Julia Herce y Lucía Santos

Miembros del Foro ServSocial Madrid

Lo que no se nombra no existe y lo que no existe porque no se nombra se vuelve frágil o vulnerable, lo que aumenta sus posibilidades de desaparecer. Eso es lo que parece estar ocurriendo con el más joven y menos desarrollado de los sistemas del Estado del Bienestar. En este artículo pretendemos señalar aquellos factores que más han favorecido este desconocimiento y falta de visibilidad del sistema público de Servicios Sociales.

Para conocer lo que está ocurriendo en este campo de los servicios públicos podemos empezar por referirnos a sus orígenes: lo que llamamos Servicios Sociales no se reflejó en la Constitución Española de 1978 como un derecho, aunque se reconoció la asistencia social como una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. De manera que los Estatutos de Autonomía recogieron dicha competencia de la acción social y fueron los primeros ayuntamientos democráticos de los años 80, de acuerdo con el principio de autonomía municipal recogido en la Constitución, los encargados de construir la estructura orientada a detectar y dar respuesta a las necesidades sociales.

En 1988, la Administración General del Estado impulsó la colaboración (económica y técnica) con las Comunidades Autónomas, para financiar conjuntamente una red de atención de servicios sociales municipales que pudiera garantizar unas prestaciones básicas a las personas en situación de necesidad en todo el territorio nacional.

Todas las Comunidades Autónomas aprobaron leyes de Servicios Sociales en la década de los 80-90. Desde entonces, hasta 2010, la mayoría aprobó las leyes de segunda generación, y algunas de ellas han aprobado leyes de Servicios Sociales por tercera vez. Las primeras leyes se caracterizaron por atribuir la responsabilidad al sector público para producir y gestionar los servicios.

A partir de la década de los 90, se optó por ampliar la oferta de servicios, pero externalizándolos (palabra aparentemente neutra, pero que oculta su verdadera intención privatizadora), y se fue imponiendo un modelo de gestión que ha favorecido progresivamente la entrada del sector privado, tanto el de las organizaciones no lucrativas como las del sector empresarial.

Estas fueron las líneas básicas de la implantación y organización de los Servicios Sociales en todas las Comunidades Autónomas, aunque cada una de ellas interpretó y desarrolló esta competencia de la acción social en función de la sensibilidad política de los gobiernos y la correspondiente prioridad en sus presupuestos para financiarla. Sin embargo, al día de hoy y a pesar de que los servicios sociales atienden a más de 8 millones de personas al año en todo el territorio nacional, este sistema resulta invisible y confuso para la ciudadanía y está gravemente amenazado de desmantelamiento. Si buscamos los posibles factores que han llevado a esa situación de vulnerabilidad de este ámbito del sector público, podemos encontrar los siguientes:

1. El sistema público de Servicios Sociales tiene un problema de identidad. Las diversas denominaciones utilizadas para nombrarlo, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico o el local (Asuntos Sociales, Bienestar Social, Servicios Sociales, etc.), así como su integración en ministerios, consejerías o concejalías, que abarcan más áreas de la Administración (Trabajo y Asuntos Sociales; Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, etc.), han desdibujado su visión y su misión.

Tampoco ayuda el hecho de no tener una definición del objeto compartida y de que ese objeto sea demasiado abstracto o demasiado abarcador del bienestar ciudadano (“atender las necesidades sociales”, “prevenir situaciones de riesgo”, “favorecer la autonomía y la integración social de las personas”, etc.).

Por otra parte, se suele depositar en Servicios Sociales la responsabilidad global del bienestar social, por lo que se deben atender las carencias que producen las deficiencias de otros sistemas de protección (vivienda, salud, empleo…), lo que genera en los/las profesionales de la atención social mucha frustración e impotencia. El resultado es que, hoy, los Servicios Sociales se asocian, sobre todo, a la gestión de algunas prestaciones (la ayuda a domicilio para personas mayores y dependientes o las rentas mínimas) o a los colectivos más desfavorecidos y excluidos.

2. Se han cometido varios errores políticos. Con la aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, por el Gobierno socialista, se contribuyó a aumentar la dificultad para identificar el Sistema público de Servicios Sociales y con ello, también aumentó su debilitamiento.

En vez de articular ambos sistemas para convertirlos en el verdadero cuarto pilar del Estado del Bienestar, actualmente ninguno de los dos ha generado verdaderos derechos subjetivos, pero sí han generado mucha desigualdad entre territorios. Hoy tenemos dos sistemas paralelos y debilitados que se encuentran en proceso de desmantelamiento o con una gran amenaza de desaparición (especialmente en los municipios pequeños), tras la aprobación en 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Las medidas de ajuste iniciadas por el PSOE en 2011 para reducir el déficit público, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para reformar la Constitución (con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios y sin consenso con el resto de partidos ni con la ciudadanía), desembocaron en la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este techo de déficit puede asfixiar a las administraciones autonómica y local para garantizar servicios básicos a la ciudadanía, pero también puede servir de coartada para no prestarlos.

