Igualdad pisa el acelerador y tramita de urgencia las leyes trans y del aborto

Dos de los proyectos legislativos clave para el Ministerio de Igualdad enfilan la fase final de aprobación y el Gobierno quiere que sea cuanto antes. Se trata del texto que modifica la ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la ley de derechos LGTBI, más conocida popularmente como la ley trans. Cuando queda casi un año para el fin de la legislatura y tan sólo dos períodos de sesiones parlamentarios (el que va hasta diciembre, y el de febrero a junio), Igualdad ha pisado el acelerador.

El próximo será año electoral y la posibilidad de un retraso en las tramitaciones o un adelanto electoral antes del final de la legislatura podrían reducir el tiempo disponible para aprobarlas. Si esto pasase, los proyectos de ley decaerían y sería necesario volver a iniciarlos en una próxima legislatura.

Por eso, el Gobierno ha pedido que ambas leyes sean tramitadas por el procedimiento de urgencia, lo que debería reducir a la mitad los plazos. Si una norma suele tardar desde que entra en las Cortes hasta que es rubricada por el rey en torno a cinco o seis meses, la vía urgencia no debería alargarse más de tres meses en total. Sin embargo, los retrasos y vericuetos por los que pueden pasar los textos legislativos no son del todo previsibles.

A lo largo de los casi tres años de legislatura, el equipo que lidera Irene Montero ha aprendido que los tiempos legislativos son lentos y farragosos. Sobre todo cuando las normas que se negocian tienen aristas incluso dentro de los partidos de izquierda que conforman el Gobierno de coalición y dentro del propio movimiento feminista. La ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como del solo sí es sí, ha tardado alrededor de dos años y medio en ser finalmente aprobada por las Cortes y publicada en el Boletín Oficial del Estado. 

La ley trans, por ejemplo, inició su andadura hace ahora dos años, cuando en octubre de 2020 Igualdad abrió los proceso de consulta pública de dos leyes distintas. Una sobre los derechos de las personas LGTBI y el otro sobre la igualdad de las personas trans. Desde entonces, los enfrentamientos entre los socios de Gobierno tuvo varios escenarios. El Partido Socialista, cuya responsable de Igualdad era entonces la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se opuso a la norma, afirmando que la propuesta de la autodeterminación "generaba inseguridad jurídica" y pidiendo cambios de calado. El PSOE llegó, incluso, a emitir un comunicado contra la norma impulsada por Igualdad.

Finalmente, y después de que Calvo fuera apartada del Gobierno (hoy es la presidenta de la Comisión de Igualdad, donde se tiene que discutir y aprobar la ley), los dos proyectos quedaron refundidos en un mismo texto, lo que contribuyó a desbloquear el impase en el seno del Gobierno de coalición. 

Se espera que esta ley tenga numerosas enmiendas en su trámite parlamentario. Por un lado porque los colectivos LGTBI que la impulsan ya anunciaron que quieren "mejorarla en el período de enmiendas" y recuperar o introducir asuntos que quedaron fuera de la norma. Entre ellos, ampliar derechos para los menores trans e incluir los derechos de las personas no binarias en la autodefinición del género sentido. Es decir, la posibilidad de que puedan inscribirse en el registro como no binarias y no identificarse ni como hombres ni como mujeres.

"Se hurta a la ciudadanía de un debate profundo"

Por su lado, parte del feminismo muy ligado al Partido Socialista ha mostrado su amplia disconformidad con el texto de la norma. Afirman que tal como está redactada no solo no protege a las personas trans, sino que borra a las mujeres y las leyes que se han puesto en marcha a lo largo de las últimas décadas para protegerlas. Critican que la sustitución del término sexo por el de género "convierte la definición de mujer en algo completamente subjetivo y que afecta a nuestra realidad material en muy diversos ámbitos", como el de la educación, el deporte, las estadísticas o la sanidad, entre otros. La autodeterminación de género, afirma un grupo de organizaciones feministas agrupadas bajo la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, supone introducir en la legislación conceptos, "jurídicamente inseguros por basarse en subjetividades".

Desde hace tiempo piden un debate abierto y sosegado sobre distintas cuestiones de la ley, por lo que consideran que la tramitación de urgencia de la norma en el Congreso, "hurta de forma totalitaria el debate parlamentario al impedir la comparecencias de expertos que presenten datos y estudios que pondrían de manifiesto el daño de una ley que protege a quienes alientan la disforia de inicio rápido y exponen a los menores a la medicación y a las mutilaciones innecesarias e irreversibles". En un comunicado reciente, afirman que "resulta cuando menos escandaloso que el Congreso de los Diputados alentado por el Gobierno pretenda evitar un análisis riguroso de cómo la actual redacción de dicha norma pone en peligro los fundamentos jurídicos de la Ley de Violencia machista y la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres".

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), piden mayor celeridad a la hora de tramitar la ley trans y solicita que su aprobación definitiva ocurra antes de finales de año. "Tras más de dos años de debate y de injustificables retrasos en los plazos de tramitación, las consecuencias de estas demoras las sufren, principalmente, las personas más vulnerables del colectivo LGTBI+", afirman. "La falta de una legislación estatal que unifique criterios en derechos trans, sigue provocando desigualdades sociales, lo que se traduce en una peor calidad de vida de las personas que residen en determinados territorios. Además, dificulta la lucha contra la discriminación y los delitos de odio", afirman.

El aborto se deja por el camino los informes preceptivos

El Gobierno envió, además, el anteproyecto de ley del aborto a los órganos perceptivos y lo hizo de urgencia. Según la ley, órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen 30 días "improrrogables" para emitir su informe. Si la norma va por vía de urgencia ese plazo se reduce a 15 días. Ni el CGPJ, ni el Consejo de Estado emitieron su informe en plazo. Por ello, el Gobierno decidió aprobar la ley en el Consejo de Ministros sin dichos requisitos. En caso de que los órganos no hubieran emitido su informe en plazo, la ley establece que el trámite se entenderá por cumplido.

Se espera que la norma que modifica la ley del interrupción voluntaria del embarazo devuelva a las menores entre 16 y 18 años la capacidad de realizarse un aborto sin consentimiento parental, una prerrogativa que eliminó el Partido Popular de la ley en 2015. Otro de los puntos candentes en cuanto garantizar los derechos sexuales y reproductivos será la puesta en marcha de un registro de objetores de conciencia similar a como se hizo con la ley de eutanasia. Uno de los objetivos clave del Gobierno es que la interrupción del embarazo se realice en los centros públicos, para lo que es necesario saber dónde se precisarán facultativos dispuestos a realizar abortos. En la actualidad existen hospitales enteros en donde todos los ginecólogos son objetores, aunque no lo han comunicado oficialmente como marca la ley desde 2010. Incluso hay comunidades que son objetoras, puesto que no han realizado ningún aborto.