Es conocido el refrán popular recogido por Lope de Vega "Obras son amores y no buenas razones". Resume la tradición social realista de valorar el comportamiento de la gente, su compromiso cívico y su lealtad relacional, más que las simples palabras, intenciones o justificaciones. 

Valga esta cita de la experiencia milenaria como punto de partida para analizar la actual estrategia gubernamental, actualizada este curso: ofensiva discursiva frente a las derechas, con ausencia de grandes reformas sociales y democráticas.

Tenemos, como ejemplo, algunas actuaciones recientes. El emplazamiento del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral para su intento de aprobación parlamentaria, sin el apoyo de Junts, y con el objetivo de ganar la opinión de la calle y cuestionar la legitimidad de las derechas. O bien, la propuesta de la constitucionalización del derecho al aborto, con la conciencia de su imposibilidad aprobatoria, pero con la intención de desacreditar y dividir al PP y frenar entre la opinión pública la ola reaccionaria antifeminista.

No obstante, la norma decisiva que va a imprimir la orientación gubernamental, en lo que queda de legislatura, es la presentación y el carácter de los Presupuestos Generales, sin certeza de su aprobación y para marcar -discursivamente- las prioridades socioeconómicas, cuestionar el bloqueo derechista y prefigurar el programa electoral socialista, mientras el resto del bloque de investidura busca su propia legitimidad. Y todo ello junto con la presión atlantista por el rearme, que conlleva restricción del gasto social, y la necesaria diferenciación con Trump y el trumpismo estadounidense y europeo, así como frente al genocidio palestino.

Se trata del desarrollo del modelo de emplazamiento discursivo, sin expectativas de su concreción ejecutiva y como método de ampliar la legitimidad social progresista para mejorar sus perspectivas electorales y su gobernabilidad. La cuestión es si esa estrategia va a ser eficaz y podría garantizar la victoria electoral frente a las derechas. Veamos sus puntos débiles, basados en la impotencia transformadora que expresa la cita antedicha, y la dudas que suscita su insuficiencia respecto de su objetivo declarado.

El presidente Sánchez es consciente de la fragilidad de sus apoyos parlamentarios de izquierda y nacionalistas, menores que la legislatura pasada y más dependientes, por un lado, de Junts y, por otro lado, de Podemos, en un contexto de fuerte ofensiva política, mediática y judicial de las derechas. Su pragmatismo y su prioridad de acceder al poder gubernamental le llevó a aplicar la regla de ‘hacer de la necesidad virtud’ y convertir una situación desfavorable, con una medida controvertida, la amnistía, en una ventaja política.

Así nacía esa gran reforma política, que está marcando toda la legislatura en un doble sentido. Por lo positivo: el reconocimiento democratizador y la normalización con (y en) Cataluña, así como el aislamiento gubernamental de las derechas. Y por lo negativo: la sublevación de las derechas y el grueso del poder judicial, que han conllevado el ascenso en España del nacionalismo ultra excluyente.

Pero el acuerdo de la investidura, salvo ese gran consenso democrático, tenía -y tiene- solo un objetivo limitado: evitar un gobierno regresivo y autoritario de las derechas. No se basaba en un común proyecto reformador de progreso. En la percepción socialista, no hay suficientes fuerzas parlamentarias progresistas para una alianza fuerte y cohesionada que permita avanzar en un significativo proceso de reformas sociales y democráticas. Su solución es el continuismo socioeconómico e institucional de la gestión gubernamental, con una simple adaptación normativa y ejecutiva al entorno, incluido el internacional, complementada con una confrontación discursiva con las derechas, primero defensiva y ahora ofensiva.

La dirección socialista descarta la apuesta por una dinámica de articulación sociopolítica que avance en un proceso reformador más contundente y condicione la actitud de las fuerzas más reticentes al mismo, con el apoyo de la izquierda alternativa (Sumar y Podemos) y la nacionalista (ERC, EH-Bildu y BNG). No hay giro hacia la izquierda, la democratización o la plurinacionalidad del Estado, incluida la mejora de la financiación autonómica, que podría abarcar el refuerzo de los servicios públicos, la democratización institucional y el autogobierno territorial solidario. 

