En los últimos años de la Dictadura, un sector del franquismo comprende, ante las crecientes y cada vez más importantes movilizaciones de la población, que después de la muerte del Franco esta situación era insostenible.

Así se abre un proceso, la Transición, donde estos franquistas conducirán el tránsito de una dictadura a una monarquía parlamentaria. Lo que se ha llamado la Semana Negra es un episodio de este proceso histórico y resulta importante remarcar esto porque la Transición además de ser un proceso se convirtió también en un relato ("la transición modélica"). En ese relato no es habitual que se recuerde que Franco había establecido España, ya en 1947, como un reino; designando posteriormente (el 22 de julio de 1969) a Juan Carlos como Príncipe de España y su sucesor ante las Cortes franquistas. Tras la muerte del dictador, Juan Carlos fue proclamado Rey dos días después, el 22 de noviembre.

La dictadura era una estructura social jerárquica y autoritaria basada en el nacionalcatolicismo, militarismo y conservadurismo social que se había impuesto recurriendo al terror y representaba los intereses de las clases conservadoras y élites tradicionales (grandes terratenientes, alta burguesía, Iglesia, Ejército) que buscaban mantener el orden social anterior a la República reprimiendo ferozmente los movimientos obreros y populares

Después de la muerte del dictador, en lo esencial, no hubo grandes cambios. El más mínimo conflicto, la reclamación de lo más básico, podía acabar con la intervención de las fuerzas policiales o de pistoleros de extrema derecha, con el resultado de decenas de muertes que han quedado, en la inmensa mayoría de los casos, en la total impunidad. Montejurra o Vitoria son ejemplos claros y en modo alguno excepcionales. 

Cuando se habla de los hechos relacionados con lo que se ha llamado Semana Negra de enero de 1977 lo primero que recuerdo es la acción de la policía frente a los que intentábamos participar en la manifestación que había sido convocada por la Comisión Gestora pro-Amnistía. Con diferencia, aquello, se encuentra entre lo más salvaje y violento que yo había visto. 

La manifestación estaba prohibida por el gobierno de Adolfo Suarez, pero Arturo Ruiz García, de 19 años, estudiante y trabajador de la construcción sabía muy bien por qué había que acudir. Era necesario impedir que se pudriesen en las cárceles franquistas aquellos cuyo único "delito" había sido luchar, de una u otra forma, por la libertad y la democracia. 

Un grupo, entre los que estaba Arturo, quien tras intentar manifestarse y no poder hacerlo por la violentísima acción de la policía se encontró con un comando de conocidos pistoleros fascistas que abrieron fuego contra ellos alcanzando mortalmente a Arturo. La zona estaba repleta de policías. Entre los pistoleros fascistas que se retiran del lugar con total impunidad se encontraban Jorge Cesarsky Goldstein, y José Ignacio Fernández Guaza, los dos vinculados a la organización fascista Fuerza Nueva y relacionados con servicios de información, policía y guardia civil. Cesarsky, era el que portaba el arma que fue utilizada para el asesinato, El autor material del disparo que acaba con la vida de Arturo fue Fernández Guaza. 

Al día siguiente se convocan movilizaciones de protesta. El paro en las universidades madrileñas fue prácticamente total y multitudinarias las manifestaciones de repulsa y en una de estas manifestaciones, María Luz Nájera Julián, que era alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, moría a manos de la policía, a causa del lanzamiento de un bote de humo contra su cabeza.

Aquella mañana, Emilio Villaescusa Quilis, teniente general y presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, fue secuestrado por militantes del GRAPO, Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, estaba secuestrado desde el 11 de diciembre de 1976. (También por el GRAPO).

Relacionado con este tema

Esos jueces que hacen política

Joaquín Urias

También ese mismo día, 24 de enero, a las diez y media de la noche, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado de Antonio, Enrique Valdelvira Ibáñez y Ángel Rodríguez Leal eran asesinados a tiros por pistoleros fascistas en su despacho de abogados de Atocha en Madrid. Además, resultaron gravísimamente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. Todos ellos eran miembros del PCE y CCOO. 

El entierro de las víctimas del despacho de Atocha fue el 26 de enero de 1977. El cortejo fúnebre partió del Palacio de Justicia y recorrió las calles de Madrid, culminando en una gran manifestación.

El PCE, todavía ilegal, organizó el servicio de orden. La consigna fue el silencio.  Con un silencio impresionante lleno de dignidad la multitud de cientos de miles acompañó los féretros de las víctimas del atentado.

En el caso de Arturo Ruiz hubo dos personas encausadas, pero nadie fue detenido por la policía. Fue Cesarsky quien se entregó, lo que le ayudo a rebajar la pena, siendo condenado a 5 años, aunque finalmente solo cumplió un año de prisión. El otro, Fernández Guaza eludió la acción de la justicia huyendo de España. En una entrevista concedida a dos periodistas del diario El País, en noviembre de 2023, Fernández Guaza reconoció haber disparado contra Arturo Ruiz y reveló que huyó con la ayuda de "los servicios de inteligencia y autoridades españolas" para refugiarse, primero en Paraguay y luego en Buenos Aires donde fue localizado y, a pesar del empeño de la familia de Arturo, sigue disfrutando de su libertad sin ningún problema. 

Por la muerte de María Jesús no se encausó a nadie, al ser miembros de la policía. Algo que ya se había repetido antes y que volvería a repetirse después.

