Opinión
Cuando la democracia cae en las garras de los más ricos
Por Bruno Estrada
Economista
-Actualizado a
Desde 2014 la mayor parte de los miembros del Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU. son millonarios, es decir tienen un patrimonio declarado, por ley, de más de un millón de dólares.
En realidad, el porcentaje podría ser mayor, ya que tal como informa la organización OpenSecrets.org no declaran las residencias personales que no generan ingresos, ni automóviles y obras de arte que no se han adquirido con fines de inversión. Tampoco declaran las cuentas de jubilación provenientes del empleo en el gobierno federal ni el salario anual de los miembros del Congreso.
Minucias, los grandes números son impresionantes, más de la mitad de los senadores y congresistas son millonarios. Estas cifras incluyen tanto a representantes del Partido Republicano, como del Partido Demócrata. Como anécdota, de los cinco representantes públicos que más se han enriquecido en la última década dos eran republicanos y tres demócratas. S. Guthrie, republicano de Kentucky, incrementó su patrimonio en más de 7, 2 millones, su correligionario de Texas P. Olson en 5,6 millones. Pero los demócratas no les fueron a la zaga, la representante de Maine, Ch. Pingree, encabeza el ranking con un enriquecimiento de 9,5 millones en diez años, J. Chu, de California, incrementó su patrimonio en 7 millones y C. Peterson, de Minnesota, en 4,1 millones.
Por tanto, desde hace más de una década la democracia estadounidense se ha convertido en la práctica, no en sus leyes, en una democracia de representación censitaria. El voto, por supuesto, no está limitado por los ingresos de los votantes, como ocurría en Europa durante el siglo XIX, pero parece que hay una clara relación causa-efecto entre quienes finalmente se convierten en sus representantes electos y el grado de riqueza que poseen.
Teniendo en cuenta estos datos, resulta mucho más comprensible el vertiginoso proceso de privatización de la política emprendido por un "Trump desencadenado" en su segundo, y esperemos último, mandato. En este sentido, resulta muy interesante el informe de OpenSecrets sobre el aumento en los dos últimos años del gasto de grandes empresas en lobbies y grupos de presión vinculados a Trump. Según indica dicho informe, el número de empresas vinculadas al comercio exterior que fueron clientes de empresas de lobby en 2025 se triplicó, indudablemente para influir sobre "erráticas" decisiones de política arancelaria que Trump adoptó en 2025. Tal vez no tan erráticas si se pudiera analizar el gasto realizado por cada una de esas empresas y los aranceles finalmente adoptados.
También resulta muy relevante la información que ofrece sobre las empresas del sector sanitario, incluidas las farmacéuticas, que en 2025 duplicaron su gasto en actividades de lobby. Los recortes previstos por la Administración Trump a Medicaid, y la posible interrupción de la financiación pública de la Ley de Atención Médica Asequible, van a suponer para las empresas sanitarias privadas estadounidenses unas extraordinarias perspectivas de negocio, que multiplicarán con creces el esfuerzo inversor en lobbies de 13,8 millones de dólares que realizaron estas empresas en los primeros nueve meses de 2025 ¿para comprar voluntades de "representantes del pueblo"?
No obstante, el objetivo de esta larga introducción tan solo buscaba contextualizar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional Estadounidense presentada por Donald J. Trump en Washington el pasado 7 de diciembre. Hay que recordar que la presentación de la Estrategia ha estado acompañada de una intensa campaña contra la Unión Europea (UE) por parte de los tecno-oligarcas del círculo del presidente de Estados Unidos. Elon Musk, después de que la Comisión Europea aprobara una multa de 120 millones € a la red social X (antes Twitter) por falta de transparencia con la publicidad, ha pedido la disolución de la UE. Paralelamente, la propia Administración Trump ha vuelto a intentar chantajear a la UE, amenazando nuevamente con la posibilidad de modificar los aranceles ya pactados, si aquella no rebajaba sus reglas tecnológicas y de protección de datos, ya que a juicio de Trump afectaban a las perspectivas de negocio de las grandes tecnológicas estadounidenses.
Esta Estrategia coloca descaradamente a Europa en una esquinita del mapa mundial, como animal de compañía de EEUU. Una Estrategia que explícitamente plantea que el gobierno de Trump, a través de sus embajadas, "apoyará la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos (…). Nuestro objetivo debe ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual".
Una Estrategia que apenas ha sido contestada desde las autoridades europeas, lo que es un indudable síntoma de debilidad. El único que se ha pronunciado públicamente ha sido Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, al que debemos dar las gracias por decir cosas tan obvias:
"Europa y Estados Unidos no comparten la misma visión del orden internacional. En Europa seguimos siendo defensores del multilateralismo, creemos en un orden internacional basado en normas, creemos en la ciencia, creemos en la libertad científica y no ignoramos desafíos globales como el cambio climático. Estados Unidos ya no cree en el multilateralismo, ni siquiera cree en el orden internacional basado en reglas y cree que el cambio climático es un engaño".
"Los aliados no interfieren en la vida política ni en las decisiones políticas de sus aliados, respetan su soberanía".
"No podemos aceptar esa amenaza de interferencia en la vida política de Europa. EE UU no puede reemplazar a los ciudadanos europeos para elegir cuáles son los buenos partidos y los malos".
"Tenemos diferentes visiones del mundo".
"No habrá libertad de información si alguien tiene el monopolio del software. (…) si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos de Estados Unidos".
No obstante, todo el mundo es consciente de que la Presidencia del Consejo Europeo no es un órgano ejecutivo en el complejo entramado institucional de la UE, y que tiene mucho menos poder que Ursula von der Leyen. La Presidencia de la Comisión Europea (CE) ha permanecido callada frente esta injerencia intolerable en la política nacional de los países de Unión. Una CE que debería despertar a la realidad del divorcio de Europa con el gobierno de EEUU, algo que la opinión pública empieza a tener cada vez más claro. Una encuesta de la revista Le Grand Continent en nueve países europeos apunta a que un 48% de los encuestados considera a Trump un enemigo.
Cuando dos países, o grupos de países, como la UE y EEUU dejan de compartir valores, inmediatamente dejan de ser aliados, por lo que sus relaciones deben basarse en el grado de coincidencia de sus meros intereses materiales. En esa clave conviene recordar que en el siglo XVI muchos altos funcionarios de la República de Venecia defendían, en pleno conflicto en el Mediterráneo entre el Imperio turco y el Papado, que Venecia debía actuar en función de sus propios intereses comerciales.
La Unión Europa, en este convulso inicio del siglo XXI, debe analizar detenidamente qué intereses materiales comparte con EEUU, y cuáles con China, y desarrollar una política exterior coherente con ellos. Unos intereses que no tienen porqué ser los mismos de los millonarios representantes públicos del Congreso y Senado de EEUU.
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