Una vez que el Gobierno decidió la militarización del tráfico aéreo y la declaración del estado de alarma como única salida al caos del puente de diciembre, parece descontado que tendrá que prorrogar tan excepcional medida. Sería el colmo del disparate que, después de recurrir a una solución jamás utilizada en la etapa democrática, el Ejecutivo se arriesgara a un nuevo plante de los controladores que destrozara las vacaciones navideñas a millones de ciudadanos. Ese ejercicio de responsabilidad no debería ocultar otras obligaciones del Gobierno. Dejarse llevar por la antipatía que suscita un colectivo que siempre ha defendido sus privilegios con paros irregulares o por la melancolía de que fueron otros gobiernos los que aprobaron convenios surrealistas sería un error político. Tras el cierre de los aeropuertos, la gente reclama el despido de 2.000 controladores como reclama la pena de muerte después de un atentado. La obligación de las autoridades no es sólo garantizar que los aviones vuelen, sino dar con urgencia los pasos necesarios para resolver un problema enquistado durante años. Entre esos pasos destaca la formación de profesionales y su acceso a las plazas de un servicio público esencial que no puede depender de una élite endogámica, pero también una normativa más exigente con las responsabilidades de aeropuertos y compañías aéreas con los usuarios. Privatizar y militarizar son verbos cuya conjugación frecuente provoca alarma.