3. El peso de la ideología neoliberal. La influencia y la capacidad de decisión de las élites económicas sobre los políticos están desenmascarando la verdadera intención de las políticas dirigidas a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, de pobreza, de discriminación o de exclusión. La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más allá de pretender racionalizar la estructura organizativa municipal, rompe el principio de autonomía local y de proximidad a la ciudadanía, lo que imposibilita el acercamiento de las personas a sus ayuntamientos y la participación política de los vecinos y vecinas en los asuntos que les afectan, para dejar como competencias municipales las puramente administrativas.

Esto supone una grave amenaza para el Sistema Público de Servicios Sociales, al señalar como competencias “propias” la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, lo que compromete, especialmente en los municipios pequeños, la prestación de estos servicios y la posibilidad de producir una mayor cohesión social.

Tal y como señaló Juan Torres en las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales celebradas en Barakaldo, el pasado mes de junio, desde el punto de vista económico, la aprobación de esta ley para atender el principio de estabilidad presupuestaria es “claramente inadecuado para resolver los problemas de falta de demanda y de actividad que originan la crisis”, ya que lejos de ayudar a resolverla es muy probable que la refuercen.

Torres plantea también que el porcentaje de gasto sobre el PIB de la administración local, así como su nivel de actividad, es bastante más bajo que en otros países de nuestro entorno europeo y que el porcentaje de recursos que las administraciones locales europeas dedican a la protección social es bastante más elevado que el nuestro (un 28%, mientras que en España no llega al 8%). La ley no apuesta por la búsqueda de la eficiencia y la equidad, sino por dejar la vía libre a intereses de mercado y de competencia, algo incompatible con la responsabilidad pública de garantizar derechos a la ciudadanía y de favorecer la igualdad social.

En los años de “bonanza” económica, es decir, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en este país, los servicios sociales se desarrollaron orientando la legislación y la política social hacia la idea de derecho como expresión de los derechos humanos. Sin embargo, esos derechos están en claro retroceso y se aumentan los requisitos para acceder a las prestaciones.

Por otra parte, la atención social está altamente burocratizada y organizada para atender los casos de manera individual, lo que contribuye a hacer responsable a la ciudadanía de las causas y soluciones de sus problemas, dejando atrapados a los profesionales del sector en múltiples tareas administrativas. Todo esto hace que resulte mucho más difícil mostrar las causas estructurales y la dimensión de las necesidades sociales y, por tanto, reclamarlas políticamente, con lo cual, estos profesionales de la Atención Social Primaria (trabajadoras y trabajadores sociales) se van adaptando a perder el enfoque preventivo y comunitario de la intervención social en aras del paliativo-asistencial.

Todo está organizado en el sistema para que la desigualdad social, la pobreza y la exclusión queden minimizadas e invisibilizadas para el resto de los ciudadanos y ciudadanas, y con ello, el propio sistema, lo que favorece su destrucción y la posibilidad de que otras organizaciones se repartan el protagonismo o la responsabilidad de la atención social.

Afortunadamente, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, así como el Consejo General de Trabajo Social ofrecen datos muy esclarecedores de los recortes en el Sistema Público de Servicios Sociales y en el Sistema de Atención a la Dependencia.

Así sabemos que, a pesar de haberse incrementado notablemente las situaciones de extrema necesidad de las familias españolas, el gasto total previsto en servicios sociales desde la Administración Central para 2014 es inferior al liquidado en 2007 y el recorte presupuestario para el intervalo 2011-2014 ha sido del 34%. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en términos absolutos, han gastado 2.212 millones de euros menos en el año 2013 en relación con lo que gastaron en 2011.

Mientras los gobiernos autónomos han recortado como media un 10,5% sus gastos en servicios sociales en 2013 respecto a 2011, este recorte ha sido casi el doble (un 20,8%) en las entidades locales. La desigualdad de acceso a las prestaciones en los diversos territorios del país es notable y esta misma asociación señala que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no sólo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las administraciones, por lo que un mayor gasto no significa mayor oferta de prestaciones y servicios. Está demostrado que el protagonismo de las entidades locales y la cooperación entre administraciones ofrece una mayor cobertura y por tanto, una mayor eficiencia en los resultados.

El sistema público de Servicios Sociales es un sector de la economía y de creación de empleo (empleo muy feminizado y mal pagado, todo hay que decirlo). El desmantelamiento de este sistema de protección, por tanto, sólo puede aumentar las cifras de desempleo de profesionales y de personas que trabajan para este sector o empeorar sus condiciones laborales, lo que supone una (otra) grave irresponsabilidad política.

Los medios de comunicación tienen delante el gran reto de transmitir con rigor las cifras de la pobreza, así como de dar a conocer las instituciones que mejor conocen esta realidad social. El fenómeno mediático se hace cada día más grande y es fácil caer en la trampa sensacionalista. Sin embargo, apreciamos también el hecho de que algunos medios están tomando conciencia y amplían el foco en sus investigaciones y fuentes, contando cada vez más con la voz de los/las profesionales de los Servicios Sociales públicos.

Por supuesto, pedimos a los partidos políticos que aspiren a gobernar este país con otros valores alejados del afán de lucro, que reviertan esta situación y redimensionen el papel de la responsabilidad pública en la lucha contra la desigualdad social. Será preciso construir un nuevo modelo de atención a las necesidades sociales que tenga en cuenta las carencias e intereses de los ciudadanos. Es una cuestión urgente y una cuestión de justicia social.