El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado a finales del año pasado una sentencia que deja en muy mal lugar a las fuerzas de seguridad y a la justicia españolas. Trata el caso de dos mujeres presuntamente violadas. Uno de los autores resultó ser familiar de uno de los policías que investigó su caso. Hubo numerosas irregularidades destinadas a tapar el delito y gracias a ello los acusados ni siquiera fueron juzgados. En la decisión, el órgano europeo manifiesta su preocupación sobre la independencia y la efectividad de las investigaciones policial y judicial españolas.

La condena a España es extraordinariamente relevante. No solo pone en evidencia casos puntuales de aparente corrupción policial, sino la ineficacia de los mecanismos de control. Que haya un policía corrupto que aprovecha su posición para proteger a un delincuente puede ser algo excepcional. Que sus superiores y algunos jueces lo tapen, es un vicio del sistema entero.

Una investigación periodística sobre el caso ha sacado a la luz detalles impactantes. Dos mujeres amanecen en casa de unos extraños sin recordar nada de la noche anterior. Tienen magulladuras por el cuerpo y  evidencias de haber mantenido relaciones sexuales violentas. Intentando reconstruir los hechos concluyen que sus recuerdos se acaban en una discoteca en la que se encontraron a dos tipos que las invitaron a bebidas. Las mujeres denuncian una agresión sexual sospechando que fueron drogadas o se aprovecharon de ellas estando inconscientes. En un primer momento la policía investiga adecuadamente. Se visualizan imágenes de la discoteca en las que se ve a los dos sujetos trapichear subrepticiamente; se los identifica y se ordena su detención.

A partir de ahí todo empieza a ir mal para las víctimas. Los agentes que van a arrestar a los sospechosos se encuentran que los están esperando; alguien ha dado el chivatazo. Entregan voluntariamente sus teléfonos móviles, pero parece que de ellos han borrado todo lo incriminatorio. Declaran que el sexo fue consentido. Poco después, la inspectora a cargo descubre por casualidad que uno de los policías que investiga el asunto es cuñado de uno de los acusados. Las imágenes clave de la discoteca desaparecen; el informe sobre el borrado de los móviles también. El expediente entero, con todos los detalles, se borra de los ordenadores policiales. Todo apunta a que alguien dentro de la policía ha hecho desaparecer estas pruebas.

El juzgado encargado de la denuncia por violación entiende que las evidencias restantes son suficientes para resolver el caso, a pesar de que las desaparecidas son todas las que demostraban la culpabilidad y las que quedan solo las favorables a los acusados. Concluye que no parece que haya habido ningún tipo de abuso. Sin escuchar siquiera a los presuntos violadores archiva las actuaciones en su contra. Aquí no ha pasado nada.

Se obvian algunos detalles inquietantes. Como que en el chat de uno de los acusados alguien le escriba que "pa’ que nos pillen tienen que analizar el cubata". O que refiriéndose a un hipotético nuevo encuentro sexual con una de las víctimas uno le diga al otro "lo que quieres es reventarla a puñetazos, ¿no?". Para los magistrados españoles son comentarios soeces o de mal gusto, pero ningún indicio de nada delictivo que deba juzgarse.

Las mujeres intentan entonces que al menos se investigue judicialmente a los policías que han hecho desaparecer las pruebas aunque los jueces niegan conexión entre las irregularidades y la violación. La justicia concluye que tampoco puede demostrarse ahí mala intención o negligencia. Ni siquiera se sanciona disciplinariamente al cuñado del acusado que ocultó su parentesco, o a la responsable de borrar las carpetas. Según nuestros tribunales, todo es normal. No hay nada que reprochar a nadie. Circulen.

Así las cosas, el Tribunal Europeo no condena a España porque un policía corrupto haya podido destruir unas pruebas sino porque nuestro sistema judicial se muestra incapaz de amparar a las víctimas de esa irregularidad. Ni juzgando adecuadamente la denuncia de violación, ni investigando y castigando a los corruptos o negligentes. No es una manzana podrida, sino un sistema que tapa la corrupción de algunos.

Por supuesto, nuestros jueces alegan que ellos se limitan a aplicar las garantías constitucionales. En efecto, la presunción de inocencia es un principio básico de la democracia. Preferimos, razonablemente, que haya dos delincuentes en libertad a un inocente en prisión. El problema es que parece que estas garantías se utilizan solo en ocasiones y casi siempre para proteger los mismos intereses. Es propio de Estados corruptos que a los más débiles y los ciudadanos ordinarios no se les respete ningún derecho y se invoquen solo cuando sirven para amparar las tropelías de los poderosos.

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Formalmente, la decisión de no juzgar ni a los supuestos violadores ni a los supuestos policías corruptos es, en efecto, garantista. Sin embargo, cualquiera que conozca el sistema judicial español sabe que estos escrúpulos solo aparecen cuando les interesa a los jueces. En un país en el que se ha condenado al fiscal general del Estado sin más prueba que el hecho de que borrara los mensajes de su móvil o condenado y expulsado a un diputado porque un policía decía que creía que le había dado una patada siete años antes, resulta que nuestros jueces invocan la presunción de inocencia cada vez que hay denuncias de malos tratos contra la policía. Contra activistas o ciudadanos desobedientes  el estándar de presunción de inocencia es muy bajo. Contra policías muy alto. Cuando los jueces son tan especialmente magnánimos con los abusos de los cuerpos de seguridad quizás no se trate de una cuestión de garantías jurídicas sino de asegurar su impunidad.

Respecto a la facilidad con la que se renuncia a tutelar a mujeres que denuncian abusos posiblemente se suman otros factores.. Las redes sociales están llenas de jueces y juezas machirulos indignados con todo el que insiste en que necesitan formación con perspectiva de género. Creen que su capacidad para recitar de memoria centenares de temas los convierte en diferentes al resto de los humanos. No solo se vuelven automáticamente más imparciales que nadie, sino que saben todo sobre género sin necesidad de aprender más. La arrogancia tiene estas cosas y en manos de esta gente estamos.

Así que los jueces no controlan a la policía y nadie controla a los jueces. Estos adoptan a diario resoluciones aparentemente arbitrarias basadas en sus creencias y preferencias.  Creen que la argumentación jurídica con la que las revisten puede tapar cualquier barrabasada y saben que nadie va a exigirles ninguna responsabilidad. Supuestamente hay mecanismos disciplinarios para evitar casos extremos de parcialidad, pero no funcionan. Todo se deja a la decencia y la responsabilidad de los jueces… y el resultado es desesperanzador.

Un país supuestamente democrático y maduro necesita que las fuerzas de seguridad no abusen de su poder para cometer los mismos delitos que deben evitar. Y eso solo se consigue con un poder judicial imparcial que no permita la impunidad. Los órganos europeos de justicia están poniendo en evidencia que en España no tenemos ninguna de esas dos cosas.