A grandes problemas, grandes remedios. Pero hay ocasiones en que ninguna solución es buena y sólo puedes escoger entre lo malo y lo peor. Los activos tóxicos en la banca española se elevan a 176.000 millones de euros, de los que 118.000 millones no están provisionados. Y no van a desaparecer con un abracadabra. ¿O tal vez sí?

Muchos directivos bancarios, consultores y catedráticos creen que la creación de un banco malo sería un auténtico abracadabra y permitiría sanear el sector para recuperar la financiación y el crédito a familias y empresas. Si es una solución buena o no dependerá de cómo se resuelvan dos cuestiones clave: a qué precio se valoran los activos tóxicos que compra el banco malo y de dónde se saca el dinero.

Un banco malo podría llegar a costar entre el 4% y el 12% del PIB, es decir, entre 40.000 y 120.000 millones. Depende de si sólo se le endosan el suelo o si se lleva todos los activos tóxicos del sector. En cualquier caso, es mucho dinero y el Estado no lo tiene –evidentemente las entidades financieras tampoco–, ni le interesa emitir deuda o tener que apuntarlo como déficit. Además, en estos momentos en que se acelera la destrucción de empleo y con los recortes del Estado del bienestar que se avecinan, sólo faltaría que el contribuyente tuviera que poner miles de millones de euros para salvar a las entidades financieras que no han sabido gestionar con prudencia. Podría acudirse al FMI o a la UE para obtener ese dinero con el que recapitalizar a la banca, pero tiene contrapartida: la política económica queda totalmente subordinada al prestamista.

No obstante, los activos tóxicos son un auténtico problema y hay que buscar una solución aceptable que minimice el efecto en el contribuyente. Lo primero será otra ronda de consolidación y reestructuración, con nuevas fusiones. Para el paso siguiente hay planteadas varias opciones. La más alejada del banco malo y que está ganando apoyos es directamente elevar las provisiones como reconocimiento de que el valor de mercado de los activos es mucho menor que el apuntado en el balance: en lugar de tener provisionado el 33%, el Banco de España podría exigir que provisionaran el doble en un plazo de tres años. Esta medida obligaría a que las entidades destinaran sus beneficios a cubrir esas provisiones en lugar de a repartir dividendos, o tendrían que vender activos para lograr ese dinero. Digamos que es la forma más ortodoxa de sanear el balance porque el coste lo sufren los accionistas y no se distorsiona la competencia entre entidades. Con más provisiones actualizan valores y pueden vender a un precio más bajo, mejora la credibilidad del balance y facilita la obtención de financiación. Hay que tener en cuenta que a los bancos y cajas españoles les vencen 120.000 millones de euros en deuda el año que viene y la incertidumbre ante lo que encierran las cuentas es mala consejera.

Claro que elevar las provisiones significa retraer capital de las entidades cuando lo que se quiere es que restablezcan el flujo de crédito. Sería necesario que lograran financiación –por ejemplo, a través del BCE a largo plazo si empieza a prestar a tres años– . Algunas, además, necesitarían una inyección de capital público, en cuyo caso el Estado debería intervenir en la dirección de la entidad y restringir el reparto de beneficios hasta recuperar lo aportado.

Frente a esta propuesta, que evidentemente no quieren las que cuentan con muchos activos tóxicos y pocos beneficios, está la de crear sociedades de inversión inmobiliaria o un banco malo pero no del Estado sino de las entidades financieras y que sólo recibiría un aval del Estado. O un esquema de protección de activos con reparto de posibles pérdidas entre la entidad y el Estado.

Al final, siempre hay dinero público, pero no en la misma cuantía. De la decisión del futuro Gobierno dependerá que del rescate de la banca no pasemos al rescate del país.