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Las reformas sociolaborales progresistas tienen dificultades derivadas de la oposición de grupos nacionalistas de derecha -desde la reducción de la jornada hasta una reforma fiscal progresiva-. Igualmente, por parte del Partido Popular y Vox hay un bloqueo al desarrollo de leyes y servicios públicos -vivienda, sanidad educación…, y en sus comunidades autónomas imponen una involución privatizadora, de precarización y segmentación.

El presidente Sánchez, en algún momento, especuló con cambios significativos en el campo de la transparencia democrática -como el caso de la justicia o la ley mordaza-, en el que podría encontrar mayor apoyo en los grupos nacionalistas, pero se amilanó ante los poderes fácticos. Además, el Partido Socialista ha sufrido el impacto de la corrupción en sus filas, en el caso de sus dos exsecretarios de Organización, que le ha restado credibilidad ética.

La coalición gubernamental ha ido sacando algunas reformas menores, pero se puede decir que hay un bloqueo de reformas sociales y democráticas sustanciales y un acomodo a cierto continuismo socioeconómico e institucional, en un marco de cierta bonanza macroeconómica e inestabilidad internacional. Ante ese estancamiento en la gestión gubernamental de las políticas públicas y la tarea de afrontar una nueva etapa en el poder institucional y lo que queda de esta legislatura, se refuerza la estrategia de impulsar la acción discursiva frente a las derechas.

La gestión gubernamental se reorienta al emplazamiento, más o menos simbólico y de impacto mediático, pero sin perspectivas de eficacia transformadora inmediata de las relaciones sociales e institucionales. De la necesidad adaptativa al bloqueo del proceso reformador de progreso, se pasa a la virtud de la ofensiva propagandística. Desde luego, siempre es mejor que la pasividad o la rendición. El problema es que puede ser insuficiente sin una credibilidad transformadora de las izquierdas que permita forjar un fuerte contrato social y activar su base socioelectoral.   

Se entra en una precampaña electoral prolongada, en la que lo prioritario es el incremento de la legitimidad pública y la confianza de sus bases sociales, con la perspectiva de ganar las elecciones generales que, se insiste, se convocarán en 2027… si no hay condiciones favorables para ganarlas en una convocatoria anticipada o es insostenible la gobernabilidad. Llegados a este punto, está por ver la eficacia de este giro gubernamental hacia la prioridad por la guerra cultural sin cambios sustantivos.

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El plan para ganar las elecciones parte del análisis demoscópico del relativo empate electoral entre las derechas estatales y las fuerzas progresistas y nacionalistas, con ventaja socialista sobre los populares, que descienden, el ascenso de Vox, el mantenimiento del bloque nacionalista y la delicada división de la izquierda alternativa. Son los resultados del CIS y de 40dB, cuyo sesgo, favorable al Partido Socialista, he valorado en otra parte: ¿Sánchez cree al CIS?.

Con ese diagnóstico embellecido de la realidad socioelectoral, un contexto macroeconómico razonable, la expectativa de los errores del PP y las insuficiencias del liderazgo de Feijóo, no se ve la necesidad de modificar esta dinámica de gestión gubernamental continuista, sin apenas avances reales. Se piensa que, sobre todo, con esta estrategia de confrontación discursiva frente a las derechas, incrementada por el miedo a la involución ultra, va a ser suficiente para estimular al electorado progresista y renovar otra etapa de gobierno democrático y de progreso.

Ahora bien, este planteamiento socialista es inseguro y peligroso, por sugerir acomodamiento continuista y conllevar frustración social. Se basa en la conjunción de esas variables, algunas sin rigor y otras autónomas de la gestión gubernamental, o sea, dependientes de otros actores. No garantiza la ampliación de la legitimidad cívica y la victoria electoral.

Por el contrario, el factor decisivo es la credibilidad transformadora de las élites políticas democráticas, la mejora con hechos de la situación vital de la gente, particularmente de la más vulnerable. Y, en todo caso, por el fuerte compromiso para ejecutarlos, construyendo las condiciones sociopolíticas e institucionales necesarias para articular ese objetivo de cambio real y sustantivo que beneficie a las mayorías sociales. Y así, especialmente para las izquierdas, con la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, se ganará la confianza popular por una nueva etapa de progreso.