JOSÉ MANUEL NAREDO

Nuestro país está muy castigado por el cemento. España ha venido siendo durante más de un lustro el primer país en consumo de cemento de Europa y el quinto del mundo, llegando a doblar el de países con mayores poblaciones y/o territorios, como Francia y Alemania. Durante los últimos años del auge han estado cayendo sobre la geografía hispana una media aproximada de diez toneladas anuales de hormigones y mezclas por hectárea. Y, para colmo, cuando los excesos del cemento han alimentado hasta el límite el endeudamiento y la crisis actual, el Gobierno sugiere echar todavía más para combatirla. Pues para suplir la caída del cemento asociado al ladrillo, el Gobierno pretende “acelerar” las obras públicas contenidas en un Plan de infraestructuras y transportes que se revela cada vez más sobredimensionado e impropio de la presente fase de declive.

Semejante proceder, unido al gran peso de la construcción en la economía española, sería incomprensible si no estuviera asociado al enorme poder de los intereses vinculados a este sector, que vienen operando desde el franquismo, pues el negocio de las obras públicas ha estado, y sigue estando, vinculado al manejo oligárquico de concesiones, recalificaciones y contratas. A diferencia de la agricultura y de la industria, el sector de la construcción ganó peso y se vio reforzado por la expansión de la actividad inmobiliaria desde la adhesión de España a la UE. Tras un proceso de fusiones, el núcleo central de este sector está hoy constituido por un puñado de grandes empresas, casi todas ellas enraizadas con la oligarquía franquista, que completan el negocio de la obra pública con el de contratas a largo plazo de servicios de mantenimiento, limpieza, recogida de basuras, etc. La continuidad en el cambio, propia de la llamada Transición política, hace que se siga operando sin tapujos una descarada connivencia entre estas empresas y los políticos de los dos principales partidos. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que el director de la Oficina Económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero pasara a convertirse en presidente de la patronal de grandes empresas de construcción, la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN).

La indefensión de los ciudadanos ante semejante neocaciquismo es manifiesta. Sin contar para nada con los ciudadanos, nos hemos tenido que tragar, y tendremos que pagar, un aquelarre de obras y megaproyectos de dudoso interés social. Madrid ha ejemplificado bien tal estado de cosas. Además de ser la única ciudad del mundo que llegó a contar con doce tuneladoras de gran sección funcionado a la vez, ahora el flamante ministro de Fomento ha acordado con la presidenta regional acometer dos megaproyectos de gran impacto ecológico y escaso interés social: cerrar la M-50 y hacer un nuevo aeropuerto privado, cuando apenas se acaba de ampliar el actual. Por lo que se ve, las semillas razonables de pensamiento siguen cayendo en suelo de cemento, aunque la crisis pida a gritos evitar el despilfarro y priorizar y consensuar mejor el gasto público.

José Manuel Naredo es Economista y estadístico