Se mire desde donde se mire, el escándalo de Pegasus está alcanzando una magnitud que reclama responsabilidades. El espionaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles es un ataque a la seguridad nacional, al mismo Estado español -aunque quizás Macarena Olona (Vox) considera también que demasiado poco han sido espiados-. Ni se han expuesto pruebas ni se expondrán, pero sí hay indicios que apuntan a que, si efectivamente el ataque ha sido externo, como aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, podría haber sido Marruecos, el nuevo buen amigo de Sánchez al que se le concede que viole el Derecho Internacional.

Antes de ahondar en la cuestión, es preciso puntualizar que el espionaje a los independentistas catalanes y el desvelado ayer son dos cuestiones diferentes con un único denominador común: Pegasus. En este sentido, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tiene motivos sobrados para hablar de cortina de humo; es decir, las explicaciones y depuración de responsabilidades desde el Gobierno de España siguen urgiendo por haber espiado a cerca de 70 ciudadanos y ciudadanas catalanas.

Apuntado este hecho, ¿quién ha espiado a Sánchez y Robles? La hipótesis más creíble es Marruecos. La explicación es sencilla: por fechas, coincide con el descubrimiento por parte de la investigación de Forbidden Stories y Amnistía Internacional del espionaje a más de una docena de jefes de Estado utilizando este software de la empresa israelí NSO. No sólo eso, sino que ya entonces conocimos que el presidente francés, Emmanuel Macron, había sido espiado por Marruecos.

Si a ello le sumamos que el Gobierno ya tenía constancia entonces de que el teléfono móvil de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también había sido espiado y de que todos los hechos sucedieron en pleno acoso de Mohamed VI, furioso porque España no dejó morir al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y el asalto masivo de la frontera ceutí... blanco y en botella.

Fue entonces cuando Mohamed VI recrudeció su chantaje a Sánchez, exigiendo ya entonces el giro en política exterior que legitimara su invasión ilegal al Sáhara Occidental, como de hecho ha terminado haciendo nuestro Gobierno. Redondeando el cúmulo de indicios, quienes llevamos más de un año escribiendo sobre el tema, denunciamos cómo Marruecos utilizaba Pegasus para espiar a activistas saharauis, como ha sucedido sin ir más lejos con Aminatou Haidar.

De confirmarse el espionaje por parte de Marruecos, pondría a Sánchez en un lugar muy comprometido, porque tiraría absolutamente por tierra su alianza con Mohamed VI, ya de por sí legalmente cuestionable por no contar con el respaldo siquiera de su Consejo de Ministros -tampoco del Congreso- y violar el Derecho Internacional. Sin embargo, nuestro Gobierno jamás confirmará este espionaje, incluso, si efectivamente se ha producido. No lo ha hecho Francia, que ha metido en un cajón los resultados de una segunda exhaustiva auditoría, a salvo de la ciudadanía francesa a la que ha negado su derecho a la información. España hará lo mismo, consintiéndole una nueva violación de la legalidad a Marruecos a cambio de otros intereses.

Por otro lado, el momento y el modo en que hemos conocido la noticia del espionaje es inaudito. Quizás en La Moncloa se pensó que asumir el papel de espiado descargaría peso al de espía, pero no es así. La ciudadanía no olvida lo acontecido en Catalunya y demanda transparencia. De ser así, la jugada habría sido muy torpe, porque admitiendo un espionaje como éste, el CNI no queda precisamente en buen lugar, pues haber averiguado después de un año que los terminales del presidente y la ministra estaban comprometidos, pese al aviso de Macron y el resto de jefes de Estado de mediados de 2021, dice muy poco de nuestra Inteligencia.

Se ha metido el Gobierno en un buen berenjenal del que no parece que saldrá airoso. Rueden o no cabezas, como demandan desde Unidas Podemos, las revelaciones de Bolaños escalan el espionaje a una cuestión de seguridad nacional real, a un supuesto ataque internacional contra el que debería haber una respuesta tan pública como la denuncia del espionaje realizada el pasado domingo.