Hace unos días, mi compañera Marisa Kohan escribía sobre el hito que supuso la despenalización parcial del aborto en 1985 y explicaba que su reconocimiento como un derecho, al menos de facto, no tuvo lugar hasta 2010, cuando los tres supuestos recogidos en la ley anterior -violación, malformación del feto y riesgo físico o psicológico para la mujer- desaparecieron, y la ley abrió la posibilidad de que las mujeres pudiéramos abortar libremente hasta la semana catorce de gestación.

El aborto salió del código penal en 2010 y no antes, puesto que en la ley de 1985 se establecían penas de prisión o multas para las que abortaran fuera de los tres supuestos. 2010, es decir, hace apenas quince años que las mujeres abortan con garantías en el Estado español. La despenalización del aborto, sin embargo, no ha supuesto que los abortos se lleven a cabo en la sanidad pública sino todo lo contrario. Los abortos se practican, muy mayoritariamente, en clínicas privadas, porque el aborto salió del código penal, pero su práctica quedó al arbitrio de las administraciones públicas autonómicas.

 En 2023, el ministerio de Irene Montero, como cuenta mi compañera María Martínez en Público, estableció las bases para sortear los problemas de falta de igualdad en el acceso y de falta de equidad territorial.

Uno de los temas que se intentó abordar fue el de la objeción de conciencia que, según ya había establecido la ley de 2010, solo podía ser individual pero que sin embargo se planteaba como institucional en muchos casos. Precisamente, para evitar que esto ocurriera, es decir, que más por conveniencia que por conciencia unidades hospitalarias  al completo se negaran a la prestación del servicio, la Ley de 2023 obligó a las Comunidades Autónomas a crear un registro de objetores. Dos años más tarde, el presidente del Gobierno ha reclamado por carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid, autonomías en las que el registro continúa pendiente de elaboración, listados detallados de los objetores.

Madrid, donde en los últimos diez años se han practicado más de 162.000 interrupciones voluntarias, de las cuales solo 177 se han realizado en hospitales públicos, vuelve a ponerse al frente de la causa ultra contra los derechos de las mujeres. En el día de ayer, su presidenta autonómica y -colideresa del Partido Popular estatal- nos ha emplazado, a quienes vivimos en la autonomía que gobierna, a que nos vayamos fuera de aquí si queremos abortar.

Una vez más, Ayuso se declara en rebeldía constitucional,  emponzoña y vacía de contenido los derechos de la ciudadanía madrileña. Concretamente en este caso, los derechos de las mujeres.

Hace unos días el alcalde de la capital hizo lo propio cuando estuvo a punto de aceptar la aprobación de una ley que pretendía obligar a informar a las mujeres de un síndrome posaborto inventado por las mal llamadas organizaciones provida. Pedro Sánchez ha propuesto llevar el aborto a la Constitución para garantizar que no ocurran cosas como ésta. La medida es solo un brindis al sol, porque en el Gobierno saben que no contarán, muy probablemente, con la mayoría parlamentaria que una reforma constitucional requiere. Por otra parte, todas sabemos lo que sucede a veces con los derechos que consigna la Constitución, incluso con aquellos que tienen, en principio, una protección elevada. También sabemos que, muy a menudo, los partidos utilizan los derechos de las mujeres como arma electoral, o simplemente con propósitos que tienen que ver menos con las mujeres y sus necesidades que con sus propias agendas. El debate sobre la prostitución que el PSOE viene forzando en los últimos tiempos, con un proyecto de ley largamente anunciado a instancias del ministerio de Igualdad después de conocerse los audios de caso Koldo/Ábalos, es un claro ejemplo de esto.

Conviene no perder de vista que los derechos de las mujeres son el resultado de luchas colectivas muy arduas, de sufrimientos y de trabajos conjuntos de las feministas durante décadas de historia. El derecho al aborto en España es una conquista social de las feministas y para el que las feministas continuamos trabajando. Lo hicimos cuando en 2014 pusimos en marcha el Tren de la Libertad para evitar la reforma de la ley del aborto con la que amenazaba nuestros derechos el ministro de Rajoy Alberto Ruíz-Gallardón. Lo hicimos cuando en 2022 logramos que el acoso a las mujeres en las puertas de los centros en los que se practican las IVEs se tipificaran como un delito en el Código Penal. Lo hicimos cuando se llevó a cabo la modificación de la ley de 2010 en 2023 para garantizar el acceso a los recursos públicos en el conjunto del territorio del Estado a todas las mujeres, españolas y migrantes en situación irregular que quieran abortar. Y lo vamos a volver a hacer. Vamos a seguir presionando, luchando y demostrando que en materia de derechos sexuales y reproductivos no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás. 

Cuando Isabel Díaz Ayuso dice que el aborto de una mujer es un fracaso social, las feministas tenemos el deber de contestar que no hay mayor fracaso para una sociedad que el que supone que las mujeres que la integran no dispongan de autonomía y de verdadera libertad.