En mitad de la campiña cordobesa, a un lado de la carretera que conecta la capital provincial con Granada, se levanta uno de los pueblos más bellos de España: Castro del Río. Cuna de mi familia materna, su patrimonio histórico brilla con luz propia: el barrio de La Villa, del siglo XIII, constituye un armonioso conjunto arquitectónico hecho de callejuelas cimbreantes y casas enjalbegadas decoradas con flores; el castillo, protegido por la muralla almohade, esconde inscripciones de una radio clandestina puesta en marcha durante la Guerra Civil; los archivos demuestran que en este enclave estuvo encarcelado Miguel de Cervantes y, probablemente, empezase aquí a escribir el Quijote. Cercano al yacimiento romano de Torreparedones, fue escenario recorrido por Gerda Taro y Robert Capa, quien tomó la famosa foto "Muerte de un miliciano" a pocos kilómetros, en Espejo. Pero, al margen de su valor cultural incuestionable cuajado de leyendas aún por explorar, su mayor riqueza la compone la gente, que el pasado 27 de noviembre protestó en masa contra la instalación de dos plantas de biometano: amenaza grave para la salud y el bienestar de los residentes.  

Es doloroso contemplar tu pueblo alzar la voz contra el plan que busca transformarlo en escombrera, de la misma forma que angustia comprobar la falta de respeto de las administraciones públicas por el mundo rural en general, poco a poco convertido en zona de sacrificio. La Plataforma Ciudadana "Stop biometano Castro del Río", no adscrita a ningún partido político, leyó esa tarde un manifiesto que subraya las consecuencias catastróficas de estos proyectos impulsados al amparo de una "agenda verde" que, en ocasiones, ensucia más de lo que limpia. Este tipo de infraestructuras produce energía renovable a partir del procesamiento de residuos orgánicos: restos de la actividad ganadera (fundamentalmente excrementos) y agrícola. Sin embargo, el manifiesto alerta de los "olores insoportables" derivados; del "aumento del tráfico pesado", pues habría que transportar toneladas de residuos desde otras geografías, lo cual, a su vez, podría generar un "efecto llamada": la instalación de macrogranjas, como han señalado algunas asociaciones ecologistas. Los castreños también han denunciado posibles daños para la salud provocados por las partículas en suspensión, la liberación de sustancias tóxicas como el ácido sulfhídrico, y el enorme gasto de agua, con el riesgo de contaminar los acuíferos de una comunidad que sufre a menudo los efectos de la sequía.

Coincide el argumentario con las advertencias que publicaron hace unos días los científicos Fernando Valladares, Antonio Turiel, y el periodista Juan Bordera, quienes afirman que "el biogás no es neutro en emisiones de carbono". ¿Cómo podría serlo si fomenta la actividad ganadera intensiva, utiliza residuos orgánicos con una huella medioambiental insostenible, y además requiere de una logística de transporte impulsada por combustibles fósiles? Más bien, estamos asistiendo a la expansión de un modelo industrial peligroso para los habitantes de estos lugares, que está generando un comprensible rechazo a lo largo y ancho de la llamada España vaciada. Si el objetivo es evitar la despoblación, las plantas de biometano la desencadenan, pues nadie querría vivir cerca de una fuente de olores fétidos, ruido de camiones y toxicidad. La potencial expulsión de unos pueblos cuyo futuro parece consistir en convertirse en vertedero, surtidor energético y alimentario de las áreas urbanas, amplifica la brecha existencial entre el campo y la ciudad. Además, se plantea un problema de cariz estructural: si la materia prima de la transición ecológica va a ser el sufrimiento de las zonas rurales, es casi inevitable que crezca una oposición visceral no sólo a unas medidas concretas, sino a toda iniciativa relacionada con el ecologismo, con el consecuente aumento del negacionismo y el liderazgo de la ultraderecha.

¿No han sido nuestros pueblos ya lo suficientemente castigados durante las últimas décadas? Privados mayoritariamente de una prevención de incendios eficaz, de servicios básicos como una atención sanitaria digna, sangrados por la emigración (Castro del Río llegó a contar con más de 16.000 habitantes en los años 30 y 40 del siglo XX, y ahora la cifra no llega a la mitad), la desaprensión sigue su curso en forma de extractivismo, contaminación y reducción de la biodiversidad. Yo, que quisiera en algún momento mudarme a mi pueblo, que lo visito a menudo para disfrutar de la compañía de familiares y amigos, que atesoro los mejores recuerdos de infancia concentrados en sus callejas, atestiguo también otro fenómeno: el robo de nuestros paisajes afectivos. Si, como decía Simone Weil, “echar raíces quizá sea la necesidad más importante… del alma humana”, cada día sentimos que no nos permiten regarlas y que germine el fruto o que, cuando hemos conseguido que crezcan a base de mimo y memoria, y anhelamos su porvenir amable durante generaciones, nos las arrancan de cuajo. Déjennos la vida nutricia de nuestros orígenes, el alma oliendo a tierra limpia, a hoja verdaderamente verde.