Hay quién promueve con determinación la destrucción del territorio a base de implantar macroparques de aerogeneradores y de asentar placas fotovoltaicas en grandes extensiones de terreno. Afirman que las energías renovables producen miedo entre la ciudadanía y reconocen que la "transición energética" que ellos defienden no ha conseguido el "consenso social" que necesitan. No se preguntan por el motivo de tal disenso. 

Han descartado la posibilidad de dialogar con agricultores y ganaderos, con las organizaciones ecologistas, las entidades cívicas y las representaciones municipales afectadas por grandes proyectos de negocio basados en la generación de electricidad. También evitan el contraste de su punto de vista con el de los científicos que dan señales de alerta ante la degradación acelerada del medio ambiente. Han optado por la propaganda y por sacar provecho económico lo antes posible de las facilidades que les dan los gobernantes. 

Están en campaña y el lema que han utilizado llama la atención: Sin miedo a las renovables. 

Reconocen abiertamente que para ellos "la transición energética no es una opción ecológica, sino una necesidad estratégica". Así lo declaró públicamente hace unos días Ignasi Clariana, vicepresidente del Cluster de l’Energia Eficient de Catalunya y director de Energía del grupo empresarial Sorigué. 

Los miles de molinos y de placas fotovoltaicas que se han instalado hasta ahora en todo el Estado, desordenadamente, en enormes extensiones de terreno, en donde antes existía vida natural, han supuesto un destrozo medioambiental de proporciones exorbitantes. 

Lo han hecho en nombre de la "transición ecológica" y es gente que no sabe trabajar con otro criterio que no sea el de ganar dinero a corto plazo. 

Cuentan con la complicidad del Gobierno central, de la Generalitat de Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y de un entramado de empresas, entre las cuales destacan compañías suficientemente conocidas y especialmente mencionadas últimamente, como ACCIONA, el Banc de Sabadell, ENDESA o Ferrovial. Seguro que al lector le sonarán los nombres de esas compañías, por diferentes motivos, algunos de ellos bastante escandalosos. 

Los gobernantes de Catalunya consideran que el autoconsumo de electricidad avanza razonablemente bien. Les gusta que muchos particulares aporten electricidad a la red con instalaciones pagadas de sus bolsillos. La Administración catalana también manifiesta satisfacción por la creación de comunidades energéticas. Nadie informa, sin embargo, sobre cuántas de estas "comunidades" se han establecido en diferentes lugares bajo el paraguas de empresas del oligopolio energético, que se han lanzado a la captación de subvenciones públicas hipotéticamente destinadas a la democratización energética. 

Pero lo que les preocupa ahora especialmente es la resistencia social que dificulta la implantación de nuevas grandes plantas energéticas, la apertura de nuevas líneas de alta tensión y las instalaciones de almacenamiento. Por eso pretenden que la Administración les permita poner el pie en el acelerador de su maquinaria especulativa. 

Empresas y fondos de inversión tienen los ojos puestos en sierras, campos y costas todavía libres de parques de aerogeneradores gigantes y de extensiones de miles de placas fotovoltaicas. "No hemos tenido capacidad de construir un estado de opinión sólido" sobre las renovables, dicen, y por eso aplauden la decisión del Ejecutivo catalán de prescindir de las advertencias de biólogos, físicos y ecólogos, de los problemas que generan entre agricultores y pescadores, del criterio de los ayuntamientos preocupados por el futuro del territorio que administran y de las exigencias expresadas por entidades que reclaman modelos alternativos de transición energética respetuosos con el medio ambiente, el paisaje y la vida animal y vegetal. 

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En esta línea de desprecio del necesario consenso social, el Govern de Salvador Illa decidió actuar vía decreto ley, para declarar "de interés público superior" los proyectos renovables, para "agilizar las autorizaciones de los proyectos de parques solares, eólicos y de instalaciones de baterías", así como las líneas de conexión a la red. 

Cuando hablan de la existencia de este "interés público superior al de otros intereses públicos" no disimulan menosprecio y/o irritación ante quien les interpela con preguntas o da voz a los detractores de sus planes. Resulta significativa, por ejemplo, la arrogancia de la directora general de Energía de la Generalitat, Marta Morera, que se despacha sin respeto alguno en contra de quien ha trabajado en defensa del territorio. "Sus argumentos no son sólidos", afirma sin otro argumento que no sea la simple descalificación. Según ella, cuando alguien dice "renovables sí, pero no así" lo que quiere decir es "no aquí". 

 ¿Por qué no escuchan?   

Es evidente que el president de la Generalitat y el equipo de la Direcció General d’Energía no han querido escuchar a los defensores del espacio natural ni leer con atención los estudios de quienes han trabajado y descrito minuciosamente proyectos en favor de un modelo de transición energética democrática y justa. 

Lo que se les pide es que planifiquen la instalación de renovables de manera ordenada, descentralizada y en zonas ya degradadas, antropizadas. Desde el lobby energético responden que el concepto de zonas antropizadas no está bastante claro y desde la Generalitat aseguran que los espacios degradados son insuficientes. Los principales proyectos de unos y otros, en cualquier caso, están pensados para ser ejecutados en detrimento de los usos tradicionales, como la agricultura o la pesca. 

