Por si alguien albergaba todavía alguna duda, el Gobierno confirmó el viernes cuáles eran sus verdaderas intenciones cuando hace un año impuso por decreto la reforma laboral. Los incentivos a la contratación aprobados en el último Consejo de Ministros cierran el círculo que se abrió entonces y que supone una auténtica estafa para los trabajadores.

Vayamos por partes. La reforma laboral de febrero de 2012 puso las cosas muy fáciles a aquellos empresarios que quisieran aligerar sus plantillas sin incurrir en demasiados costes. Al suprimirse la acostumbrada obligación de llegar a acuerdos previos con los representantes sindicales, la ejecución de los despidos colectivos se volvió de repente más rápida y más barata.

Los empresarios de toda laya y condición, como era de suponer, no han desaprovechado la ocasión que les brindó el Gobierno. Según los últimos datos oficiales, al calor de la reforma laboral promovida por Mariano Rajoy, el número de ERE ha crecido nada menos que un 70% y los de extinción, en concreto, un 30%, que tampoco es moco de pavo.

Como consecuencia de ello, el pasado ejercicio se destruyeron en España más de 800.000 puestos de trabajo, lo mismo que en 2010 y 2011 juntos. Gracias a la reforma, en 2012 desaparecieron unos 60.000 empleos por cada décima que bajó el PIB, casi el doble que en 2009, que para el mercado laboral fue el peor año de la crisis económica.

Pues bien, si hasta ahora los empresarios han disfrutado de todo tipo de facilidades a la hora de deshacerse de trabajadores indeseados, en el futuro podrán recomponer sus plantillas a un precio realmente bajo. Basta con que se dediquen a contratar a jóvenes, que siempre cobran menos y por los que, además, van ahorrarse buena parte de las cotizaciones sociales.

Ese efecto de sustitución era lo que realmente buscaba el Gobierno, como puede deducirse de la simple concatenación de los hechos. Primero puso en manos de los empresarios una implacable máquina de podar y luego ha subvencionado las herramientas necesarias para que planten lo que quieran.

Que el consecuente abaratamiento de los costes laborales se convierta en un factor de competitividad es muy posible, según refleja la favorable marcha de las exportaciones. Pero, a cambio, el Gobierno ha condenado a las tinieblas del paro a decenas de miles de asalariados veteranos y se ha cargado irresponsablemente la demanda interna.

El resultado de esta política es que cada vez trabajan menos personas en España y los que trabajan cobran cada vez menos, y eso, en el mejor de los casos, es pan para hoy y hambre para mañana.