La libertad de expresión debe estar sujeta a los mismos principios y estar constreñida en el interior de las mismas fronteras que el resto de las libertades públicas. Por decirlo de otra manera: la apología de delitos como la pederastia, la violencia de género o el terrorismo debe gozar de la misma oportunidad que han disfrutado las víctimas de los pederastas, de los maltratadores y de los terroristas. La misma. Es decir, ninguna.

Los que hemos vivido nuestros mejores años bajo la dictadura criminal de Franco contemplamos con dolor cómo el PP se niega a condenar el franquismo, y cómo uno de sus más significados representantes, Mayor Oreja, lo disculpa con palabras complacientes. La justificación del golpismo contra una democracia, y la violencia, la represión y el asesinato político subsiguientes deberían haber sentado en el banquillo hace ya tiempo al político nostálgico del fascismo.

Y es que las palabras no son inocentes, son el relámpago antes del trueno. Por eso hacen tanto daño las sentencias judiciales que justifican el maltrato machista, las soflamas de las fatuas de los radicales islámicos, y los cineastas y modistos famosos que simpatizan con el régimen de Hitler.

En el caso del rapero Pablo Hasél, detenido por apología del terrorismo, sus defensores esgrimen el sagrado principio de la libertad de expresión en una tierra donde las bombas indiscriminadas y los tiros en la nuca coartaron la libertad de vivir a miles de víctimas. Olvidan que la apología de la violencia en todas sus manifestaciones es el camino que desemboca en un nuevo crimen. A ritmo de rap o cara al sol con la camisa nueva.