Cuando el Gobierno o los socios de investidura señalan el grave riesgo que supone para las conquistas sociales y democráticas la llegada al Gobierno del PP y su aliado "no fraternal" Abascal, no están sobreactuando porque el mismo Núñez Feijóo se descubre una y otra vez y, en su afán de atacar a Sánchez, desvela sus intenciones y su política. 

El mismo día que Pedro Sánchez hacia balance del curso el 28 de julio, Feijóo contraprogramaba planteando la necesidad de mantener la tensión preelectoral y de desmantelar el sanchismo. Ese desmantelamiento es derogar toda la legislación de derechos conquistada con serias dificultades, aún más ha planteado como tarea fundamental del Comité Ejecutivo Nacional elaborar la lista de leyes a derogar: memoria democrática, derechos LGTBI, lucha contra la violencia de género, ruptura con el Pacto Verde europeo, crecimiento salarial, reforma del mercado laboral, eutanasia, leyes de emigración, ley de amnistía,… Y junto a todo ello un giro en la política exterior, para dejar de defender al pueblo palestino, no molestar a Trump y renunciar a un proyecto europeo autónomo. La derogación del sanchismo es la liquidación de las conquistas realizadas en este periodo. Asume como líder del PP los pactos presupuestarios de las autonomías con Vox, por ejemplo Valencia y Murcia, donde está grabada la involución que plantean y lo eleva a la categoría de programa de Gobierno.  

Cuando se acusa a la mayoría gubernamental, incluso desde las mismas filas de dicha mayoría, de usar reiteradamente el espantajo de que viene el lobo, para señalar la perspectiva de una mayoría de derecha y ultraderecha, se obvia que esa perspectiva de mayoría parlamentaria está estrechamente vinculada a la aplicación de un programa profundamente antisocial y antidemocrático. 

En diciembre de 2023 señalaba en un artículo en Público: "Pero además hay otra lectura de la que no debemos escapar, y que además es posiblemente la razón sustancial de por qué hemos llegado a la investidura de Pedro Sánchez. ¿Cuál hubiese sido la acción legislativa del Gobierno Feijóo-Abascal?". Ellos mismos lo dijeron: "Derogar el sanchismo", derogar la legislación que aumentaba derechos, reducía desigualdades y mejoraba la situación de la mayoría social. Estamos ante una continuidad de propuesta, marcada sin ninguna duda por la presión de Vox que marca el programa ante la que se arrodilla el PP, reduciendo su cosecha propia al insulto, la mentira y el estrambote en el que se ejercitan todos los días Feijóo, Tellado, Muñoz, Álvarez de Toledo, Ayuso,…

En economía se define el coste de oportunidad como "la cantidad de bienes y servicios a los que se renuncia al optar por una determinada opción"; si lo traspasamos a la situación y a las opciones políticas, podemos hablar de un concepto que definimos como el ingreso de oportunidad, que serían los logros que se alcanzan al definir una determinada opción y el beneficio obtenido por no haber elegido la posibilidad alternativa. Trasladado a nuestra política cotidiana, supone, por un lado, las medidas positivas para el avance económico, social y democrático de nuestro país que se toman y, por otro, el efecto positivo de no aplicar medidas de signo claramente contrario a dicho avance.

Frenar a la derecha y a la ultraderecha es obvio que pasa por la acción decidida en tres campos: acción de gobierno, acción parlamentaria y acción ciudadana.   

El énfasis debe ponerse, entonces, en la construcción de esa coalición sociopolítica que pueda consolidar una democracia con un claro contenido social y transformador. En ese itinerario, el BOE, la acción de gobierno, es importante, pero no puede ser la única opción. En primer lugar, la acción de gobierno es obligado que sea eficaz, es decir, que los ciudadanos sientan y vivan las mejoras; el tiempo es política. Podemos tener magníficos enunciados de leyes que, si la gente no siente su mejora, de poco valen para aumentar la base social de una política de progreso. Y esto va a suponer muchas veces enfrentar las potentes dinámicas corporativas de sectores significativos del Estado, ejemplos muchos y dos muy cercanos: la enorme resistencia de la judicatura a perder los privilegios y la endogamia en la reproducción clasista del poder judicial; el otro, la oposición de sectores importantes de los profesionales de la sanidad a tener una relación claramente reglada mediante el Estatuto Marco que ponga fin a la precariedad, a la falta de derechos laborales y dificulte las transferencias de recursos y conocimiento a la sanidad privada. Por sí mismos, los textos y normas publicados como leyes no son suficientes para levantar un movimiento de reivindicación democrática que ponga freno, primero, y revierta después, el ascenso de la extrema derecha.

La idea de un proyecto democrático socialmente inclusivo y avanzado; la preocupación por limitar la brecha de desigualdad en nuestras sociedades; recuperar la confianza en "lo público" (no solo y no tanto en la política); la necesidad de una mejora sustancial de nuestra institucionalidad profundizando los elementos democráticos. Construir un proyecto de sociedad y de país exige también salir de las estrechas paredes y miras del cálculo partidista. Cálculo que está llevando de forma preocupante a la jibarización de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, a la desconexión con las preocupaciones sociales y a la obsesión por la diferencia y no por lo común. No darse cuenta de que si perdemos, perdemos todos, y que si ganamos, las posibilidades de mejora de cada uno son muy superiores para todos, es de una miopía y una torpeza extrema. Desgraciadamente, hay formaciones instaladas en el cuanto peor, mejor, que, como se ha demostrado históricamente, nunca se produce; al contrario, cuanto peor, mucho peor para todos. No es hablar de la tan a veces manida unidad, sino del empuje común a los vectores de avance. Y saber que con objetivos comunes no se pierde la personalidad ni las visiones propias, sino que se potencian en un marco común de exigencia y logros.