La guerra de Vietnam duró más de 11 años y causó la muerte de entre 3,8 y 5,7 millones de personas (datos facilitados por el Gobierno de Hanoi en 1995), la mayoría civiles, en una de las guerras más sanguinarias después de la Segunda Guerra Mundial y con gravísimos abusos de derechos humanos. La oposición de la opinión pública a la actuación de EEUU creció imparable. Precisamente, para camuflar las muertes de civiles que causaba, Estados Unidos utilizó el término daños colaterales. Mariano Rajoy podría hacer lo mismo con motivo de la reforma laboral aprobada el viernes de la semana pasada por el Gobierno. Al día siguiente de su entrada en vigor ya empezaban a anunciarse sus primeros daños colaterales: despidos que irán en aumento, pues las empresas que quieren reestructurarse pretenderán hacerlo con las condiciones del decreto ley antes de que cambie algo en el Parlamento (si es que llega a modificarse).

Hay otros daños colaterales. La capacidad del empresario de modificar no sólo los salarios sino también el horario de trabajo afectará a la conciliación de la vida laboral y familiar. El decreto ley da amplias posibilidades para que la empresa justifique tales decisiones: cuando existan probadas razones económicas, relacionadas con la competitividad y la productividad, técnicas, organizativas o de producción.

Estos son unos ejemplos del espíritu que recorre de arriba abajo la norma: el foco sólo está puesto en la empresa, no en el trabajador. Todo se reforma desde la perspectiva del empresario, no el del asalariado. No sorprende que el presidente de la patronal diga que “el objetivo número uno de la reforma es mantener vivas las empresas”. Por supuesto que la sociedad necesita empresas sólidas, pero ello no debería entrar en conflicto con la seguridad laboral y el bienestar del trabajador.

Incluso las medidas que buscan incentivar la contratación tienen daños colaterales. Se favorece la contratación de los parados con prestación, cierto, pero se discrimina a los desempleados que la han agotado o que no generaron el derecho a percibirla. Se promueve la contratación de jóvenes mediante el contrato de formación con un límite de tres años, pero al mismo tiempo se permite encadenar los contratos de formación dentro de la misma empresa si son para actividades distintas, lo que, en la práctica, puede alargar la etapa de aprendizaje una década. Por último, el periodo de prueba de un año con despido gratis puede prestarse a abusos. La reforma también limita el acceso a la tutela judicial en los desacuerdos laborales. Restringe la intervención del juez, que antes decidía sobre la causalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad de la decisión empresarial. Ahora la ley deja poco margen.

La patronal pide que no se criminalice al empresario ni se piense que lo único que quiere es despedir y bajar salarios. Puede que tenga razón, pero una adecuada legislación no debe desentenderse de la protección de los trabajadores ni dejar que esta dependa de la buena voluntad del empresario. El síndrome de Vietnam marcó una época en Estados Unidos. Esta reforma laboral también trae un síndrome con ella. El de la inseguridad.