Es bastante sintomática la respuesta política que acaba de dar Juan Luis Cebrián, intelectual orgánico del Régimen del 78, a la pregunta formulada por la revista Vanity Fair, en su número de diciembre: ¿Qué opina del papel del Rey Felipe VI en la crisis catalana?. Tras recordar que la monarquía en el siglo XXI sólo tiene sentido si es útil, precisa, "su padre se ganó el puesto en la noche del 23-F, y en este país todavía hay que ganarse el puesto", como si el periodista pensara que el hijo había desperdiciado la noche del 4 de octubre, encabezando la aplicación del 155 a Cataluña, el capital político ganado entonces por Juan Carlos. Pero como tenemos claro que Cebrián, recién defenestrado del principal lobby mediático del bipartidismo dinástico, no piensa así, cabe interrogarse acerca de las concretas razones que parecen hacerle dudar sobre la utilidad de la figura del Rey.

Es un hecho que en las urnas catalanas del 21-D subyace la cuestión monárquica permanentemente aplazada desde la lejana muerte del general Franco. No se plantea en estas elecciones un referéndum sobre monarquía o república, como el que en 1947 celebraron los italianos ajustando así cuentas con los Saboya que habían apoyado la dictadura fascista de Mussolini, pero, objetivamente la batalla electoral enfrenta a tres partidos monárquicos contra cuatro republicanos. Desde las elecciones municipales de 1931 no ocurría nada semejante. Es evidente, que si el actual Jefe del Estado no se hubiera ajustado el gorro brumario de Napoleón Bonaparte capitaneando la ofensiva represiva contra el desafío político de la Generalitat y tomando partido por el gobierno de Rajoy, esto no sucedería. Desde el mismo momento en que optó por abandonar su necesaria función arbitral y decidió ser juez y parte, entró, volens nolens, en la contienda electoral.

Si la reforma del artículo 135 de la Constitución, que subordina el gasto social al pago de la deuda con la banca alemana, pudieron realizarla Rajoy y Zapatero de espaldas a los ciudadanos, que en ningún momento tuvieron la oportunidad de pronunciarse; en cambio, ahora, Rajoy, Sánchez y Rivera con la aplicación del artículo 155 a Cataluña no pueden reeditar esta misma operación, puesto que los catalanes van a aprobarlo o rechazarlo con su voto. Solucionar las graves crisis sociales y territoriales con la represión, desde el "cueste lo que le cueste" a los de abajo, es la peor traducción de un despotismo bipartidista no muy ilustrado, por no decir que nada dado el perfil intelectual de la Moncloa y Ferraz. Grave es que la Constitución se defina hoy por esos malditos 155 y 135, corsés de hierro para la soberanía popular, pero mucho peor es que la Monarquía se sustente en esos dos artículos, cuestionados por millones de progresistas y nacionalistas.

Lamentablemente, el caos interno que preside al trío dinástico, Rajoy, Sánchez y Rivera, empuja al Rey en la misma dirección. La creciente podredumbre del PP, la insoportable levedad del ser del PSOE que siempre gira como una veleta según el viento de la diestra, y el aventurerismo de CS, con el nacionalpopulismo como bandera, tiende a reforzar al Jefe del Estado en el papel de líder de la derecha que en muy mala hora, las 9 de la noche del 4 de octubre, decidió asumir. Tanto es así que el aparato de Estado, sobre todo el afincado en Justicia e Interior, da señales inequívocas de pasar de la partitocracia interpretando según su visión corporativista el interés de Estado. El estado de la cuestión es cada vez más, empleando la terminología de Vázquez Montalbán, una cuestión de Estado. El nombramiento del Fiscal General Sánchez Melgar, desautorizado anteriormemte por los tribunales de la Unión Europea, refleja este rompecabezas estatal.

Un político moderado e inteligente como Ortúzar, presidente del PNB, lo acaba de resumir en las dos condiciones que establece para poder plantearse votar a favor de los Presupuestos Generales de Montoro: la liberación de los presos políticos catalanes y el fin de la aplicación del 155 a la sociedad catalana. De no producirse estos dos necesarios gestos políticos, el Rey se verá cada vez más empujado a ser el monarca de la derecha, tal como lo lleva siendo desde el pasado discurso del 4 de octubre. Si se estanca la crisis catalana, si se mantiene el estado de excepción y se polariza la grave crisis social, como consecuencia de los nuevos anunciados recortes sociales en sanidad, educación y pensiones, la suma de la crisis del bipartidismo añadida a la crisis del Gobierno de Rajoy y de la muy leal oposición de Sánchez al Gobierno de su Majestad, se agudizaría la crisis de la Monarquía.

Sería un proceso tan imparable como irresistible si la involución, protagonizada por la derecha, no es frenada por las fuerzas de progreso. Si se involuciona hacia la etapa preconstitucional, desde la muerte del dictador a la II Restauración de los Borbones, nada más coherente que el retorno a la Monarquía preconstitucional en la que el interés de Estado se confundiría con los de los partidos dinásticos y los del turno rotatorio de gobiernos. Si, finalmente, fuese así, este conjunto de crisis que hoy comienza a estallar en España desembocaría en esa interrogante sobre la utilidad del Rey que empieza a plantearse hasta alguien tan poco sospechoso de antimonárquico como lo es Juan Luis Cebrián. Estallaría entonces la cuestión monárquica en un país como España en que, tanto la derecha como la izquierda, ha sido históricamente accidentalista sobre la forma del Estado.