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El reto pendiente de erradicar la violencia institucional en el ámbito sanitario en Catalunya

El informe anual del Observatori de Drets Sexuals i Reproductius advierte que, a pesar de la inclusión de este concepto en la ley catalana sobre la violencia machista, se siguen produciendo vulneraciones de derechos a las mujeres y al colectivo LGTBI por la falta de información o accesibilidad en cuestiones como el embarazo, el aborto y los métodos anticonceptivos

La presentació de l'informe 'Violència institucional en el marc de drets sexuals o reproductius', aquest divendres a Barcelona.
La presentación del informe 'Violencia institucional en el marco de derechos sexuales o reproductivos', este viernes en Barcelona. Twitter

El avance del movimiento feminista ha resultado en la ampliación de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI en los últimos años. El derecho al aborto, el acceso generalizado a métodos anticonceptivos y la mayor conciencia sobre la violencia obstétrica son algunos ejemplos. Sin embargo, las propias instituciones a veces fallan a la hora de garantizar estos derechos. Es lo que se llama violencia institucional, y un nuevo informe del Observatori de Drets Sexuals i Reproductius advierte que se sigue produciendo, especialmente en el ámbito sanitario, y además existe una falta de mecanismos para denunciarlo.

Existe una falta de mecanismos para denunciar vulneraciones de derechos de las instituciones

La violencia institucional, en el caso concreto de los derechos sexuales y reproductivos, tiene muchas caras: desde las desigualdades territoriales para acceder al aborto hasta la falta de acceso a la 'pastilla del día después', pasando por la desinformación en procesos de reproducción asistida. Todos estos son casos que ha recogido L'Observatori en su informe anual, que han presentado este viernes en Barcelona.

"El reconocimiento de derechos no se traduce necesariamente en su garantía. Es importante generar mecanismos de responsabilidad", ha afirmado Laia Serra, abogada especializada en derechos humanos. En 2020 se reformó la ley catalana sobre la violencia machista y se incluyó la violencia institucional como una tipología más. Para la abogada, "afirmar que la institución puede ejercer violencia es una declaración política, un clamor para el reconocimiento de la intensidad con la que el Estado y los poderes instituidos pueden dañar".

La presidenta de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert, ha señalado que la incorporación de esta violencia a la ley es un "cambio fundamental" para los movimientos feministas. Además, Aldavert quiso apuntar que la actual violencia que sufren las defensoras de derechos humanos, especialmente por parte de colectivos de ultraderecha, también es violencia machista y reclamó "protección" a las instituciones.

Serra hizo hincapié en que ante esta situación habrá que fortalecer "alianzas y vínculos con las instituciones y las propias entidades" para hacer frente a la ola antiderechos, y apuntó que a veces ni siquiera se trata de un debate ideológico sino interesado, para "agitar" y "sacar rédito" con polémicas que acaban favoreciendo a tendencias electorales conservadoras.

Denuncian la discriminación y las desigualdades territoriales

El reconocimiento legal de la violencia institucional no ha implicado, por ahora, su erradicación. El Observatori, que es un programa de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, ha desarrollado una herramienta para detectar la violencia institucional y la ha aplicado en el ámbito de la salud en Catalunya. El resultado es que existen vulneraciones de derechos, especialmente en lo que se refiere a la discriminación de personas LGTBI, migrantes y con discapacidad, así como desigualdades territoriales en el acceso a los derechos sexuales en Catalunya.

Han acompañado casos de discriminación por no tener tarjeta sanitaria

Las dificultades para ejercer el derecho al aborto en Catalunya son los casos por los que el Observatori ha recibido más denuncias, una cuestión que la asociación ya había denunciado en numerosas ocasiones y que la Generalitat asegura estar trabajando para revertir. La falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por carecer de tarjeta sanitaria o por motivos de edad, así como las barreras para escoger método y para tener información son otras de las vulneraciones denunciadas

La segunda vulneración más habitual, según ha explicado la directora del Observatori, Elena Longares, afecta a la contracepción de urgencia, la conocida como 'pastilla del día después'. En un principio debería poder adquirirse en cualquier centro de salud, pero en la práctica no es así, ni tampoco en todas las farmacias. Este año también han recibido una denuncia por un caso de "desinformación grave" del 061 en relación con este fármaco. "La información que se da a veces es errónea, basada en información no científica", ha criticado Longares.

La falta de información y las barreras para el abordaje de las infecciones de transmisión sexual son otros ejemplos de casos que han acompañado en el último año. Información errónea sobre métodos anticonceptivos, la falta de un protocolo actualizado para acceder a la reproducción asistida en el sistema público y largas listas de espera para diferentes procesos constituyen otras vulneraciones.

Medicina sin perspectiva de género, una lacra histórica

La falta de perspectiva de género en la medicina hace también que algunos casos no se traten correctamente, y Longares ha puesto el ejemplo de mujeres con "fuertes dolores" que acuden de urgencia a centros médicos que en vez de ser diagnosticadas son derivadas a citas ordinarias, a veces con semanas de espera. Todo ello con la "incertidumbre" que esto supone sobre la propia salud, ha denunciado Longares.

La violencia obstétrica, vinculada a un "mal hacer" por la falta de perspectiva de género

La violencia obstétrica, por otra parte, sigue estando a la orden del día durante embarazos y partos. Serena Brigidi, presidenta del Observatorio de Violencia Obstétrica, ha explicado que ahora se habla más de ello pero "no se entiende", especialmente por parte de los profesionales sanitarios, que se trata de "una violencia estructural" y no ligada individualmente a los facultativos. "El sistema sanitario nunca ha tenido en cuenta la perspectiva de género ni migratoria, y es difícil hacer un trabajo con los profesionales formados en este contexto", ha afirmado.

La abogada Laia Serra ha negado que la violencia obstétrica se trate de una cuestión que se pueda atribuir a una intencionalidad de los profesionales, sino a un "mal hacer" asentado en un sistema que históricamente no ha tenido en cuenta la perspectiva de las mujeres.