Durante el siglo XIV, en el contexto de una Peste Negra que redujo la población europea hasta en un 50%, la gente recurrió a la religión como herramienta que le ayudase a entender la desgracia: desde ritos soteriológicos, hasta la culpabilización de algunos colectivos –mujeres, judíos– a quienes se creía hermanados con el diablo y merecían, supuestamente, ser condenados por haber desatado la enfermedad. A falta de saberes científicos, en España se repitió ese mismo esquema lleno de supersticiones y asesinatos gratuitos cuando, en el siglo XVII, sobrevino la Gran Peste de Sevilla, que afectó sobre todo al sur peninsular. Hoy en día, hay quienes siguen anclados en aquel marco simbólico y culpan a Pedro Sánchez por todas las catástrofes; el presidente sería, así, representante del mismísimo Lucifer para algunas bancadas de la (ultra)derecha. La diferencia, sin embargo, es que ahora contamos con un corpus amplio de conocimiento empírico y, a pesar de la Contrailustración que parece ir devorando cada rincón de la esfera pública, deberíamos ser capaces de identificar al menos la causa más importante de muchos sucesos trágicos: se llama emergencia climática, y no procede del averno, sino de la acción humana.

Los fallos en el sistema ferroviario de Rodalies, los retrasos o cancelaciones de vuelos, el caos circulatorio sobre las carreteras nevadas, o las inundaciones están provocados por una climatología extrema que ya no sigue los patrones de estabilidad que tradicionalmente han regulado la supervivencia de la especie humana. La pandemia o los incendios del pasado verano pueden sumarse a esta crisis global, al igual que muchas decisiones que surgen de la arena geopolítica. Que un negacionista confeso como Donald Trump quiera apropiarse de Groenlandia obedece a su reconocimiento de que el ecosistema Ártico se está derritiendo, por lo que será más fácil controlar sus rutas marítimas y extraer materiales preciados en un mundo caracterizado por la escasez de recursos disponibles, no para vivir felices, sino para mantener el ritmo de crecimiento actual. Así pueden leerse también la ofensiva de Putin en Ucrania, o la apropiación de los hidrocarburos venezolanos que Estados Unidos ha llevado a cabo. Si consideramos la situación actual de peak oil; es decir, el hecho de que las reservas de petróleo hayan llegado a su cénit y, a partir de ahora, exista menos cantidad de combustible que resulte rentable extraer, comprenderemos mejor ciertas intervenciones, por mucho que sean abominables si una las examina desde el prisma jurídico.

Hasta el odio al inmigrante se encuentra estrechamente vinculado a circunstancias ecológicas: los representantes políticos saben que se esperan oleadas masivas de refugiados climáticos conforme sus lugares de origen se vayan volviendo inhabitables. Ahora bien, en vez de mitigar el daño, la estrategia prioritaria consiste en convertir occidente en fortaleza y abandonar a los países más vulnerables a su suerte. La injusticia opera según patrones coloniales, pues son esas naciones denominadas subdesarrolladas las que menos han contribuido a la debacle y las que más sufrirán sus embistes; pero, a falta de asumir responsabilidades históricas, se azuza una persecución sin paragón: de nuevo, vuelven las brujas quemadas en la hoguera. El gobierno de España, en colaboración con Podemos, ha desplegado un gesto de liderazgo internacional al aprobar una regularización migratoria que guarda mucho de humanidad y otro tanto de táctica económica; no obstante, la tendencia general se articula en torno a la discriminación, el negacionismo o la ocultación de una verdad irrefutable: cada día es una nueva emergencia, porque ése es el mundo que hemos creado.

Ante tal panorama, hallamos a una ciudadanía desconcertada que, partiendo de concepciones obsoletas de progreso, espera que las infraestructuras o la industria funcionen como si la atmósfera fuese la misma que hace medio siglo. A veces, hasta proponen soluciones falaces que sólo agravan el problema: si se han caído algunos árboles por el temporal, habremos de talarlos todos –argumentan– lo cual nos privaría de sus beneficios, como la bajada de temperaturas o la reducción de la contaminación que tantas vidas salvan cada año. Si un río se ha desbordado, habrá que "limpiarlo" –dicen–, eufemismo para destruir cada bosque de ribera, aniquilar la combinación de suelo fértil y biodiversidad que ralentiza la fuerza del agua y repara los acuíferos. Dejar más espacio a la naturaleza, despavimentar y reverdecer nuestras ciudades, o parar de construir en la costa no parece que estén entre sus cálculos, cuando lo cierto es que deberíamos modificar radicalmente nuestro modo de vida, incluyendo los sistemas alimentarios, el urbanismo y la movilidad. En mitad de este caos, a quienes advierten de las peores consecuencias se les criminaliza: en ese grupo se encuentra el filósofo, profesor, poeta y traductor Jorge Riechmann, quien se enfrentará a un juicio por lo penal dentro de poco por haber participado en una protesta climática pacífica. Definitivamente, hemos perdido el juicio.

Si alguna vez nos guiamos por los dictámenes de la razón, ahora reverbera su opuesto: inventamos chivos expiatorios; actuamos en detrimento de nuestro bienestar; arrojamos por la borda el grueso de un corpus científico que, bien aplicado, guarda un componente salvífico: la lógica de no asomarse al balcón cuando arrecia un huracán. El giro necesario es evidente: si cada día nos sobrecoge una emergencia, la ciudadanía tanto como el entramado institucional deberían asimilarlas todas en forma de alerta estructural, cotidiana. De tomar medidas acordes a su gravedad y descartar la superchería medieval dependerá el futuro que nos quede.