Lo confieso. Tengo un primo segundo que vive en San Sebastián, comparte potes con colegas abertzales e incluso ha escrito artículos para cabeceras independentistas. También conozco a un actor famoso que se hizo amigo de un proetarra cuando le dio por prepararse a fondo para el papel de terrorista que bordó en Días contados bajo la dirección de Imanol Uribe. Llegué a compartir casa de alquiler en Madrid con un fotógrafo donostiarra que se indignaba cada vez que los “picoletos” aporreaban a algún vecino protestón del barrio de Amara. Con tales antecedentes, ¿podría uno presentarse como candidato a las elecciones europeas? Va a ser que no.

La sala del 61 del Tribunal Supremo decidió en la madrugada de ayer la anulación de las listas de Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), solicitada por la Fiscalía y el abogado general del Estado. La acusación pública considera que esta coalición “es una operación articulada y pilotada desde Batasuna” con la intención de burlar la Ley de Partidos y “continuar teniendo presencia en las instituciones democráticas”. ¿En qué pruebas se basa? Fundamentalmente en que la candidatura está encabezada por Alfonso Sastre, dramaturgo de 83 años viudo de la escritora Eva Forest, ambos encarcelados en 1974 por colaboración con ETA. Sastre ha anunciado que su presencia en una candidatura que se autodefine como “anticapitalista” y que reúne a distintas fuerzas de izquierda independentistas o de ámbito estatal, desde Comuner@s de Castilla hasta nacionalistas gallegos, es puramente simbólica. La propia Fiscalía argumenta que el “estado de salud” y las “dificultades de movilidad” de Sastre le impedirán “trabajar prácticamente en el seno” del Parlamento Europeo si sale elegido (¡ja!, como si no trabajar fuera un problema en Estrasburgo). El abogado del Estado añade que la presencia del escritor es una “treta” de la izquierda abertzale para usarlo de banderín de enganche y luego utilizar a otro para lanzar en Estrasburgo mensajes proetarras.

Esa elucubración se completa con los datos de avales recibidos por la candidatura, entre los que figuran concejales de ANV y elementos sospechosos por su cercanía a la banda terrorista, tras la retirada de otros avalistas del PSOE o el PP.

Higiene democrática

Para que no haya equívocos: el arriba firmante no votaría a esta formación aunque sólo fuera por lo largo de su nombre y la complejidad de su espíritu, aun compartiendo, por ejemplo, la convicción de que los culpables de esta maldita crisis económica se van a ir de rositas con permiso de la izquierda. No se puede negar que el acoso judicial al entorno político de ETA ha sido fundamental para desarbolar a la banda. Ahora bien, una cosa es desarrollar la doctrina Garzón, que sostiene que para acabar con ETA hay que terminar también con toda la red político-económica y mediática que apoya sus acciones, y otra impedir sin pruebas suficientes el derecho de cualquier ideología a presentarse a las urnas. Será interesante conocer si va por ahí la argumentación de los cinco magistrados que se han opuesto a la decisión de otros once colegas del Supremo.

La doctrina Garzón desembocó en la Ley de Partidos, acordada entre Aznar y Zapatero dentro de sus pactos contra el terrorismo. Desde entonces se va ilegalizando una tras otra cualquier opción mínimamente relacionada con el independentismo vasco con la excusa de que no condenan expresamente la violencia. Un Estado democrático tiene derecho a decidir por mayoría las condiciones imprescindibles para que un partido pueda actuar en la vida política. Pero la Ley de Partidos no exige explícitamente una condena de la violencia, como tampoco reclama un compromiso contra la xenofobia. Resulta obvio que una formación política legal asume las normas del Código Penal. Si se las salta, podrá ser ilegalizada. Quien no debe saltarse las reglas es el propio Estado.

La debilidad de ETA conseguida por la suma de la labor policial, el proceso de paz descalabrado por la propia banda, la valentía de Aralar y el sentido común de la inmensa mayoría de los vascos puede llevar al equívoco de repetir errores del pasado. Contra ETA no vale todo. Lo que no es democrático y escrupuloso con la legalidad puede aparentar eficacia, pero sólo da vida a la placenta de ETA. Y de paso atropella las libertades.