El pasado 30 de enero celebramos en el Congreso de los Diputados una jornada que, bajo el título Vivir sin nucleares, reunió a expertos, activistas y organizaciones sociales para analizar la realidad de las centrales nucleares a día de hoy. Esta jornada sirvió para clarificar muchas cuestiones sobre el impacto que tendría en la política energética la prórroga a la central nuclear de Almaraz.

Comencemos recordando que las centrales nucleares españolas son de capital privado, propiedad en su mayor parte de las empresas Endesa e Iberdrola. Estas empresas firmaron en el año 2018 un acuerdo con el gobierno en el que se pactaba un calendario para el cierre progresivo de las nucleares. Este acuerdo fue uno de los elementos clave para la elaboración posterior del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Una modificación de ese calendario supondría una alteración importante de este Plan, que busca la implantación de energías renovables en nuestro país, y cuyo desarrollo avanza.

De acuerdo con ese calendario de cierre, las centrales Almaraz I y II cerrarían en 2027 y 2028 respectivamente. En 2030 está programado el cierre de Cofrentes y Ascó I. Es aquí donde está la primera trampa de la oferta de las eléctricas. Si el cierre de Almaraz se retrasa tres años - hasta 2030 - en ese año nos encontraremos con el cierre programado de nada menos que cuatro centrales nucleares. Una tarea que ningún gobierno querrá acometer.

Cuando el oligopolio eléctrico acepta que la prórroga de Almaraz no suponga un coste para el Estado, lo hace sabiendo que en tres años tendrá la sartén por el mango, y podrá imponer todas sus condiciones económicas al gobierno de turno. En concreto lo que buscan es un precio que les beneficie para el Mwh nuclear, y que se rebajen o elimine la llamada tasa enresa, es decir, la tasa para la gestión de los residuos radiactivos. Es decir, maximizar los beneficios manteniendo las nucleares en funcionamiento.

Otra paradoja en la que ha caído el gobierno ha sido la de decir públicamente que el futuro de Almaraz lo debe decidir el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Esto es falso. La decisión del CSN solo es vinculante si es negativa. Es decir, el Gobierno no puede conceder la prórroga si el CSN no da su visto bueno. Pero la decisión sobre el futuro de las nucleares es - y así lo ratificó la Audiencia Nacional en una sentencia en 2011 sobre la central nuclear de Garoña - es una decisión que puede y debe tomar solamente el gobierno. Dicho de otra manera, el CSN puede dar su visto bueno a esa prórroga, y el Gobierno tiene toda la legitimidad para no concederla.

Por tanto la pelota no está en el tejado del CSN, sino de Pedro Sánchez.

Otra cuestión que ha emergido con fuerza en las últimas semanas es que las nucleares y renovables ya no se llevan bien. Si se alarga el futuro nuclear, el desarrollo renovable se frenará irremediablemente. Sería dramático para nuestro país que un desarrollo que ha permitido el impulso a una industria importante, generando miles de empleos y abaratando drásticamente el coste de la energía, se vea frenado por los intereses del oligopolio eléctrico.

Hay muchos temas pendientes en el debate energético en España, entre ellos una vez más la cuestión de la inexplicable falta de presencia pública en el sector energético español, pero hay que dejar claro que la continuidad de las nucleares supondría tirar a la basura el PNIEC, y volver al viejo modelo energético. Si Pedro Sánchez acepta esa prórroga estará doblegándose definitivamente ante el oligopolio energético.