En el caso del despacho de Atocha, en pocos días, la Policía detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada como autores de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera, como inductor. Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, antiguos miembros de la División Azul, fueron detenidos por proporcionar las armas, y Gloria Herguedas, como cómplice. Estaban relacionados con Fuerza Nueva, FE de las JONS y la Guardia de Franco. La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel (fue la primera vez que esto sucedía). Aun así, uno de los implicados Lerdo de Tejada, escapó durante un permiso penitenciario, concedido a pesar de las gravísimas acusaciones que sobre él pesaban, que el instructor Gómez Chaparro (también fue el instructor del caso de Arturo).

Relacionado con este tema

Sin cuentos ni gritos: el último siglo de historia de España explicado por dos jóvenes 'podcasters'

Público

Durante la instrucción y durante el juicio los abogados no pudieron evitar que, a pesar de sus esfuerzos, solo se investigara al primer escalón de la trama. Esto había sido la tónica cuando se investigaba acciones de extrema derecha y posteriormente lo continuó siendo. 

Otro de los encausados, García Juliá se fugó al serle concedida la libertad condicional con todavía pendientes más de 3.800 días de prisión. Fue detenido en Brasil en 2018 y extraditado a España el 7 de febrero de 2020. A pesar de los esfuerzos de los familiares y las víctimas, fue excarcelado en noviembre del 2020, aplicándosele los beneficios penitenciarios anteriores a su fuga, a pesar de que aún le quedaban 3.584 días de condena. Ninguno de los condenados abonó una sola parte de los cincuenta millones de pesetas de indemnización a las víctimas y familiares. Los crímenes del fugado Lerdo de Tejada prescribieron.

El ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, llamó al Comisario Roberto Conesa, conocido torturador de la Brigada Político Militar, para resolver los secuestros de Antonio María de Oriol y Emilio Villaescusa. La policía liberó a Oriol y Villaescusa el 11 de febrero y detuvo a 32 miembros de los GRAPO. Estos detenidos junto a otros, resultado de posteriores operaciones, fueron encausados y condenados. Cumplieron las penas que les fueron impuestas. 

Hay quien ha pretendido presentar la Semana Negra como el detonante para modificar la hoja de ruta de la Reforma Política.  Es opinable, todo depende de lo que se entienda por modificaciones de la hoja de ruta.

En febrero de 1977, muere "Pancho" Egea, un albañil de 19 años en una manifestación en Cartagena, La Policía Armada disparó pelotas de goma. Tres impactaron en Pancho. El caso no fue investigado. A los pocos días, murió José Luis Aristizábal Lasa en San Sebastián, en un incidente parecido al que causó la muerte de Mari Luz. La investigación acabó en nada. Durante la semana pro-amnistía en Euskadi, en mayo, hubo al menos siete muertos, sin que se depurasen responsabilidades, y así se continúa hasta aproximadamente más un centenar de muertos por acción de la policía, pistoleros y/o guerra sucia, hasta principios de 1981. (Hay quien, seguro que con mejor conocimiento que el mío, aumenta notablemente este cálculo).

Se ha dicho que Franco murió en la cama pero que el franquismo murió en la calle. Vistas las últimas encuestas electorales no parece claro del todo que eso sea así. No voy a decir que el muerto goce de muy buena salud, pero algunos fantasmas sí que andan por ahí sueltos. De lo que no hay duda es que la transición trajo la impunidad sobre cuarenta años de crímenes. Mientras que decenas de miles de personas quedaron en las cunetas otros pasaron a ser demócratas de toda la vida. Muchos de los vinculados a la dictadura siguieron ejerciendo sus funciones como si nada hubiera pasado, no sufrieron el más mínimo reproche, según su relato, se habrían vuelto demócratas. 

En el ejército el ruido de sables no paró. Conocemos el golpe fracasado de 23 de febrero de 1981, pero hubo otros intentos, antes y después de ese día. Trascendió el de 27 de octubre de 1982, que se pudo abortar y concluyó con la condena judicial de dos coroneles y un teniente coronel. Durante largo tiempo los ruidos de sables no han desaparecido. Hoy se sabe que militares de alta graduación retirados comentaban que habría que matar a millones de españoles. Durante la transición, los miembros de la Brigada Político Social, la policía política del franquismo, fueron un elemento fundamental para asegurar la paz social impidiendo la movilización social cuando el gobierno lo entendía necesario. Estos torturadores no solo fueron premiados por sus superiores durante la transición, Además había que blanquearlos, para muestra el artículo de la periodista Pilar Urbano en el periódico ABC al principio de 1977 al que llegó a llamar el "Superagente Conesa". Los militares y los policías tenían armas y otros tenían el Código Penal. Los jueces y los fiscales franquistas pasaron sin más de aplicar las normas de la dictadura mientras estuvieron en vigor, incluida la transición, a aplicar las normas de la nueva democracia; de repente todos se habían vuelto demócratas. Seguro que esto tiene mucho que ver con el lawfare y politización de la justicia de plena actualidad hoy. 

Resulta ahora que la libertad según el Emérito nos la trajo él. Sería para reírse si no fuese porque el precio que se pagó por la democracia fue altísimo, El precio lo pagaron los miles y miles de hombres y mujeres que con la lucha de muchos años hicieron frente a las ejecuciones, a la cárcel, a la tortura y al exilio. Se quiera o no en el relato.

Por mucho que se compliquen las cosas, por muy difícil que se ponga la situación, muchos no estamos dispuestos a admitir que a los que lucharon por la libertad, a las víctimas de la dictadura y de la transición, se les niegue el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación y seguimos peleando por conseguirlo.