Género en la Educación terminó en 2021, y desde entonces "no se ha evaluado ni hay vistas de que haya un tercero", lamenta. "Se dice que la violencia acaba con la educación y para esto sirven los planes", incide.

"Si no se ponen esfuerzos en que ese plan se implemente y se lleve a cabo de alguna manera estás mirando para otro lado cuando hablamos de violencia y de igualdad", añade.

Desde 2022, Andalucía es un laboratorio que permite analizar cómo un gobierno en solitario del PP gestiona las políticas de Igualdad. Cuando el pasado año Moreno Bonilla logró la mayoría simple en las urnas, planteó la posibilidad de que la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se transformara en Integración Social, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

Finalmente, el gobierno andaluz tiró del freno de mano y reformuló la consejería en Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad, con la popular Loles López Gabarro al frente.

Marina, participante de la AFUS, describe cómo con la llegada del gobierno en solitario del PP, empezó a tener "un viraje desde el feminismo a una suerte de igualdad de género neoliberal, más enfocada a la conciliación o ayudas a emprendedoras", alejado de "otras perspectivas más interseccionales".