Óscar Celador

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

Gracias a la inactividad de las administraciones públicas, por enésima vez el consejo escolar de un centro educativo público ha tenido que decidir sobre si una alumna puede asistir a la escuela portando un hiyab. El desarrollo de los hechos ha seguido el patrón habitual. Primero el centro escolar (en este caso el Tierno Galván de Madrid) expulsa a una alumna por asistir al centro con el pañuelo, y ante la inoperancia de la Comunidad de Madrid (que tiene atribuida la competencia educativa) su consejo escolar ha tenido que decidir entre, bien readmitir a la alumna (como ha ocurrido en este caso a cambio de que el pañuelo no le cubra las orejas), bien expulsar a la alumna y que la administración educativa escolarice a la menor en otro centro que la acepte.

El uso del pañuelo islámico es una manifestación de los derechos a la identidad cultural y a la libertad religiosa, por lo que a priori podría afirmarse que la menor tiene derecho a portarlo; pero entonces, y aquí es donde empiezan los problemas, habría que permitir que todos los alumnos pudieran vestirse de acuerdo con sus culturas, creencias o convicciones. En otras palabras, no es coherente defender el derecho de las musulmanas a asistir a la escuela pública con el hiyab y al mismo tiempo prohibir a los judíos que se cubran su coronilla con la kipá, o a los cristianos portar crucifijos. Asimismo, si se permite a los alumnos portar vestimentas específicas por motivos religiosos habría que ser igual de permisivos con los que tengan ideologías no religiosas, ya que desde la perspectiva constitucional estas gozan del mismo nivel de protección, y al final acabaríamos convirtiendo a la escuela en un auténtico circo.

Curiosamente, en un país en el que la clase política padece la enfermedad de querer solucionar cualquier problema aprobando leyes más para la galería que para la ciudadanía, el Gobierno central no se ha atrevido a modificar la Ley de Libertad Religiosa para aportar seguridad jurídica a este contexto, y el Gobierno autonómico madrileño ha demostrado, una vez más, su falta de sensibilidad ante este tipo de situaciones pasándole la pelota a los colegios, que hoy dicen una cosa pero que mañana pueden decir lo contrario.