Este lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen una cita con la historia. En la mesa: la posibilidad de suspender —o al menos revisar— el Acuerdo de Asociación con un Estado acusado de cometer crímenes de guerra, limpieza étnica y genocidio. España y otros ocho países habían pedido que esto sucediera. Ahora debe decidirse si se ha cumplido o no la denominada "cláusula de derechos humanos" del artículo 2 del citado acuerdo, según la cual las partes se deben comprometer con el derecho internacional. Este viernes el Servicio de Acción Exterior de la UE emitió el informe preceptivo previo. En su opinión - despachada en siete folios -, "existen indicios" de que Israel estaría incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Tras más de 55.000 muertos, con hospitales bombardeados, niños enterrados bajo los escombros y cuerpos consumidos por el hambre en Gaza, llamar solo "indicios" a lo que son clamorosas pruebas es una frivolidad, pero lo cierto es que es un paso, aunque excesivamente tímido, en la dirección correcta. La constatación, tan breve como evasiva, pone en evidencia que el problema no son los indicios, son las gafas: están tan mal graduadas que no distinguirían un genocidio ni aunque les explotara en la cara. Ahora los ministros deben pronunciarse.

No obstante, la Corte Internacional de Justicia ya habló. Declaró ilegal la ocupación israelí y apeló a la responsabilidad de todos los Estados. No basta con reconocer al Estado palestino si se sigue premiando al ocupante. La opinión consultiva de julio de 2024 señala de forma inequívoca que todos los Estados están obligados a abstenerse de mantener relaciones que contribuyan a sostener la ocupación y a colaborar activamente para su fin. Es un imperativo legal, no una opción diplomática.

En este contexto, vetar el comercio con los asentamientos ilegales, suspender la financiación a entidades israelíes implicadas en la ocupación, e incluso restringir el acceso sin visado a colonos asentados en territorio palestino, es lo mínimo que debe hacerse. Ninguna de estas medidas es excepcional: todas tienen base en precedentes jurídicos y políticos aplicados en otros contextos, como Ucrania o Sudáfrica.

La base jurídica para actuar no puede ser más clara. El citado artículo 2 del acuerdo no es decorativo. Es una cláusula esencial. Eso significa que su violación puede —y debe— acarrear consecuencias jurídicas, incluida la suspensión del acuerdo. Así lo reconocen tanto el derecho de los tratados como la propia práctica de la UE en otras regiones del mundo. No se puede invocar la cláusula cuando interesa —en Venezuela, Rusia o Bielorrusia— y silenciarla cuando se trata de Israel.

La comparación con Rusia es elocuente. Tras la invasión de Ucrania, la UE reaccionó con rapidez: se suspendieron acuerdos, se impusieron sanciones, se aislaron a instituciones y empresas. Nadie preguntó entonces si esas decisiones "servían" a los ucranianos. Se consideró un deber moral y jurídico. ¿Por qué no ocurre lo mismo con Palestina? ¿Por qué el mismo comportamiento, cuando lo perpetra un aliado estratégico, recibe otro tratamiento? La respuesta es incómoda: Israel sigue actuando con impunidad porque sabe que cuenta con el respaldo político, económico y militar de Estados Unidos y de Europa.

Hasta que Israel no pague un precio más alto por mantener el genocidio que por interrumpirlo, no habrá ningún cambio. Las palabras no bastan. Lo que frena a los verdugos no es la retórica, sino el coste. Eso fue lo que ocurrió con el apartheid en Sudáfrica: no cayó por un milagro interno, sino por la presión internacional sostenida. La UE debe decidir si quiere estar del lado de la historia que permitió el fin del racismo institucional o del lado de quienes lo perpetúan con otro nombre y otra bandera.

En el último debate parlamentario, la Alta Representante Kaja Kallas llegó a decir que suspender el Acuerdo de Asociación con Israel "no detendrá la matanza en Gaza". Esa afirmación es tan cínica como falsa. Lo que mantiene vivo el sistema de ocupación, colonización y exterminio es precisamente la ausencia de consecuencias. Israel puede actuar como actúa porque no se enfrenta a ningún castigo real. Porque Europa le sigue otorgando acceso preferente a su mercado, financiación científica y legitimidad diplomática. Revisar ese acuerdo no solo sería útil: sería lo mínimo exigible para frenar la maquinaria del horror.

Mantener relaciones económicas y diplomáticas con un Estado que vulnera de forma sistemática el derecho internacional puede suponer una forma de complicidad jurídica. Así lo ha reconocido la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, así lo han defendido expertos en derecho internacional y así lo exige la Opinión Consultiva de la CIJ. No basta con condenar; hay que cesar toda ayuda que contribuya al sostenimiento del crimen.

El debate sobre este acuerdo no es técnico, es ético. No se trata de si se puede suspender, sino de si se quiere. Y lo que está en juego no es la eficacia inmediata de la medida, sino el mensaje que se envía: que no habrá impunidad para quien convierte en rutina el crimen. Mantener el acuerdo no protege a los palestinos, solo protege a quienes violan sus derechos. Y blinda, de paso, los intereses económicos y la imagen institucional de quienes les da cobertura.

Pero además de la dimensión legal, está en juego una cuestión de memoria y de dignidad. Europa prometió que jamás volvería a ser cómplice de un genocidio tras Auschwitz. Ese "Nunca más" que dio sentido a los tratados fundacionales de la Unión está hoy en entredicho. Si este lunes no se revisa el acuerdo con Israel, será una victoria política y simbólica para Netanyahu. Un mensaje claro para que continúe con las masacres. Una prueba de que la comunidad internacional no piensa hacer nada, ni siquiera cuando el crimen se comete ante la mirada del mundo.

La Unión no puede vacilar. No puede mirar para otro lado mientras sus principios fundacionales se diluyen. No puede proclamarse defensora del derecho internacional mientras incumple sus obligaciones. No puede declararse solidaria con Palestina mientras sostiene con dinero público a quienes la aniquilan.

El filosofo francés Albert Camus decía que llega un momento en que callar es convertirse en cómplice. Ese momento es ahora. No se trata de elegir entre Palestina o Israel, sino entre la legalidad o la barbarie. Entre la decencia o la indiferencia. El tiempo de las lamentaciones ha terminado. Este lunes, Europa debe elegir entre la complicidad o el coraje. Si no actúa ahora, no solo perderá Gaza. También perderemos nosotros el sentido de lo que un día llamamos civilización.