Apesar del desprestigio de la política que reflejan las encuestas, los principales afectados no asumen la urgencia de dignificar el servicio público. Las propuestas de transparencia chocan con una realidad que contradice los compromisos éticos proclamados. La cúpula del PP incumple sus propios códigos e intenta ocultar sus agujeros negros lanzando graves acusaciones contra jueces, fiscales, policías y periodistas que trabajarían (¡todos a una!) al servicio del PSOE. Incluso asuntos de presunto espionaje entre miembros del propio partido terminan salpicando al prójimo aunque sólo sea por preguntar. Las consecuencias políticas de la corrupción tienen mucho más que ver con la firmeza de la reacción ante los escándalos que con el origen de los mismos. No se puede ser “más” o “menos” corrupto como no se puede estar “un poco embarazada”. Por eso sorprenden los matices del PSOE al excluir de las listas municipales a todas aquellas “personas imputadas por corrupción y enriquecimiento”.

Es cierto que la figura jurídica del imputado, creada para reforzar la defensa de la presunción de inocencia, se ha convertido socialmente en sospecha de culpabilidad. Pero en lugar de condicionar el apartamiento de la política a, por ejemplo, la existencia de una acusación firme de la Fiscalía, se establecen matices de difícil concreción como el “enriquecimiento personal” fruto de la corrupción. Para ganar credibilidad hacen falta pasos más contundentes.