Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández, ha declarado tras conocer la negativa del Supremo a revisar la condena a muerte del poeta que la ley de Memoria Histórica es “un disparate”. Razón no le falta. La ley es un quiero y no puedo, un pastiche pensado para no molestar demasiado, que busca reparar a las víctimas del franquismo con una declaración genérica de ilegitimidad de quienes les juzgaban y con un diploma para los represaliados. Impide, como es el caso, que las condenas se revisen y niega la responsabilidad patrimonial del Estado. Todo ello en aras de una pretendida seguridad jurídica, moralmente insostenible.

La dictadura defendía mejor a los suyos. Un decreto de abril de 1938 concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. En diciembre de 1940 se extendió por ley estas pensiones a las viudas, huérfanos y padres de los militares que combatieron o se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados o murieron en la guerra. En julio de 1941 se creó la figura de los funcionarios civiles muertos en campaña para subsidiar a sus familiares.

Ese mismo año, en diciembre, otra ley hizo extensivos esos beneficios a los padres de sacerdotes “muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. Y otra norma de junio de 1947 fue más allá hasta hacer beneficiarios a los “caídos en la revolución de 1934”, a los que se consideró muertos en campaña. En agosto de 1939 se había aprobado ya el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, ex combatientes y ex cautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra, y se les reservó el 80% de las plazas en los niveles inferiores de la Administración.

Respecto a la localización de víctimas, una orden de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones “de cadáveres de asesinados por rojos” estableció el procedimiento: “Toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. En contraste, la democracia se ha tomado más de 30 años para elaborar una ley disparatada y para retirar la última estatua ecuestre de Franco, mientras los muertos siguen en las cunetas.