Esta semana ha vuelto a fallecer una persona en su puesto de trabajo. Ocurrió en Fuente Palmeras (Córdoba), cuando un trabajador de 33 años moría electrocutado en una atracción del recinto ferial. La siniestralidad laboral se ha cobrado la víctima número 62 en lo que va de año solo en Andalucía. El año pasado, los accidentes laborales se saldaron con 796 muertos en toda España, 75 más que el año anterior, lo que se traduce en un incremento del 10,4%. Una cifra absolutamente inasumible.   

Las cifras de siniestralidad laboral en España demandan algo más que una profunda reflexión; exige acciones eficaces que terminen con este fenómeno a todas luces mitigable. Casi 800 muertes al año por accidentes laborales es un escándalo, supone más de dos personas fallecidas cada día por estar realizando su trabajo. Esta mortalidad solo es la punta del iceberg, porque en 2024 también se registraron 628.300 accidentes laborales con baja, un 0,5% más, y 552.902 sin baja, un descenso del 3%. La estadística es sonrojante.

La hemeroteca acumula material para avergonzar a la patronal. Decir que esta siniestralidad se debe únicamente a sus malas prácticas sería mentir, pues es obvio que habrá casos en los que se produzcan accidentes, mortales o no, motivados por negligencia o imprudencia de la víctima, al margen de las medidas preventivas. Sin embargo, no deja de ser llamativo cómo ante una estadística tan obscena el empresariado acostumbra a cargar más las tintas en las cifras de absentismo laboral que en las de siniestralidad, como si ésta no fuera también determinante para reducir la competitividad o, en el peor de los casos, segar vidas.

Entre los deberes que tiene cualquier empresa figura la protección y garantía de la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras. Incluso desde una perspectiva egoísta y pragmática, el empleador debería pensar en términos de inversión y no de gasto, porque asegurar el bienestar de su fuerza laboral sólo se puede traducir en beneficios para la empresa. Por el contrario, no establecer este marco de seguridad únicamente puede reportar perjuicio, en primer lugar, para la persona trabajadora y, a la postre, para su empleador.

Sin embargo, cunde la visión cortoplacista y se escatima en prevención de riesgos laborales. En otras ocasiones, la realidad nos sugiere que esta desprotección de quien acude a ganarse su pan es fruto de la propia desidia, de una ausencia de cultura de la seguridad laboral que termina disparando la mortalidad. Así parece que sucedió este mes en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuando dos personas fallecieron cuando trabajan en las reformas de un inmueble municipal que, aparentemente, no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.

Esta carencia de cultura de la seguridad laboral se plasma en cifras, tal y como evidenció CCOO en un reciente informe en el que destacaba cómo el 36% de los accidentes se producen en entornos laborales donde ni siquiera se ha realizado una evaluación de riesgos, algo que, por cierto, es obligatorio por ley desde hace casi 30 años (1996). En este sentido, anda acertado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, cuando se pregunta "¿cómo se van a poner los recursos para eliminar ese riesgo si ni siquiera hacemos un buen diagnóstico de lo que puede pasar en una empresa?".

En aquel mismo informe, el sindicato deslizaba que las cifras de siniestralidad aún podrían ser mayores, dado que en España únicamente se reconocieron 190 cánceres de origen laboral en 2024, a pesar de que sus estimaciones se mueven en cerca de 16.000, con 3.000 personas fallecidas. Un problema que abordaba también el compañero Santiago F. Reviejo apoyándose en las estimaciones que maneja la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que sitúan entre 4.000 y 8.000 el número de casos de cáncer de origen laboral en España.

Cada semana tomo Andalucía como punto de partida para abordar problemáticas nacionales. Esta región que me acoge y a la que el centralismo informativo suele orillar es un perfecto espejo nacional en el que mirarse. En provincias como Córdoba, que lidera los accidentes laborales en esta comunidad, se producen cerca de 25 al día… eso es más de uno a la hora. Eso es inadmisible, como también lo es que en ocasiones veamos a grandes empresas acumular listas de siniestralidad laboral sin que se les meta en vereda.

Desde la llegada del Gobierno de coalición, la Inspección de Trabajo ha intensificado su labor, pero continúa siendo insuficiente porque insuficientes son los medios con los que cuenta. El Estado no debiera pecar de tacañería en el cuerpo de inspectores e inspectoras y, en ese sentido, las becas para opositar a estos puestos suponen una buena noticia.

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Judit Castaño

Con todo, resta mucho camino por recorrer. Alargar la edad de jubilación, por ejemplo, no ayuda a reducir la siniestralidad laboral en determinadas profesiones. Ese es otro melón que ya está demasiado maduro para dejarlo pasar sin abrir, del mismo modo que el calvario judicial que han de pasar las víctimas de los accidentes laborales -o sus familias, cuando éstos son mortales- ha de dejar de ser la puntilla innecesaria para quienes un día fueron a trabajar sin saber que sería su último día