La directora del Institut Català d’Energía (ICAEN), Anna Camp, asegura que "estamos en un momento clave de la transición energética", que a nivel tecnológico y administrativo la cosa va bien, pero que en el ámbito local "cuesta levantar barreras". Su decreto ley de renovables es "técnico y poco ideológico", dicen, pero las felicitaciones que reciben proceden de manera evidente del mundo de la empresa y de la patronal y no de las entidades sin ánimo de lucro. 

A quien quiere complacer y complace la Generalitat es al oligopolio energético y, sobre todo, al conjunto de inversores que tienen prisa para sacar provecho de la oportunidad de negocio que ven en la construcción de los macroparques, sea cual sea la rentabilidad futura, la obsolescencia de los materiales y su impacto sobre el territorio. "Hay quién tiene proyectos muy potentes y que han de salir adelante", declaró la directora del ICAEN para regalar los oídos de los empresarios que buscaron como interlocutores y como público para una de sus jornadas de propaganda. 

Es preciso que el poder político evite las señales de comportamiento dócil con el poder económico y que deje muy claro y en todo momento que solo debe obediencia al conjunto de la ciudadanía. Habría que evitar espectáculos como el que dio la consellera Silvia Paneque en fiesta también organizada por el Cluster de l’Energia Eficient de Catalunya para celebrar "el modelo energético con el que trabaja el Ejecutivo". La consellera, además de ser portavoz del Govern, se ocupa de la cartera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica!. El Cluster lo preside Joaquim Daurà, Active Energy Management Director de la multinacional Schneider Electric, que reivindica la transición energética como "una oportunidad para reindustrializar Catalunya". Su empresa presenta explícitamente "la descarbonización de la economía como una oportunidad de negocio por sus socios". 

Paneque cree que el decreto ley será convalidado en el Parlament de Catalunya sin dificultad, del mismo modo que el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat. 

El Pacto Verde Europeo prevé una serie de medidas para que cuando lleguemos al año 2050 Europa sea climáticamente neutra. Y en esta línea el mencionado Cluster y la Administración apuntan hacia el objetivo de lograr el 50% de energía renovable en el 2030, para reducir en buena medida la emisión de gases de efecto invernadero. Cuesta entender, sin embargo, la coherencia de este propósito de reducción con la decisión de ampliar el aeropuerto del Prat, para hacer posible más viajes y más vuelos de larga distancia. Hay que suponer que en los próximos años todavía no habrán inventado motores de aviación sin combustibles fósiles. 

Tampoco se explica el motivo por el cual el Departament de Territori i Transició Ecològica asume como un hecho irreversible el aumento de la capacidad de transporte de mercancías por carretera y porque el presidente de la Generalitat celebra, por ejemplo, la ampliación de un parque logístico Logis Empordà, con más y más hectáreas de suelo industrial, así como de la capacidad operativa en la zona de la compañía Amazon. Tampoco escuchan a las gentes de los pueblos afectados que plantean como alternativa la creación de un parque rural, para defender la producción agraria y ganadera en la zona. Es preciso que “el urbanismo empordanès se decida también desde el Empordà y no solo desde los despachos de Barcelona”, se afirmó en un manifiesto de municipios contrarios a la ampliación del parque logístico. Se enfrentan a intereses económicos pero también a los burócratas que no pueden dejar de pensar que el progreso es una idea indisociable del hormigonado de más y más franjas de territorio. 

¿Por qué no les escandaliza la pérdida de biodiversidad que provocaría la instalación de aerogeneradores en la bahía de Roses? ¿Por qué no dicen ni palabra sobre los efectos en los fondos marinos y en campos de cultivo de las líneas de evacuación de la electricidad hasta las subestaciones? ¿Por qué pasan por alto la contaminación asociada al final de la vida útil de molinos aerogeneradores, placas solares y baterías? Algo deben haber pensado sobre el reciclaje de estos materiales. O quizás no. 

¿Alguien ha calculado el gasto en combustibles fósiles que implicará la construcción, instalación, traslado y reparación de todos esos grandes artefactos? 

¿Por qué motivo no intentan planificar sistemas de transporte no contaminantes y dejan de potenciar el crecimiento de autopistas? ¿Por qué no trabajan en términos de ahorro energético y de incentivación del autoconsumo en vez de destinar millones de euros a subvenciones para grandes compañías? 

Gente normal, que piensa en vivir de su trabajo y no de productos financieros, reclama la atención de los gobernantes. Ha salido a la calle y lo seguirá haciendo con la voluntad de romper con la lógica de un crecimiento económico indefinido, irracional e imposible de mantener. 

¿En qué momento tendremos gobernantes dispuestos a tirar del freno de emergencia de la maquinaria capitalista y a facilitar de este modo el entendimiento y la colaboración de la especie humana con la naturaleza?