Sostenía Salvador Dalí: “Lo mínimo que se puede exigir a una estatua es que se esté quieta”. Esto es lo que Franco esperaba de Juan Carlos cuando presumía de dejarlo todo “atado y bien atado”. Pero Carrero voló y se complicó la vigilancia de la estatua. El caso es que se movió, bien por iniciativa propia, bien guiado por Torcuato Fernández Miranda, por la ambición de Adolfo Suárez, por la oposición de izquierda y de derecha, por Europa, por el sentido común, por el instinto de supervivencia, por el hecho de que su abuelo tuviera que salir por pies o por la obsesión de no tener que vivir de las limosnas aristocráticas como le tocó a su padre durante décadas. Se movió lentamente (como en la noche del 23-F), como se mueve un Borbón, pero lo suficiente para pasar a la historia como piloto de la transición pacífica de una dictadura a una democracia.

La Constitución de 1978 confirma también al titular de la corona en la Jefatura del Estado al modo de las buenas estatuas, con el encargo de callar, observar y ver llover sin mojarse. Profesionalidad ante todo. El Gobierno de turno tiene capacidad para decidir (con mucho respeto) los leves movimientos de la estatua. El ejercicio de esa Jefatura, y no su origen monárquico, es lo que garantiza la estabilidad juancarlista en su setenta cumpleaños. Desde la racionalidad, no tiene mayor sentido discutir en 2008 la obvia contradicción entre monarquía y democracia. Desde el pragmatismo, para muy pocos es prioritario afrontar esa obviedad en un país con mayores preocupaciones y urgencias. Sobre todo cuando la estatua, en el sentido daliniano, no estorba.