Una jueza colombiana acaba de condenar a 30 años de cárcel a un coronel del Ejército por un caso de de-

saparición de detenidos en custodia. El fallo llega con algún retraso, pues los hechos juzgados ocurrieron hace 25 años: durante la hecatombe de la toma guerrillera y contratoma militar del Palacio de Justicia de Bogotá, en cuyo cascarón incendiado murieron –entre más de un centenar de civiles, guerrilleros y soldados– los más altos magistrados de las Cortes colombianas. Once personas detenidas desaparecieron a continuación. “Aquí defendiendo la democracia, maestro”, fue la definición de los hechos que dio ante un cámara de la televisión, en medio del tiroteo, el coronel hoy condenado, quien dirigía las operaciones. La jueza pide también que se investigue a sus superiores, y que se reabra el caso, cerrado por el Congreso hace 25 años, contra el entonces presidente Belisario Betancur, responsable político supremo.

Y el presidente actual, Álvaro Uribe, se presenta de inmediato ante la televisión rodeado de generales uniformados y exige que se refuercen las garantías jurídicas para los militares en guerra. Que se fortalezca el llamado fuero militar para que los actos cometidos por los militares sean juzgados por la justicia penal militar, es decir, por los pares del reo, y no por los jueces civiles de la justicia ordinaria.

Pero es que aquí no se trata, como pretenden Uribe y los defensores del coronel condenado, de juzgar un acto de guerra –el rescate a tiros del Palacio de Justicia de manos de los insurgentes armados–, sino un delito común posterior al combate: la desaparición de once personas que fueron llevadas presas por los soldados, según registran las muchas cámaras que filmaron la escena. Quienes reclaman que esos hechos pasen a la jurisdicción de los militares con el argumento de que ellos entienden los problemas y tensiones de las situaciones de combate, en tanto que los jueces civiles no, abusan de los límites del fuero, y pretenden ignorar el peso del espíritu de cuerpo. Se trata de algo parecido al escándalo de los curas pederastas. ¿Creería alguien en la inocencia de un cardenal pederasta que hubiera sido absuelto por el Cónclave del Colegio Cardenalicio a la luz del Derecho Canónico?

Lo señaló hace más de un siglo el político francés Georges Clemenceau formulando una ecuación: “La justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música”.