El consejo de gobierno del Banco Central Europeo es el órgano más parecido en su complejidad interna al Tribunal Constitucional español. Su presidente, Jean-Claude Trichet, se caracteriza por una celeridad en la toma de decisiones monetarias sólo comparable a la de María Emilia Casas en la tramitación del recurso del PP sobre el Estatut. Ni el uno ni la otra son responsables únicos de los problemas de las instituciones que dirigen, porque su composición no facilita la agilidad y la eficacia. Sus miembros tienen un perfil técnico, pero su nombramiento es político, y cada cual profesa una ideología y recibe unas presiones determinadas. El Constitucional inicia hoy la que puede ser penúltima estación de un calvario que dura ya cuatro años, desde que el PP recurrió el texto aprobado por el Parlamento estatal, por el catalán y por los ciudadanos de Catalunya en referéndum.

Todo apunta a que hoy tampoco habrá sentencia, y quizás se termine votando artículo por artículo, sistema del que saldría un monstruo jurídico de imposible digestión política. También hoy, Trichet y el órgano del que forman parte los gobernadores de los 15 bancos centrales de la zona euro deberían responder a la urgente llamada de socorro del sistema financiero europeo, cuyos graves problemas de liquidez tienen su origen en la falta de confianza que provocan, entre otros, el propio BCE, el FMI o el Banco Mundial, dedicados más a los malos augurios que a la adopción de soluciones.