Hay una historia reciente, muy instructiva, a la que no sé si se le ha prestado la atención que merece. Resulta que el Gobierno gallego estableció un catálogo de medicamentos susceptibles de ser financiados por los poderes públicos. Este excluía ciertas marcas en favor de los correspondientes genéricos. La norma se demostró plenamente acertada: en poco más de dos semanas –según datos oficiales-, la Xunta pudo ahorrar 4 millones de euros en la factura farmacéutica. ¿Y qué hizo, ante esto, el Gobierno del Estado? Pues elevar un recurso al Tribunal Constitucional en contra de la medida. Ese recurso fue aceptado el viernes pasado y la ley gallega está suspendida.

Vamos a ver si nos aclaramos. Resulta que la Xunta establece un plan que se demuestra exitoso para ahorrar en los gastos farmacéuticos. Y al Gobierno central no se le ocurre otra cosa que aducir que esa actuación “rompe la igualdad entre los españoles”, puesto que algunos medicamentos que podían comprarse por ejemplo en Santander no estaban a la venta en Ourense.

A mí, sinceramente, todo esto me parece una soberana tomadura de pelo. No creo ser sospechosos de estar a favor de las políticas del PP, pero si uno de sus gobiernos actúa con precisión y eficacia, responderles con argumentos ranciamente decimonónicos está fuera de lugar. A la Xunta, en este caso, no habría que denunciarla, sino emularla. ¿O es que las iniciativas inteligentes contra la crisis sólo pueden venir desde Madrid?

Alguien está haciendo el tonto en todo este asunto y no son precisamente los gallegos.