Juan Francisco Martín Seco

En todas las concertaciones sociales, que ya han sido muchas, me he hecho la misma pregunta: ¿qué aportan los empresarios? Las organizaciones sindicales suelen consentir recortes en los derechos de los trabajadores, de manera que estos se han venido reduciendo de forma continuada. Flexibilizar el mercado laboral, lo llaman. El Estado acaba poniendo sobre la mesa dinero, recursos públicos que son de todos los ciudadanos, pero la CEOE con lo único que colabora es con su firma y con salir en la foto.

En la actual negociación está ocurriendo algo similar. Los representantes de las empresas no dejan de hacer reivindicaciones maximalistas, pero no se ve muy bien qué están dispuestos a ceder. Dirán que van a crear empleo, pero esto, en todo caso, lo harán las empresas y únicamente si les conviene y, por supuesto, al margen y de forma independiente de si la patronal ha firmado o no.

Aumentar la cobertura del seguro de desempleo no es algo que concedan ni la CEOE ni los empresarios, sino el Gobierno, es decir, todos los españoles, a través de los presupuestos del Estado y no se entiende muy bien por qué hay que esperar al diálogo social para tomar esta decisión que, aparte de ser de estricta justicia social, es una de las medidas que puede resultar más eficaz contra la recesión.

Los empresarios aprovechan la crisis para plantear las exigencias más retrógradas. Proponen el contrato laboral del siglo XXI, aunque se parece más al del siglo XIX. Se habla de abaratar el despido, pero no es cierto; lo que se pretende abaratar es el despido improcedente. Nadie dice que sea caro el procedente, bien sea por motivos disciplinarios –cero indemnización–, bien sea por causas económicas, tecnológicas o de cualquier otro tipo. Los empresarios aspiran a igualar el improcedente con el procedente o, lo que es lo mismo, a dictaminar ellos, en lugar de un juez, sobre su procedencia. Existen, sí, muchos contratos temporales, tantos como a lo largo del tiempo han reclamado las empresas y los distintos gobiernos han venido concediendo. Por cierto, si muchos de ellos se introdujeron en la legislación laboral sin aquiescencia de los sindicatos –recuérdense las distintas huelgas generales–, no se ve por qué ahora no se puede hacer lo contrario aun cuando la CEOE no esté de acuerdo.

Más recochineo tiene la otra petición, la de bajar cinco puntos las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que hace pocos días reclamaban una reforma del sistema público de pensiones basándose en su inviabilidad. Así, bajando cotizaciones y los impuestos, no hay duda de que es inviable. Sustituir cotizaciones por IVA implica trasladar la carga impositiva de las empresas a los consumidores.

Pretender ganar competitividad reduciendo los costes, tanto si son salariales o sociales, nos introduce en un camino sin salida. En primer lugar, porque nadie asegura que la reducción de costes se traslade a los precios y no a incrementos del excedente empresarial. En segundo lugar, porque siempre habrá países con costes más bajos y, en todo caso, todos reaccionarán disminuyéndolos, de manera que se producirá una carrera al infinito.

Economista